¿A quién pertenece la biodiversidad en el océano? Estudio analiza el control corporativo y la gobernanza global marina
Cachalote (Physeter macrocephalus) y su cría cerca de la costa de Mauricio. La cría tiene Remora australis pagada a su cuerpo. Foto de Gabriel Barathieu[/caption]
La mayor parte de las especies son de tamaño microscópico, las cuales constituyen el 19% de las especies registradas en el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS por sus siglas en inglés)
Otras formas de vida tienen menos intereses comerciales, tales como las ascidias (piures) de las cuales solo 6 tienen patentes. Una considerable parte de estas patentes de secuencias son derivadas desde especies asociadas con ecosistemas hidrotermales (91 especies, 1650 secuencias) muchas de las cuales están más allá de las jurisdicciones de alguna nación.
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Estelas alrededor de las fumarolas a alta temperatura (más de 100°C) en el respiradero Champaña en la Fosa de las Marianas. Fuente: NOAA[/caption]
Las principales amenazas para la vida marina son el cambio climático y la acidificación de los oceános, la contaminación con residuos plásticos y distintas formas de explotación industrial como la sobrepesca o las próximas iniciativas de minería submarina. Junto a estas, la pérdida de biodiversidad global tanto en continentes como océanos avanza a una tasa acelerada.
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Bahía de Coronel junto al Golfo de Arauco en la zona costera de la provincia de Concepción[/caption]
Distintas iniciativas han buscado normar el acceso comercial del material genético de especies marinas en peligro o poco conocidas para la ciencia. El Protocolo de Nagoya es un acuerdo internacional que tiene por objetivo compartir los beneficios del uso de los recursos genéticos de manera equitativa y justa. Este fue adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes el 29 de octubre de 2010 en la ciudad de Nagoya, Japón.
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Mientras el Protocolo de Nagoya aborda el acceso a beneficio común para recursos genéticos en aguas nacionales, no hay mecanismos similares en aguas internacionales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar declaró el fondo marino y el subsuelo, también llamado «El Área» como patrimonio común de la humanidad. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) fue fundada posteriormente para regular la exploración y la eventual explotación minera con un objetivo de beneficio equitativo a nivel global.
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Al aplicar el principio de libertad en aguas internacionales, quien sea que adquiera el material genético podría tener derechos sobre cualquier producto que se desarrolle.
Pero al aplicar el derecho de patrimonio común de la humanidad, los países o corporaciones que desarrollen aplicaciones basadas en especies del fondo marino deberán compartir los beneficios.
El estudio concluye que el control corporativo de los recursos marinos genéticos tiene una asimetría dramática.
Las conclusiones del estudio destacaron la importante de una participación inclusiva de todos los Estados en las negociaciones internacionales y la urgencia de clarificar el régimen legal de acceso y los beneficios de compartir los recursos marinos genéticos. Identificaron la necesidad de una mayor transparencia con respecto a la procedencia de las especies, además de transferencias de la propiedad de las patentes y las actividades de compañías con desproporcionada influencia sobre el patentamiento de la biodiversidad marina.
Las desigualdades económicas y tecnológicas entre los países ricos y que albergan las principales megacorporaciones del mundo y los países más pobres desde donde se extraen materias primas y se acelera su degradación ambiental, vuelven extremadamente complicada la repartición de los beneficios económicos y tecnológicos que distintos actores esperan obtener con la explotación marina general y con la apropiación de recursos genéticos en particular.
