Un 96% de los y las trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, adheridas a la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (ANATRAP) ha declarado estar a favor de continuar con la paralización, iniciada el pasado lunes 21 de junio, hasta recibir una respuesta de parte de la Ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, que tenga plazos y propuestas concretas a sus requerimientos.Aniceto Hevia
En una carta entregada a la Ministra, señalan diversas situaciones que explican las razones de su paralización, además de instar «a que el Ministerio impulse con toda determinación el cumplimiento del programa de gobierno que permitirá avanzar en el fortalecimiento institucional y en la reparación de todos estos años de maltrato, injusticia y precariedad de nuestro sector».
Exponen que la puesta en marcha del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) en 2018, “no vino a mejorar las instituciones y organismos especializados en la gestión de los diferentes tipos de patrimonios, sino más bien evidenció aún más sus falencias estructurales y la precariedad con las que funcionarias y funcionarios ejercemos nuestras labores”, debido al escaso financiamiento con que cuentan las unidades, entre las que se cuentan museos, por ejemplo, pero también a deficiencias en la política al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT).
Señalan que el “Manual Orgánico y de funcionamiento del SERPAT, Ser Patrimonio”, entregado a fines del año pasado y en la postrimería del gobierno anterior, fue elaborado sin la participación vinculante de trabajadoras y trabajadores, más aún «no constituye en ningún aspecto la visión que funcionarios y funcionarias avocados con experticia a sus labores de gestión patrimonial, tienen de la proyección institucional». En este sentido, demandan abrir una instancia donde injerir y aportar desde su experiencia y saberes en el rediseño de la estructura orgánica del Servicio, lo cual implica modificar la Ley 21.045 que les rige.
Respecto a la nivelación y el encasillamiento de las y los trabajadores, afirman que es urgente, además de ser una medida que ya debieron tener resuelta. Ante esta situación, exigen el establecimiento de plazos y explicitar los métodos para su cumplimiento. Respecto a esta falencia, exigen «la desvinculación y que se persigan responsabilidades administrativas de quien hoy ostenta el cargo de director nacional subrogante, al igual que pedimos que se investigue mediante un proceso administrativo a quien corresponda de la planta directiva presente o previa por las negligencias, omisiones y arbitrariedades que han derivado en no haber implementado a tiempo el DFL N° 35 en lo relativo a nivelación de grados y proceso de encasillamiento Hito II para Administrativos y Auxiliares del SERPAT».
También, indican que es «necesario comprometer acciones concretas desde ya para la resolución de sumarios por Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, debido a la postergación por años del tema». Ello implica «el compromiso inmediato de realizar y cerrar los sumarios abiertos en los tiempos que corresponden, el seguimiento de las formalizaciones y respuesta de las mismas por la Contraloría General de la República, así como la aplicación de las sanciones sin discriminación».
Otra demanda muy relevante la constituye el traspaso a la contrata de quienes trabajan a honorarios. Al respecto solicitan «la revisión y ajustes -al alza- correspondientes de los honorarios para su proyección 2023, en atención a que desde el 2020 los porcentajes de retención de impuestos han ido incrementando, mermado con ello los ingresos líquidos… teniendo que sostener personalmente el pago de salud, previsión y otros y no asumiendo el servicio su responsabilidad en tanto empleador».
