Desde hace nueve años, con sus 180 millones de habitantes, Brasil vive su más exitosa etapa de desarrollo económico y social, gracias a tres gobiernos consecutivos, iniciados en 2003 por Luis Inácio Lula da Silva y continuados desde 2011 por su sucesora, la presidenta Dilma Roussef. Con su foco dirigido hacia el mercado interno, estos gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores) con su aliado centrista, PMDB (Partido del Movimiento Democrático) han privilegiado los extremos de la sociedad brasileña, por un lado y con expresivos estímulos fiscales incentivando la inversión de los grandes grupos industriales y banqueros nacionales y, por otro, con programas distributivistas (Bolsa Familia,
un programa de beca social) y de financiación de la vivienda popular, dio combate a la probreza, con lo que alcanzó alzar más de 30 millones de brasileños al mercado de consumo y a la capa inferior de la clase media.
Con una actuación más bien independiente, Brasil también pasó a ocupar un lugar protagónico en el escenario mundial: dada la subordinación de la OEA a los dictámenes estado-unidenses, Brasil incentivó a la creación de la UNASUR, desarmó el aislamiento de gobiernos más izquierdistas de la zona (Venezuela, Bolívia y Ecuador), y cobra insistentemente el fin del bloqueo norte-americano a Cuba, país con el cual, a pesar de no coincidir con las reglas del juego democrático brasileño, Brasil no ha dejado de apoyar. Con su participación en el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, Índia y China), finalmente, Brasil se hizo vocero de los países que no aceptan incondicionalmente el orden económico – neoliberal e injusto – internacional, y que de antiguos deudores han evolucionado en los países donadores del FMI (Fondo Monetario) y del BIRD (Banco Mundial).
Lo que Brasil no alcanzó fue democratizarse en profundidad, haciendo vistas gruesas a la corrupción y al desmande de grupos económicos y organizaciones criminales que según las conveniencias apoyan gobiernos provinciales y el federal. Es la llamada “banda podrida”, que Lula la aceptó para garantizar su mayoría en el Congreso, pero que le causó enormes daños. Trátase de latifundistas, lobbyistas, empresarios de la rama de construcción, dueños de redes del juego de azar, narcotraficantes violentos y jueces federales, que suelen tener los mejores salarios del país pero que también venden sentencias.
Según estimativas optimistas del propio gobierno, en 2011 el costo de la corrupción, pública y privada, fue de 39 mil millones de dólares, que corresponde al Producto Interno de Bolivia o a 18,5% del Producto Interno de Chile en 2011.
Esta red de intereses actúa de forma impactante en la toma de decisiones de la esfera política y no raras veces suele dominar las instituciones de lo que llamamos el Poder Local (secretarías, intendencias, camaras de comercio, sindicatos patronales, etc.). Es allí en donde en Brasil ocurre la mayor parte de
la persecución y de los asesinatos de periodistas, porque los profesionales de prensa, sea como empleados de un diario, ya sea como mantenedores de blogs, se han especializado en investigar la actuación del escenario y los protagonistas de la corrupción.
Pistoleros en motos
Desde el 1er de enero hasta el final de abril de 2012, cuatro periodistas fueron asesinados en Brasil, en lugares tan distintos como el Mato Grosso, al sur de la Amazonia, en São Luiz, norte del país, y Rio de Janeiro, pero siempre por razones muy parecidas: la investigación de tramas y personajes de la
corrupción. Todas las ejecuciones se parecen: una moto para al lado de un auto en un semáforo, o frente a un bar, o a la entrada de la casa de la víctima, y se le dispara. En el caso del periodista Décio Sá, muerto a fines de abril en São Luiz do Maranhão, el arma del crímen era de uso exclusivo de la policía. El asesino fue descarado: desmontó de una moto, entró al bar en donde Sá esperaba por un amigo, simuló que iba al banõ, dio media vuelta y le disparó seis veces a Sá por el costado, tres balazos en la cabeza – muerte instantánea.
El asesino, que dio a conocer su rostro, salió calmadamente del bar, remontó a la moto y partió – misión cumplida.
Las investigaciones suelen ocurrir en sigilo. Desde 1992, en plena democracia, 29 periodistas fueron ejecutados en Brasil, el 70 por ciento de los crímenes continúa impune, los asesinos en libertad. Con sede en Nueva York, el Comité Internacional de Proteccion a los Periodistas (CPJ), confirma que las causas del aumento de la violencia son la corrupción política, el narcotráfico y los conflictos entre los traficantes. Con Finlandia en la cabeza (nota – 10), Brasil ocupa el rango 99 (nota 35) de los países con menos libertad para la función periodística según la estadística para 2011 publicada por la organización francesa, Reporteros Sin Fronteras.
¿Y Chile?
La República de Chile no tiene motivos para festejar, pues es un alerta más de las organizaciones de periodistas: debido a la implacable represión desencadenada en contra de los profesionales de medios durante las movilizaciones de estudiantes, pescadores, pobladores en distintas regiones del país, Chile perdió 47 posiciones, y figura en rango 82 del total de 179 países examinados. Ubicado en el medio de la columna, eso quiere decir que Chile es apenas un “país con alguna libertad de prensa”.
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