Un recurso de amparo preventivo fue la acción que la colectiva feminista La Marea de Tomé presentó en favor de las dos jóvenes acusadas de rayar en contexto de la marcha del pasado 8M, la primera comisaria de Carabineros en la provincia de Tomé de la región del Biobío. La demanda fue notificada por detectives de PDI con acciones, según señalan, hostigantes e intimidadoras.
Por Valentina Luza
La convocatoria del pasado 8 de marzo logró reunir miles de mujeres en diversos puntos del país, y específicamente en la provincia de Tomé logró reunir gigantescas masas de manifestantes donde se contabilizaron cerca de mil mujeres. En ese contexto, una de las intervenciones incluyó una performance donde mujeres pintaban sus manos y pies de color rojo, posicionándolas en los frontis de establecimientos institucionales.
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Tras cuatro meses de dicho suceso, dos jóvenes denunciaron ser víctimas de hostigamiento por parte agentes del Estado, quienes el pasado 2 de julio concurrieron a sus domicilios para notificar sobre una denuncia de Carabineros en su contra. Según indican, no cuenta con pruebas sustanciales ni fidedignas para sostener la demanda, ni un registro por el que se les pueda inculpar fehacientemente.
Una de las afectadas comenta que, al asistir a PDI para solicitar mayor información sobre la causa y hablar con un oficial, este “me mostró dos fotografías en las que no aparezco y un video que no logró reproducir en su computador, donde, presumo, tampoco aparezco, porque yo no participé ni asistí de los hechos presentados en las fotografías ni en la intervención artística”, agregando que se le incita de paso, a entregar nombres sobre las participantes.
Es por ello que ambas recurrieron a solicitar un recurso de amparo preventivo. Julieta Muñoz, participante de la colectiva La Marea, detalla que tiene como fin resguardar la integridad de las afectadas y poner cese a las acciones de agentes del Estado consideradas como ilegitimas que quebrantan sus libertades personales como ciudadanas.
Asimismo, consideran desde la organización sostienen que hechos de esta índole responden a “una persecución y búsqueda de criminalización del movimiento feminista”, que va de la mano al accionar de Carabineros hacia las reivindicaciones sociales que han sucedido de manera recurrente a desde estallido social del año pasado.
En tanto, el Ministerio Público rectificó que la identidad de las jóvenes indicadas como presuntas sospechosas, fue gracias a la denuncia entregada por parte de Carabineros. Sin embargo, la Fiscal a cargo del caso, Sandra Véjar, enfatizó que se trata de una causa que aún se encuentra en curso de investigación.
