Se produce un terremoto de gran magnitud (8,8 escala de Richter), que afecta  “las principales ciudades del país,...más de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras… Cerca de 500 personas fallecidas o desaparecidas y más de 800.000 personas damnificadas” (informe para la relatora especial de naciones unidas para el derecho a la vivienda adecuada, “el terremoto-tsunami del 27 de febrero 2010 y los procesos de reconstrucción en chile”). A esto sumamos los graves efectos del maremoto que prácticamente arrasan con el borde costero de localidades como Dichato, constitución, Coliumo, Cocholgue, y Llico entre otras, dejando prácticamente a pueblos enteros no sólo sin sus viviendas e infraestructuras públicas, sino que además perdiendo sus fuentes de empleos.

En muchos pueblos costeros su principal fuente de trabajo, la pesca y el turismo, se ven gravemente afectadas sin que hasta el día de hoy se plantee siquiera una solución al problema.

Resumiendo tenemos muchas familias damnificadas, allegadas y otras sin tierra que habitaban  terrenos fiscales. En consecuencia tenemos más de 370 mil viviendas dañadas o destruidas y pérdidas por más de 30 millones de dólares.

Desde otra óptica podemos señalar que la destrucción moral de las comunidades afectadas es tanto o más grave que la destrucción de infraestructura pública y privada (enfermedades mentales, estrés, depresión, ansiedad, etc.)

Toda esta situación se ve agravada porque:

La ONEMI “no fue capaz de evaluar riesgos, de capacitar, de informar ni diseñar planes preventivos en la escala necesaria… no pudo coordinar la primera respuesta de forma adecuada y llegado el momento no se constituyó en el soporte técnico que las autoridades políticas necesitaban” (informe para la relatora especial de naciones unidas para el derecho a la vivienda adecuada, “el terremoto-tsunami del 27 de febrero 2010 y los procesos de reconstrucción en chile”).

“Las autoridades políticas designadas, intendentes regionales, gobernadores y los propios ministerios, no estaban preparados y claramente no han estado a la altura” (ídem), para asumir los problemas de la catástrofe.

“En relación a las autoridades elegidas, especialmente los alcaldes, no han contado con las herramientas financieras y técnicas necesarias” (ídem).

La escasa o nula coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales.

La corrupción que se genera en torno a la catástrofe, introduciendo una gama de depredadores empoderados que ven este drama como una gran oportunidad para enriquecerse a costa de una desgracia.

El aprovechamiento político que termina distorsionando las reales necesidades de los pobladores, favoreciendo a simpatizantes de autoridades.

Incapacidad de la orgánica gubernamental para abordar el problema, con las instituciones que en condiciones normales solucionan la problemática de entrega de subsidios y viviendas, generan fuentes laborales y desarrollan proyectos de infraestructura pública.

Expropiaciones arbitrarias e irregulares en toda la zona afectada por el 27f.

- Expropiación en terrenos de pobladores, pescadores y comerciantes del turismo (sobre todo en el borde costero), y no en sectores residenciales ABC1.

- El pago de expropiaciones no es igual para todos, detectándose diferencias en los valores pagados en un mismo sector de hasta 5 UF, por el terreno.

- Se presume que las expropiaciones del borde costero, tienen como motivación principal privatizarlo, entregándole estos terrenos a grandes capitales y consorcios privados, más que a generar un plan real de mitigación.

- Creemos que los respectivos planos reguladores están siendo modificados para afectar la habitabilidad de los pobladores, desplazándolos a zonas menos cotizadas por lo señaladlo en punto anterior.

La situación en casi todos los campamentos es deplorable, muchos de ellos sin alcantarillado, otros tantos con baños que deben compartir a veces hasta 20 personas, estos alejados de las viviendas de emergencia. Inexistencia de agua potable instalada en cada mediagua (oficialmente).

Tenemos una situación sanitaria incontrolable, con plagas de insectos y ratones. El caso del campamento de  Llico es emblemático. Al respecto dice la dirigenta Nury Ancao “…no son aldeas, son campamentos, vivimos en un campamento, vivimos, dormimos, los niños se educan, viven, estamos totalmente hacinados…” (Foro nacional Dichato, organizado por el MCAD).

Debemos mencionar el negociado que han hecho algunas ex autoridades de gobierno en materia de adjudicación y asignación de viviendas de emergencia y de kits para mejorar las mismas. Tenemos un gran número de mediaguas que figuran como adquiridas y entregadas pero constatamos en terreno que las cifras no calzan.

Los pobladores de campamentos no tienen documentación alguna que diga que las mediaguas les perteneces, al respecto Nury Ancao se pregunta “¿Por qué las mediaguas no son nuestras?, en la actualidad las mediaguas que estamos viviendo…no son de nosotros…a un año y medio del terremoto ni siquiera las mediaguas son de nosotros…” (Foro nacional Dichato, MCAD).

Finalmente el problema generado cuando se debe distribuir beneficios del estado, de acuerdo al origen de los aportes para la construcción de los mismos (fiscales, de privados, autoconstrucción), no permite distribuir a todos los beneficios estatales, por lo tanto hay una discriminación con respecto a estos recursos.

La Ficha de protección Social como herramienta para medir los índices de Vulnerabilidad está en franco cuestionamiento, al respecto Javier Sandoval dirigente de la FENAPO Concepción comenta “…el mismo tema de la ficha de protección social, está afectando a los expropiados, está afectando a los damnificados, nos afecta a los deudores habitacionales… y nos encontramos con que la ficha es macabra, no merece nuestro respeto, no merece el respeto de ninguno de los pobladores de Chile, por qué está hecha para esconder la pobreza, está hecha para eso, para disfrazarla, ¿De qué manera generamos nosotros un nuevo instrumento?, porque ahora aparece el presidente hablando de corregir el instrumento y sin embargo la manera de corregirlo ¿Cuál es?, la manera de corregirlo es la típica letra chica, apretando una vez más cuales son los criterios de selección para aplicar los beneficios, en circunstancias que esta ficha ni siquiera hay que considerarla para entregar hoy día soluciones o “beneficios” en las zonas de catástrofe, al mismo tiempo que se está supuestamente corrigiendo la ficha, aparece un mandato que le da permiso al gobierno para investigar los datos privados de nosotros, están empezando con los deudores, después lo van a hacer con los demás.” (en Foro Nacional Dichato, organizado por el MCAD).

En relación a la corresponsabilidad al aplicar este instrumento agrega “… entre las instituciones del estado, es la municipalidad que aplica la ficha, el Mideplán le cambia los puntajes y los sube, convierte los 6000 en 14000, …y después el ministerio de Vivienda, que no es el que la aplica, que no es el que le asigna el puntaje, la usa y la usa como criterio para aplicar el beneficio, o sea están los tres coludidos, y nosotros abajo recibiendo ese combo que nos construyen entre los tres niveles del estado.” (Ídem)

Tenemos entonces que para la entrega de subsidios se está aplicando la ficha de protección social, que no es un indicativo real de la situación de precariedad de los pobladores.

Para los registros del SERVIU, se ha efectuado una lenta y desordenada recopilación de antecedentes, en el caso de Dichato se han pedido los antecedentes 6 veces a la fecha y aún no hay claridad respecto de quienes están en los registros para acceder a los respectivos subsidios, al respecto podemos citar a Mariza Quezada, dirigenta del campamento El Molino que dice “nos ha costado un mundo reunir toda la información, hay gente que no aparece en los registros de damnificados… ¿donde se van a ir las personas solteras que se les entregó mediagua en el campamento El Molino…?” (Foro Nacional Dichato organizado por el MCAD).

Por lo tanto, no se está considerando a los allegados ni a los solteros y separados en la asignación de subsidios. Es importante señalar que en sectores rurales y costeros, era tradicional que las familias vivieran “aclanadas”, es así que muchas familias vivían en un mismo domicilio antes del 27f, es decir los abuelos, los padres y los nietos con sus respectivas esposas y esposo, hijas e hijos. Esta discriminación estaría dejando aproximadamente a un 45% de pobladores de los campamentos sin su subsidio.

¿Por qué creemos esto?, bueno básicamente, porque registran varios un mismo domicilio, otros habitaban terrenos fiscales o no tienen títulos de dominio, muchos aún no están inscritos como damnificados, la mayoría no tienen el puntaje de la ficha de protección social requerido, aquí se debe mencionar que aquellas personas que tenían un bajo puntaje en la ficha, porque en su núcleo familiar compartían varias familias, ahora como en cada mediagua vive solo una familia, entonces les ha subido el puntaje, al menos esa es la explicación que se dio.

La entrega de subsidios ha sido muy deficitaria. Y hay una diferencia notoria entre la cantidad que dice el gobierno que se entregó y la que realmente los pobladores tienen en su poder, por otro lado muchos de los subsidios que se dicen haber entregado, en realidad son certificados de subsidios. Debemos consignar que en esta materia existe una pugna entre el Ministro de Vivienda Pérez Mackenna y los alcaldes de las zonas damnificadas, pues el ministro acusa entera responsabilidad de los ediles en la entrega de este documento.

Se han entregado subsidios en forma irregular, como en los caso de la población Aurora de Chile de la comuna de Concepción, en los sectores de Colton, Quillay y Nueva Aurora todos de la comuna de Bulnes y en la comuna de Laja. Son subsidios irregulares por que se han entregado a propósito de la presentación de certificados de inhabitabilidad falsos.

En Llico el problema principal es que muchos damnificados no tienen títulos de dominio, por lo que no se les está considerando como tales.

En Hualqui las familias no pueden postular por que nos se inscribieron oportunamente, este tema está en estudio. En general muchos damnificados no han realizado a tiempo este trámite, por lo tanto se requiere un pronunciamiento oficial de las autoridades al respecto.

Este tema es recurrente y tiene a los pobladores sumidos en la angustia, pues se les ha dado muchos plazos y formas de concretar el proceso de reconstrucción de viviendas y no se ha cumplido.

Como ejemplo Claudio Pulgar, Arquitecto del Observatorio Ciudadano nos recuerda que “el gobierno de Piñera...prometió el 21 de Mayo del 2010, que a principios de este invierno iban a haber 45000 viviendas construidas o en proceso de construcción… esa promesa no se ha cumplido” (en Foro Nacional Dichato, organizado por MCAD).

Dice además “estos procesos de reconstrucción no son cortos, son por lo menos de una década y, lamentablemente se ha dicho que esto se va a hacer muy rápido… sabemos que en términos de emergencia no pueden seguir viviendo 10 años en las mediaguas, no es justo,… pero tenemos también que sincerar los años de este proceso y los plazos…” (Ídem).

Por último señala que el proceso de reconstrucción “es una crisis que no se la vamos a achacar a este gobierno, sino que es una crisis del modelo de vivienda que venía de antes, pero que este gobierno no ha ajustado, si no que ha mantenido…” (Ídem).

“Hay subsidios que se han entregado en Junio del año pasado, pero no hay forma de ejecutarlo. ¿Por qué no hay forma de ejecutarlo?, porque el mercado, gran actor en este modelo de subsidio, construye cuando le conviene, y el mercado es capaz de esperar, es paciente, no la gente, la gente tiene necesidad de vivir en una vivienda adecuada y entonces… el gobierno está haciendo un mal en entregarle sólo la reconstrucción al mercado, porque al final el costo político de que no se reconstruyan las viviendas no lo va a pagar el mercado, no lo van a pagar las inmobiliarias, ni lo van a pagar las constructoras, si no que lo va a terminar pagando el gobierno y eso es una forma de decir que hay que ajustar el modelo subsidiario.. (Ídem).

En Miraflores existe un grave problema con el colector de aguas públicas, pues la empresa a cargo de los trabajos no ha iniciado las obras respectivas.

En Chillán existen problemas con los deudores y arreglos de techumbres.

En cerro San Francisco el problema es con los certificados de inhabitabilidad, que no se sabe si los entrega el DOM o el MINVU.

En Villa Futuro en Chiguayante se solicitad congelar la entrega directa de dinero a los afectados, considerando que es mejor una propuesta de “llave por llave”, además se quiere encontrar una solución a aquellas familias que quieran quedarse en la villa evitando “exiliarlas” a sectores diferentes, en general se proponen tres alternativas:

- Recursos del DS40.

- Optar a los 15 millones de pesos para la compra de una vivienda, que es mejor que la 580 UF ofrecidas, y

- Construir proyectos en los mismos terrenos y que tengan la altura adecuada.

El caso de los deudores habitacionales el problema principal asociado con la reconstrucción (al margen de las demandas de condonación en general), es que aún se siga cobrando dividendos a familias con daños. Para ellas se está pidiendo condonación aunque las casas estén habitables o reparables. También se está pidiendo estudios de suelo en aquellas casas o edificios que quedaron ladeadas aunque la estructura haya funcionado.

a) En lugar de darlos a las familias para reparación cuando hay morosidad la recibe el banco para cubrir ésta y,

b) Su monto no es justo pues varía de 100 a 200 mil pesos como se ha visto en algunas villas.

Para el caso de los deudores habitacionales el problema relacionado con los seguros, se pide a estos el saldo de la deuda, en este caso el problema es que estamos hablando de deudores terremoteados por lo tanto según las cláusulas de los contratos de seguros estos no están obligados a pagos por este concepto.

Ya el invierno a dado muestras de su indolencia en el sur, con vientos huracanados y fuerte lluvias con granizos.

¿Podrá Piñera, como dijo en su cuenta pública, terminar con los campamentos antes del próximo invierno?

Quisiéramos creer, pero ya no vamos a sentar a esperar, es hora de actuar. Los pobladores se dan cuenta que con todos los problemas que hay hoy producto de la mala gestión del gobierno en muchas materias, pero sobre todo en materias de la reconstrucción, esta promesa sólo generará una falsa expectativa más.

Movimiento Ciudadano Asamblea de Dichato MCAD