[resumen.cl] El pasado jueves 29 de septiembre, la ANEF y los restantes miembros de la denominada Mesa del Sector Público (MSP), que para pesar de los trabajadores público lidera la desprestigiada CUT, realizó un cuestionado Paro Nacional de 24 horas, tras semanas de negociaciones centradas en el porcentaje de reajuste anual de los salarios.
La cabeza de la MSP, sin mecanismo alguno de consulta a la dirigencia de las respectivas organizaciones que la conforman, levantó como demanda una cifra del 7,5% como techo de negociación, de ahí en adelante su postura será a la baja durante el proceso, el gobierno siguiendo la política del año anterior propone en la práctica una disminución de los salarios de los trabajadores públicos al ofrecer un reajuste de 2,9%, menor a la inflación proyectada para el año 4,1%.
Por segundo año los trabajadores públicos de Chile verían disminuidos sus salarios y hay que recordar que la vara del sector público es la que se traslada a los trabajadores del sector privado, quienes poseen condiciones de negociación mucho más adversas. Todo ello en momentos en que la Banca y los grupos económicos presentan cifras espectaculares de ganancia acentuando aún más la desigualdad en nuestro país.
Tras el Paro Nacional de los trabajadores públicos de la semana pasada, el gobierno no movió ficha alguna, insistió en su cifra del 2,9%, mientras en paralelo la MSP y la ANEF ya mostraban, a cambio de nada, su disposición a bajar sus expectativas y seguir negociando. Con una jugada articulada entre los grupos económicos y el gobierno de la Nueva Mayoría, el día domingo 2 de octubre, el diario El Mercurio publica un titular, en base a un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda -específicamente la encuesta suplementaria de ingresos del INE- en el exponen que el sueldo promedio de los trabajadores públicos es de 787 mil pesos. Desde la MSP el único en responder fue Raúl de la Puente, líder de la ANEF, quien en una nota difundida por algunos medios, señala que la mayoría de los funcionarios de la administración pública son profesionales y técnicos, consecuencia de ello estos salarios. De la Puente da muestra de su poca lucidez que cada vez lo opaca más como dirigente sindical, el articulo del Mercurio era no solo la oportunidad para criticar la complicidad de los grupos económicos con el gobierno, lo era también para atacar el modelo económico que acentúa la desigualdad, pero también para denunciar que este promedio se construye también incluyendo a los operadores políticos, que pululan en las instituciones del estado como asesores y que se llevan los mejores salarios, en su inmensa mayoría millonarios.
Mucho menos el actual presidente de la ANEF se acordó que los públicos son parte de la escaso porcentaje de trabajadores organizados en nuestro país, donde la inmensa masa permanece sin sindicalizar y que además dentro de este reducido grupo son aún más privilegiados, pues son los únicos en la práctica que pueden negociar colectivamente por rama e interempresas.
El gobierno y el empresariado, que desde el 11 de septiembre de 1973 hasta nuestros días son la misma cosa, intentan sembrar la división entre los trabajadores, mostrar a los públicos como privilegiados frente a los trabajadores del área privada, en un país donde efectivamente la mayoría de los sueldos -más de 50%- está bajo los 360 mil pesos.
Si bien la ANEF y la MSP no reaccionaron, si lo hizo la denominada Mesa Alternativa del Sector Público, un grupo de trabajadores que se articula en base al descontento creciente contra la burocracia sindical existente en diversos gremios. Fueron claros en cuestionar los estudios del gobierno: “es inadecuado considerar el promedio como referencia a los ingresos de todos los funcionarios del Estado, puesto que confunde y distorsiona la realidad, por ejemplo 9 trabajadores ganan 100 mil pesos y uno 10 millones, el promedio es 1.090.000, evidentemente esta cifra no puede interpretarse como un referente de sueldo individual”. La Mesa Alternativa además, denunció la precariedad de los trabajadores públicos, las externalizaciones, los trabajadores a honorarios y la inmensa mayoría que se mantiene en situación de contrata, renovada año a año, sin derecho a indemnización por años de servicio en caso de ser despedidos.
La Mesa Alternativa puso el dedo en llaga de la corrupción que corroe a los gobiernos de la post dictadura: “debemos decir que ese estudio recoge todos los sueldos de los “funcionarios” de primera línea de los gobiernos de turno, entre ellos están los parientes de todos los Ministros y Ministras, Subsecretarios y Subsecretarias, los asesores al por mayor en la administración del Estado, las funciones críticas entregadas en forma arbitraria y un largo etc. Así mismo están los sueldos que se subieron para mejorar las pensiones de la Sra. Miriam Olate (Esposa del Presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade) y el dirigente de la ANEF Pedro Hernández (militante de la DC) montos que alteran los promedios entregados en el estudio”.
El gobierno nuevamente devela su línea a favor de los grandes grupos económicos, financistas de la corrupción política, con una línea comunicacional similar a la empleada en el conflicto del registro civil y el Paro de Atacama. Mientras tanto la ANEF y la MSP siguen sin reaccionar, tras el paro de 24 horas los trabajadores siguen esperando por movilizaciones más contundentes, cuando el presupuesto anual que fija este reajuste ya entró al parlamento, en una dinámica que abiertamente transparenta la complicidad de la burocracia sindical con el gobierno.