[resumen.cl] Diez días son los que tiene el Ministerio Público para presentar un escrito de acusación donde se indiquen los delitos que se imputan y la cantidad de años de condena que solicitará la U. de Concepción contra once presos políticos del Estallido Social en una causa donde participa como patrocinador, en representación de la UdeC, el constituyente Andrés Cruz.
Detenidos en septiembre de 2020, y siendo imputados por daños generados al interior de la Universidad de Concepción en el contexto del Estallido Social entre los meses de febrero y marzo de 2020, la formalización contra los presos políticos continúa en el llamado "Caso UdeC" luego que en diciembre del año pasado fuera modificada su medida cautelar.
A través de un video publicado por la cuenta de la red de familiares de los 11 jóvenes procesados, el abogado defensor, Esteban Arévalo, indicó que este martes "se dio por cerrado el periodo de investigación de esta causa", razón por la que el Ministerio Público no puede incorporar más pruebas para los procedimientos siguientes.
En este sentido, el Ministerio Público cuenta con diez días para presentar un escrito de acusación donde, indicó Arévalo, se deben "señalar todos los hechos por los cuales se está acusando a los presos políticos del caso Universidad de Concepción, señalar los delitos que se le imputan y la cantidad de años que van a solicitar".
https://youtu.be/ircO62WGyps
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Tras dicha presentación del escrito, se podría proceder a citar una audiencia de preparación del juicio oral donde se discutan las pruebas presentadas y recopiladas durante la investigación, donde la defensa podrá evaluar cuáles se pueden excluir considerando su procedencia legal.
Los detalles de la investigación apuntan a una coordinación entre la Universidad de Concepción, funcionarios de Tribunales de Justicia y la Policía de Investigaciones para levantar antecedentes que permitieron procesar a los jóvenes.
Asimismo, la causa se encuentra patrocinada por el abogado, electo constituyente por el Distrito 20, Andrés Cruz quien indicó que "estas conductas no han quedado y no van a quedar impunes (...). Son sujetos que, más aún, no pertenecen a la casa de estudios y aparece como incomprensible el hecho de que pretendan destruirla con el objeto de poder levantar demandas que, la verdad, tampoco está muy claro sobre qué bases se funda".
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