Rechazo de licencias médicas: Sanando por decreto
Las acciones del gobierno de Sebastián Piñera respecto a los casos de licencias médicas fraudulentas, encargando la formalización de médicos por uso indebido del formulario al poder judicial, se viene a enlazar con las políticas de la Concertación de criminalizar el legítimo derecho al descanso de los trabajadores. El seremi de Salud, doctor Boris Oportus colocó una serie de antecedentes en el ministerio público para que se investigue y sancione a una serie de médicos que han otorgado un número elevado de licencias médicas.
No es que se trate de señalar que los casos expuestos por el gobierno sean jurídica o realmente falsos, de hecho, los médicos cuestionados aunque tuvieran jornadas laborales de 24 horas no podrían dar la cantidad de licencias que otorgaron, sino que la imagen de lo que se proyecta a la opinión pública es notoriamente distorsionada. Jamás se menciona el porcentaje de licencias médicas cuestionadas y esto marca un precedente, pues cuando estalló el caso de las licencias médicas falsas el año 2009, tampoco se mencionó que las licencias cuestionadas correspondían al 1% de las emitidas.
De seguro esto revela una política hacia el derecho al descanso, ya que se seleccionan casos poco significativos para mostrarlos como los fraudes de la época. Presentar la información de esta manera es amedrentar tanto a médicos como a usuarios, para que actúen no como corresponde-esto es, utilizando su derecho al descanso- sino que como el miedo impone: que el descanso sea solo cuando el enfermo ya no pueda más. Jamás se presenta, como señalamos en un artículo anterior, cómo se vulnera el derecho a descanso de los enfermos crónicos atrapados entre las AFPs y las Compin o que las licencias de los médicos de la Compin no son fiscalizadas por nadie- las llamadas licencias seguras-, o la cantidad de recursos de protección en contra de la Compin fallados a favor de los usuarios o que entre los años 2011 y 2012 figuren 70 recursos de protección contra la Compin en la Corte de Apelaciones de Concepción. El 2009 son 31 fallos a favor de los usuarios en que el Ministerio de Salud pagó sin ninguna rectificación, pues la forma de proceder para rechazar estas licencias se sigue utilizando.
Los gobiernos han asumido una declarada defensa a un sistema que constantemente vulnera los derechos de los usuarios, en vez de protegerlos. A la mala atención de la Compin, se le debe sumar los eternos trámites para que sea validada una licencia médica, muchas veces superando el plazo legal estimado de 7 días, tras lo cual la Compin obligatoriamente debe validar la licencia médica. La última irregularidad denunciada, es un desacato de la Compin a una sentencia de la Corte de Apelaciones penquista, en el cual se declaraba la vulneración de derechos constitucionales de las personas en la forma de notificar sobre rechazos de licencias médicas a través de un papel sin timbre, sin nombre del médico que la rechaza y además, sin mencionar las razones. Esta flagrante vulneración de derechos no tiene la más mínima cobertura mediática, a menos que los usuarios afectados amenacen con quemarse a lo bonzo y aún así la tienen solo por unos instantes. Ni tampoco tiene la menor atención de parte del Ministerio de Salud. Como señaló Jorge Retamal representante de algunos afectados, son aproximadamente 20 mil usuarios mensuales que son notificados bajo esta forma ilegal.
Frente al abuso amparado desde el Estado sobre los cotizantes del sistema de salud, se organizó a mediados del año 2011 un comité de usuarios de la Compin. La organización parece haber desaparecido, sin embargo, trazó un camino a seguir por los afectados. El agruparse para actuar en conjunto frente a los abusos del sistema de la Compin, denunciar agrupados a la opinión pública las injusticias, destapar al país entero este descaro, son parte de la conformación de una defensa frente al abuso amparado por el Estado, para de una vez por todas, eliminarlo.
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