Para realmente cambiar Chile en beneficio del conjunto social, es fundamental modificar el funcionamiento de la política, para impulsar la normativa que exige el mandato Ciudadano, y garantizar que los Derechos presentes en la Nueva Carta, no se conviertan en letra muerta.Por Sótero Suazo Véjares
Evitar las consecuencias de dicho escenario apocalíptico, requiere definir ejes programáticos, cuyo apoyo exceda los límites de los distintos comandos y agrupaciones políticas que aspiran a redactar la Nueva Constitución.
En pro de tal fin, es esencial compartir propuestas para lograr el acuerdo requerido, a fin de impedir la dispersión de los votos que permita, a través de la política “profesional”, la sobrerrepresentación de la élite en nuestra Convención.
Por ésto, resulta vital que la discusión y los acuerdos que tengan lugar, estén centrados en el ámbito programático, para generar definiciones de cada candidato, a fin de orientar la decisión de voto, y clarificar quiénes en definitiva serán nuestros representantes en el órgano constituyente.
Con el fin de contribuir a este debate, en el corto tiempo que resta para una elección que no nos podemos farrear, comparto las siguientes propuestas y reflexiones, para aportar al desarrollo de este proceso democrático.
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Las sesiones, comisiones y votaciones de la convención son de interés público, por lo tanto deben estar disponibles de forma íntegra, tanto durante su desarrollo como para consulta posterior.
En aras de la transparencia, los documentos emanados de dichas instancias, deben estar también disponibles en digital, en un formato que facilite la gestión informativa, permitiendo que el texto se pueda seleccionar y copiar. Para tal efecto, es imperativo que se creen digitalmente, y NO a partir de escaneo de documentos físicos.
Consecuentemente, los procesos y forma de operar de la convención, deben ser publicados en un lenguaje comprensible y cercano, que permita a la ciudadanía seguirlos, y estar informada, con el fin de poder fiscalizarlos y participar en su desarrollo.
Para aumentar la legitimidad de la Nueva Carta, aquellas materias que no generen consenso al ser propuestas, deberán plebiscitarse con carácter vinculante, previamente a su votación, de modo tal, que los sufragios de los convencionales se ajusten al mandato ciudadano.
Como servidores públicos, los convencionales deberán tener disponibilidad para interactuar con los Ciudadanos, Organizaciones de Base, y de la Sociedad Civil, a fin de contrastar y consensuar sus propuestas, para así lograr la máxima representatividad.
Tanto dichas reuniones, como aquellas que pudieran tener lugar con representantes de industrias o grupos de intereses económicos, deben registrarse audiovisualmente y por medio de acta, para frenar la posibilidad de que puedan ocurrir prácticas de soborno, cohecho y cualquiera otra, que vaya en contra de la honesta realización de la labor constituyente.
Catálogo de Derechos
El estado debe buscar el bien superior de la sociedad en su totalidad, es decir de forma universal, y ser garante de todos los Derechos Humanos, tanto en el ámbito social, como en el político y económico.
Para tal efecto, debe ser capaz de llegar de forma ágil y oportuna a todos los habitantes del territorio nacional, y por lo tanto debe estar presente incluso en los lugares más remotos de nuestra geografía, corrigiendo progresiva y decididamente el abandono que sufren muchas comunidades y localidades, que decaen día tras día, deteriorándose a la sombra de la mano invisible del extractivismo neoliberal.
Todos los habitantes, de todos los territorios, no importando su color, raza, sexo, etnia, identidad de género o credo, tienen el Derecho a la integridad física y psíquica, a tener una vida digna, a ser libres de vivir, pensar, manifestarse, ser felices y amar, de la forma en que cada uno de ellos elija, y sobre todo a la soberanía personal, que es el límite tanto del poder del estado como de las voluntades criminales y posesivas de terceros.
En pos de cumplir dicho objetivo, los Derechos a la Salud, a la Vivienda, a la Educación de calidad, al Trabajo y a una Pensión, que sean adecuados para sustentar la dignidad humana, son la base para cimentar un nuevo Pacto Social, que avance hacia la real democratización del desarrollo, y fomente un crecimiento económico que sea compatible con la Justicia.
El agua es un bien de uso público y un Derecho Humano vital, por tanto, su disponibilidad se garantizará priorizando el consumo humano por sobre cualquier actividad productiva. Consecuentemente, este elemento no podrá estar sujeto a la especulación ni a la apropiación privada por ninguna vía, tanto directa como indirecta.
Los recursos naturales y territorios, son bienes de uso público, por lo tanto su explotación, usufructo, concesión, o intervención privada, deben plebiscitarse con carácter vinculante, para que sea la Ciudadanía que decida, si autorizará o no cualquier uso propuesto.
En conjunto con los Derechos territoriales, garantizar el Derecho a la Cultura, vital para la salud mental y el bienestar de las personas, significa también afianzar el Derecho a la Identidad, el sentido crítico y la reflexión. Significa que el Arte no tenga que competir por los fondos necesarios para desarrollar su labor, y las personas puedan tener acceso a sus frutos sin costo.
Para que todes puedan ejercer estos Derechos, es necesario que quienes trabajen, tanto formal como informalmente, tengan Derecho al tiempo de Ocio, y a que se normalice su jornada laboral y salario, en concordancia con los estándares de los países realmente civilizados y las sociedades postesclavistas.
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Los Ciudadanos, las Organizaciones Sociales Comunitarias y de la Sociedad Civil, son parte del Estado y por tanto deben tener voz y voto en el establecimiento, fiscalización y generación de políticas públicas.
Como Mandante de las autoridades, la Ciudadanía debe tener la facultad de destituirlas y retirarles el mandato, a través de referéndum revocatorio, para poner coto tanto a gobiernos autoritarios, despóticos, o que violen los Derechos Humanos, como a cualquier funcionario público que tenga conflictos de interés, que incurra en faltas a la probidad o que realice una gestión deficiente.
Como parte incumbente en la vigilancia de la política pública y su correcta ejecución, es necesario que la Ciudadanía, tenga la potestad de presentar iniciativas de ley, cuya aplicación se decida mediante plebiscito con carácter vinculante, para luego implementarlas a través del congreso.
Conjuntamente, una verdadera estrategia de desarrollo integral del país, debe entregar autonomía y capacidad de decisión a todos los territorios, y por tanto es necesario que puedan recaudar impuestos y definir su ejecución, para así agilizar y robustecer la gestión local.
Para ello, además es fundamental ir más allá de una simple descentralización, el objetivo es lograr la distribución del poder, personificándolo en todos los habitantes del territorio nacional, para integrar de esta forma a los Ciudadanos, Organizaciones Sociales, Comunitarias, y de la Sociedad Civil, en la construcción participativa del país que queremos.
El país que soñamos, donde todos seamos realmente libres e iguales ante la ley, para derogar la estructura jerárquica, autoritaria, paternalista y machista que nos aplasta y oprime.
Por las mismas razones ya planteadas, es imperativo derogar del organigrama regional la figura del delegado presidencial, cargo de clara vocación contramayoritaria, que pese a ser designado, tendrá las facultades para bloquear la gestión del Gobernador Regional, electo democráticamente.
En la misma línea, el establecimiento de macrozonas, que agrupen a varias regiones de sectores afines y economías complementarias, permitirá aumentar el intercambio y asociatividad regionales, impulsando a partir de esta nueva estructura, la creación de cuerpos colegiados interregionales, integrados por los Gobernadores Regionales, tanto a nivel zonal como nacional, con la tarea de establecer estrategias de desarrollo y crecimiento conjunto.
Para reforzar la autonomía e independencia de las nuevas estructuras destinadas a redistribuir el poder, la política no podrá recibir nunca aportes económicos particulares de ninguna potencia o empresa, tanto extranjera como nacional, de intereses económicos u organizaciones gremiales, de carácter empresarial, ni de grupos económicos o “holdings”.
Consecuentemente, aquella legislación vigente, cuyos orígenes sean espurios, es decir que se haya promulgado en contextos de dictadura, que haya sido impulsada por medio de cohecho o soborno, en circunstancias ilegítimas, o en casos de evidente conflicto de interés y abuso de poder, deben ser derogadas, y no podrán ser repuestas en el futuro, ni de forma directa ni indirecta.Fotografía principal: Indómita Fotografías.
