[resumen.cl] En un reciente comunicado, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales [ANEF] declaró que los trabajadores agrupados en la Mesa del Sector Público, han resuelto extender su paralización por los días lunes 7 y martes 8 de noviembre, con el propósito de continuar presionando al Gobierno y la clase política para que aumenten el porcentaje de reajuste salarial para el año 2017 y los bonos de término de negociación.

El pasado miércoles el proyecto de ley del Gobierno, que contenía un reajuste de un 3,2%, fue rechazado unánimemente por el Congreso, en tanto este porcentaje representa, en realidad, una disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos, si se considera el IPC proyectado para fines de 2016. O sea, el reajuste entregado por el Gobierno, no suple el aumento del costo de la canasta básica de subsistencia.

Previendo la decisión de los trabajadores, el Ministro del Interior y de Hacienda emitieron un oficio donde se instruye la aplicación de descuentos a quienes han paralizado, los cuales se contarían desde el primer día no trabajado del mes. Ante esa maniobra abusiva, los dirigentes contestaron que no se dejarán presionar. Jorge Figueroa, vocero de la FENATS, ha afirmado en su cuenta de Facebook que «El paro del sector público nacional se ha profundizado y extendido ante la tozudez del gobierno de la Nueva Mayoría y su afán por hacer cargar sobre los trabajadores los costos de la desaceleración económica. Por ello MAÑANA 07 del presente desde las 07 Horas nos auto convocamos con más fuerza que nunca...»

Los diversos Gobiernos civiles han implementado políticas que han acabado por precarizar las condiciones laborales de quienes laboran en las diversas reparticiones del Estado, sin considerar su repercusión en la calidad de los servicios públicos. Son miles quienes laboran por contratos a honorarios y con contratos anuales, son miles quienes reciben salarios insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, sin que haya una respuesta gubernamental orientada a revertir estas condiciones. Falazmente, los personeros han justificado sus decisiones arguyendo un supuesto ahorro fiscal, sin hacerse cargo de todo el dinero del erario fiscal entregado a empresas privadas injustificadamente, a cambio de supuestos servicios, en realidad usados como pretextos para lucrar. Estos mismos dignatarios, ni siquiera insinúan el aumento de impuestos (o, su cobro) a las empresas que amasan pingües utilidades con la expoliación de comunidades, a través de su explotación laboral y la extracción de productos destinados al comercio de materias primas.