A fines de febrero de este año, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que establece el Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional Docente del Sector Municipal; un conjunto de normas que modificará la manera de trabajar de los profesores de establecimientos municipales.

En su mensaje, el Presidente asegura que estos cambios otorgarán resultados beneficiosos para la educación de las nuevas generaciones, pues impedirán que sigan reproduciéndose prácticas que no invitan a la superación y al desafío de los profesores. Para explicar el proyecto de ley, sintetizaremos los puntos que el propio documento menciona, haciendo cuestionamientos a que éstos cambios signifiquen, la vociferada educación de calidad.

Modificaciones al Estatuto Docente

Cabe destacar que el estatuto docente es el equivalente al Código del Trabajo para los profesores de establecimientos subvencionados por el Estado y es producto de históricas luchas que los profesores dieron desde Dictadura, cuando lograron articular sus organizaciones a riesgo de la persecución y la represión. Por ello, cualquier modificación a este documento que no sea iniciativa de los propios profesores, despierta la sospecha de quienes se amparan en él.

Los cambios que se registran en este proyecto de ley:

-Se fija un Examen Inicial de Excelencia Profesional Docente. Con este rimbombante nombre se intenta establecer la idea de que la calidad docente estará garantizada desde un comienzo, pues quien no apruebe este examen, no podrá ejercer como profesor.

El Gobierno no reconoce que el hecho de que haya un profesor, según sus criterios, recién egresado y mal preparado es responsabilidad de la institución que lo ha promovido como tal, pues este trámite ha dependido de ella y lo ha realizado amparándose en la acreditación que el propio Estado le ha otorgado. En la práctica, podemos tener a un recién egresado de pedagogía reprobado en este examen, pero a una institución que nadie cuestiona y que ya se ha embolsado todo el dinero respectivo de los aranceles. Es decir, se castiga al "mal cliente", que no eligió el centro de estudios que lo preparara satisfactoriamente. La institucionalidad no se cuestiona.

-Se establece que el Director, junto al Jefe de UTP y un profesional designado por el primero, quedarán a cargo de seleccionar al resto del personal del establecimiento. Los criterios no se especifican.

-El Ministerio de Educación realizará pruebas que medirán "conocimientos y habilidades" del profesor. Los criterios estarán puestos unilateralmente por el Ministerio.

-También habrán evaluaciones de "desempeño" hechas por el propio Director, donde sus criterios de evaluación son vagamente mencionados: "habilidades personales, conductas de trabajo, conocimientos disciplinarios, planificación, desempeño en aula y nivel de aprendizaje de los alumnos". Estos indicadores determinarán si un profesor se encuentra en un nivel Inicial, Preparado, Avanzado o Experto, validando la asignación de distintas cantidades de dinero en la parte variable del salario del docente. Si los profesores son evaluados como Inicial o Preparado, no tendrán acceso a ninguna asignación especial.

Esta variabilidad en los salarios toma un carácter más nocivo aún cuando se lee que "la categoría de desempeño más alta no podrá concentrar a más de 20% de la dotación comunal. La categoría siguiente deberá agrupar entre 30% y 40% de la dotación, y la tercera no podrá exceder 35% de la misma. Los docentes agrupados en las dos últimas categorías no podrán recibir la asignación por desempeño". Es decir, antes de evaluar, se impone la norma que no pueden ser más del 20% de los profesores de la municipalidad que sean considerados expertos.

Los límites que establece esta ley en cuanto al número de profesores con distintos "desempeños", indica que el proyecto tiende a hacer competir entre compañeros para alcanzar las categorías que les mejorarían el sueldo y les otorgarían una cierta estabilidad laboral. La imagen que evoca esta medida son los docentes convertidos en perros peleándose un hueso que nunca saldrá del control del Director del establecimiento.

-Cómo ha sido mencionado, el sueldo del profesor estará divido en un base y un variable que dependerá de estas evaluaciones. También dependerá de éstas, su permanencia laboral, especialmente de la evaluación del Director. El proyecto de ley asevera que se "faculta al sostenedor, a proposición del Director, a poner término a la relación laboral de un docente cuyo desempeño no es el adecuado".

-Se disminuyen las horas lectivas para el profesor. Es decir, si tiene un contrato por 44 horas de trabajo, con este cambio sólo deberá hacer 31 horas de clase como máximo. De  esto se deduce que se reservará un 30% de la jornada de trabajo para tareas de planificación u otras actividades, que hasta ahora sólo representan un 25% de la jornada. Ante este cambio, el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) plantea que es insuficiente, pues los países de la OCDE, con quienes el Gobierno compara sus políticas, reservan un promedio del 44% de la jornada en actividades de preparación de clases.

Los profesores tienen la palabra

Para el Gobierno, las evaluaciones hechas por el Ministerio de Educación y por el Director, tienen una función determinante en los cambios educacionales, estableciéndose como referentes de una verdad incuestionable que no da lugar al cuestionamiento del propio sistema, maquillado con sucesivas reformas y convertido en nicho de ingentes negocios, sin que esto haya modificado la desastrosa trayectoria demostrada.

Curiosamente, el proyecto de ley hace mención a que según encuestas, la profesión docente tiene una baja valoración social, lo que se explica por la baja competitividad y desafíos que ésta presenta. Sin embargo, desde otra mirada, podemos pensar que un factor que hace mella en los profesores es constituir un gran sector social absolutamente pasivo y obediente a todas las ocurrencias que han tenido los gobiernos civiles que, como hemos dicho, sólo han constituido excelentes negocios subvencionados por el Estado.

Desde hace años, la abulia y la falta de cuestionamientos a las imposiciones, están pasando la cuenta a un profesorado organizativamente débil. Viendo como los sucesivos gobiernos civiles han implementado su recetario y cómo sus espacios de decisión se han reducido hasta lo mínimo, los profesores han sido espectadores de su propia precarización laboral. Ahora, el Estado los quiere ver competir,  ¿Qué harán?

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