La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) en Chile presentó este mes la propuesta de modificación de la normativa sanitaria que permite relocalizar a los cultivos de salmón en Chile. 

Ambientalistas nacionales e internacionales como Centro Ecoceanos, Centro de Conservación Cetácea y Red Manglar Internacional se sumaron a un pedido de comunidades regionales del sur de Chile, dirigido a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de la reubicación de los centros salmoneros, la cual según los manifestantes no estaría respetando las normativas, ambientales, sanitarias, de concesiones acuícolas y de Pueblos Originarios. 

“Alertamos a la opinión pública y organizaciones ciudadanas sobre las crecientes presiones de las grandes compañías salmoneras sobre el gobierno y la Subsecretaría de pesca para que se autorice administrativamente la reubicación de centros de cultivos de salmónidos altamente contaminados e infectados, a nuevos y ventajosos sitios costeros del sur de Chile, los que se encuentran sanitaria y ambientalmente limpios. 

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, en cambio, sostuvo que “la facultad a la SUBPESCA para relocalizar las concesiones de salmón y trucha al interior de las agrupaciones de concesiones de acuicultura”, se realizó “considerando el resguardo de los aspectos sanitarios y medioambientales”, según su comunicado del 9 de octubre. 

Pablo Galilea, en relación a la relocalización destacó que “la propuesta fue valorada positivamente por la Comisión Nacional de Acuicultura (CNA)”, creada en 2012 como “ente consultivo en materias como regulaciones sanitarias y ambientales, modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el uso del borde costero y otros aspectos normativos que afectan a la industria en general”. 

El ente consultivo de CNA está compuesto por Javier Emilio Ovalle Andrade, en representación de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SALMONCHILE), René Salinas Blanco, de la Asociación de Industriales Pesqueros y Cultivadores Marinos A.G. (ASIPEC), Walter Eduardo Kaiser Alfaro, de la Asociación de Mitilicultores de Calbuco, 

El Gobierno chileno, a través de SUBPESCA indicó que además de la relocalización destinará a la acuicultura “un financiamiento histórico de 5.673 millones de pesos, con un total de 68 proyectos”, destacó Galilea, sosteniendo que esta suma de dinero será “de investigación en aspectos como ordenamiento territorial, oceanografía, medio ambiente, control de plagas, ámbito sanitario, evaluación socioeconómica de la salmonicultura y mitilicultura y el fomento de la acuicultura de pequeña escala”, informó SUPESCA. 

El documento de los opositores la normativa de SUBPESA advierte que” la actual normativa que regula a la industria salmonera, surgió con posterioridad a la mega crisis sanitaria, ambiental, productiva y social provocada por las malas e irresponsable prácticas de esta industria en la región de Los Lagos entre el 2007 y 2010 ( “crisis del virus ISA”) , la que significó pérdidas por cinco mil millones de dólares, la eliminación de 26.000 puestos de trabajo regional, y la destrucción irreversible del patrimonio sanitario y ambiental acuático regional”. 

A su vez agrega que “no ha existido ni una sola palabra de los representantes del Estado sobre la defensa de los bienes comunes y los intereses de la ciudadanía, comunidades costeras y pueblos originarios en el actual proceso de expansión de la industria salmonera”. 

El temor reside en que se repita en las regiones de Magallanes, Aysén, Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos, “el mismo modelo y malas prácticas que significaron la destrucción del patrimonio sanitario y ambiental del archipiélago de Chiloé”. 

“Llamamos a la opinión pública nacional e internacional a rechazar este nuevo intento de Salmón Chile, en complicidad con el Subsecretario de Pesca, de continuar transfiriendo sus crecientes costos de producción al bolsillo de los contribuyentes, medio ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades costera y pueblos originarios”, señala el documento. 

El Director del Centro Ecocénos, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, confirmó su apoyo a la carta abierta y declaración de los pobladores y representantes de las comunidades Mapuches, Lafkenches, Huilliches y Kaweskar, que se manifestaron “contra el opaco accionar del gobierno de Chile / Comisión Nacional de Acuicultura (CNA) en colusión con las grandes empresas salmoneras”. 

El Dr. Cárdenas comentó previamente a La Gran Época que mantiene su constante preocupación por la grave contaminación que existe en los centros de acuicultura chilenos ante el uso desmedido de antibióticos, pesticidas y otros productos químicos, sin acatar las normas sanitarias necesarias para evitar dañar a todos su alrededor. 

Hoy las salmoneras están sufriendo una crisis sanitaria, una contaminación documentada en estos últimos años y altos costos de producción. Un estudio del Nordea Bank confirmó que los costos de producción de los salmoneros en Chile son un dólar superior a los de Noruega, debido principalmente a los costos derivados de sus “malos estándares sanitarios”, según cita el documento de la comunidad chilena. Los altos costos y la contaminación tienen en crisis a las salmoneras del país.

Abuso de antibióticos, químicos y nuevas especies 

Las comunidades afectadas hicieron un llamado a detener la expansión del monocultivo que ocasionó una contaminación y mortandad en las zonas ocupadas actualmente. 

“Llamamos a detener e investigar la destructiva, excluyente e insustentable expansión de los monocultivos industriales de salmónidos tanto en las regiones patagónicas, donde entre otros actores, se ven amenazadas los intereses del pueblo Kawaskar, como en las áreas marino-costera, lagos y ríos precordilleranos de las regiones de Bío-Bío, Araucanía y Los Ríos, donde existen derechos e intereses del pueblos Mapuche y sus diferentes identidades territoriales Lafkenche, Pehuenche y Huilliche”. 

A su vez solicitaron a los Ministerios de Salud, Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Pesca, “investigar las implicancias sobre la salud pública y el medio ambiente del abusivo empleo de antibióticos, antiparasitarios, antifouling y otros químicos utilizados”. 

En este aspecto destacaron la situación actual de resistencia bacteriana y a los antiparasitarios que se propagaría a los nuevos sitios destinados. 

De acuerdo a la solicitud, ya se conoce que las industrias de salmón sufren altos niveles de infestación y crecientes cargas parasitarias del ecto-parásito denominado piojo de mar, o Cáligus rogercressery, además de crónicos brotes del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, en sigla inglesa), y la presencia del síndrome rickettsial, entre otros patógenos bacterianos y virales. 

“Lo anterior ha convertido a las empresas salmonera en "sujetos de alto riesgo", tanto en lo sanitario, ambiental, social como crediticio en Chile. Por esta razón, el sistema financiero nacional e internacional, ha decidido no entregar más préstamos a las empresas salmoneras”, destaca el documento. 

Sumado a que las empresas chilenas destinan el 98% de sus producciones de salmones y truchas a los mercados internacionales, en los próximos meses,” las cinco mayores compañías que cotizan en la bolsa de comercio de Santiago de Chile, deberán cancelar 600 millones de dólares, como parte de la renegociación de la deuda de 1.600 millones de dólares que tiene esta industria con sus bancos acreedores”. 

En su carta los pobladores creen que es coincidente el hecho que la Subpesca haya entregado en la reunión del CNA una propuesta de nuevos sitios costeros. 

“La anunciada reubicación de los centros de cultivo intensivo de salmón, se da en un contexto de absoluta falta de transparencia y de preocupante colusión entre el Estado y los “regulados del sistema”, denuncia el documento. 

En el documento además se denunció “la introducción de especies carnívoras exóticas bajo el control de los grandes grupos empresariales, compañías transnacionales y sistema financiero, el cual está destinado a satisfacer los intereses y demandas de los mercados internacionales y sectores de consumidores con alto poder adquisitivo”. 

“Exigimos que el cambio a la normativa que regula a los monocultivos salmoneros industriales que afecten los intereses y derechos de los pueblos originarios, deben ser sometidos a la consulta obligatoria de los pueblos originarios, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado chileno el 2009”, concluye el documento. 

A su vez sostuvo que las reubicaciones de centros de cultivo de salmones y truchas “son ilegales y fuera de todo control público”, y espera el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

Extraído de ECOCEANOS