Exiliados” o “refugiados” son términos que una buena parte de los medios internacionales emplean para denominar a quienes emigran de Cuba a EEUU. Pero, ¿es correcto su empleo cuando raramente se aplican a la emigración de otros países de la zona? Veamos.
La llamada Ley de Ajuste Cubano de EEUU, de 1966, privilegia –frente a cualquier inmigrante de América Latina– a los cubanos y cubanas que llegan a territorio norteamericano, otorgándoles la residencia permanente al de un año.
Lo curioso del caso es que estas personas, con estatus de refugiadas, suelen regresan al poco tiempo a su país de origen a visitar, por ejemplo, a la familia, sin problema de ningún tipo. El periodista de la BBC Fernando Ravsberg, con ironía, decía que los “exiliados” cubanos son únicos en el mundo, porque pasan las vacaciones en el país que –supuestamente– les persigue.
Esto mismo era reconocido implícitamente por el ultraderechista de origen cubano David Rivera, congresista del Partido Republicano, quien está impulsando varias modificaciones a la citada Ley de Ajuste Cubano. Recientemente, afirmaba en los medios que se ha hecho común que “los cubanos pidan asilo político (en EEUU) bajo dicha ley y después viajen al país que les persigue”.
Pero, a pesar de reconocer de esta manera tan nítida la farsa política construida entorno a la emigración cubana, el congresista de ultraderecha, en contradicción con su propia denuncia, insistía en que “todos los cubanos (que llegan a EEUU) son refugiados políticos”.
Las enmiendas a la Ley de Ajuste Cubano que impulsa David Rivera pretenden que, en el futuro, ninguna persona beneficiada por dicha ley pueda regresar a Cuba mientras no obtenga la ciudadanía estadounidense. Ésta, además, se obtendría en un plazo no menor a diez años. Viajar a Cuba antes supondría perder todos los privilegios de la Ley de Ajuste y, por tanto, acercarse a la situación del resto de inmigrantes, incluyendo la posibilidad de la deportación.
Sin ser su intención, este congresista pone aún más en evidencia que las personas beneficiadas por la Ley de Ajuste Cubano no son verdaderamente exiliadas, ni perseguidas ni refugiadas, sino, sencillamente, migrantes de raíz económica con similares características a las de México, Haití o El Salvador.
Pero, para entender las razones que impulsan estas propuestas de cambio legislativo, recordemos que David Rivera es una de las figuras destacadas de la extrema derecha de origen cubano en EEUU. Sus posiciones son abiertamente belicistas contra el Gobierno cubano, y ha participado en Miami en homenajes a terroristas como Luis Posada Carriles.
En este sentido, las enmiendas a la Ley de Ajuste persiguen espurios objetivos políticos y electorales.
El primero, el de atacar cualquier intento de normalización en las relaciones EEUU–Cuba, golpeando al sector de la emigración cubana más favorable a ella. Según encuestas de la Universidad Internacional de La Florida, la emigración cubana después de 1994 y, sobre todo, la de menor edad, está en contra del bloqueo a su país, en favor de un diálogo entre ambos gobiernos, y no entiende que la ciudadanía norteamericana no pueda viajar a Cuba, por imposición de su propio gobierno.
El segundo objetivo es el de cortar el flujo normalizado de viajes de esta emigración cubana a su país, y la consiguiente entrada de divisas a Cuba. La mayoría de los más de 400.000 cubanos y cubanas residentes en EEUU que visitan su país cada año pertenecen a esta emigración reciente. Muchas de estas personas, además, están ahora ayudando a sus familias con la inversión inicial y el envío desuministros y equipos para disímiles negocios privados en Cuba, tras la aprobación de las reformas económicas por parte del Gobierno de Raúl Castro.
El tercer objetivo es claramente electoral: alejar a esta emigración partidaria del diálogo y no vinculada a la ultraderecha, de la posibilidad de obtener la ciudadanía y por tanto el derecho a voto, previsiblemente más cercano al Partido Demócrata.
Nada de esto, sin embargo, trasciende a los grandes medios internacionales que, a pesar de todas las evidencias, siguen empleando términos obsoletos e inexactos, con una clara carga política, como “refugiados” o “exiliados”, para referirse a un fenómeno, el de la emigración económica, tan común a Cuba como al resto de los países de América Latina y del Tercer Mundo.