Don Jorge Correa Sutil sostiene en su desmentido a mi columna de opinión “Un sutil correazo” que “todas las afirmaciones que me aluden en ese artículo son enteramente falsas”.

Lamentablemente, le salieron testigos directos al camino. Sostiene el ex abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Boris Paredes que “pueden preguntar a cualquiera de los que trabajábamos en el Programa. Jorge Correa no dejaba que pidiéramos autos de procesamientos ni que nos opusiéramos a las libertades (concedidas por los jueces a violadores de DD.HH)”.

Paredes agrega otro antecedente más grave aún. “El hizo un gran escándalo cuando pedimos los procesamientos de Pinochet”.

Sostiene que “nosotros, por nuestra cuenta y contra las instrucciones del subsecretario Correa, alegábamos para oponernos a las libertades de los militares. Después, también por nuestra cuenta, tuvimos que empezar a pedir procesamientos”.

Dice Paredes que “hubo que esperar que el subsecretario Correa estuviera fuera de Chile para presentar las solicitudes de procesamientos contra Pinochet en Operación Cóndor”.

Incluso, el abogado afirma que tuvo que alegar en tribunales por su cuenta “porque le habían concedido la libertad a Manuel Contreras, nada menos que a Contreras. Estábamos complicados por la reacción que tendría Correa”.

Magdalena Garcés es otra abogada que trabajó en ese programa cuando Correa era la autoridad máxima del organismo, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

“Nosotros teníamos una serie de limitaciones en el programa. No podíamos oponernos a las libertades que se concedían a tipos como Krassnoff (Miguel) o Contreras (Manuel). Tampoco podíamos pedir que los tribunales los mantuvieran en prisión preventiva”.

La abogada recuerda que “algo más fuerte aún, fue que no podíamos pedir procesamientos a los agentes de la DINA que estaban en nuestras causas. A veces teníamos que pedir a abogados que no eran del programa que los presentaran en tribunales, como Nelson Caucoto, Eduardo Contreras o Hugo Gutiérrez”.

Garcés añade que “todas esas limitaciones venían del subsecretario de Interior, Jorge Correa. Él era el superior del Programa de Derechos Humanos. Nuestras mayores restricciones las vivimos bajo la subsecretaría de Correa Sutil”.

Bajo el mando de Correa, Garcés expresa que “algo que fue impactante fue el tema de Colonia Dignidad. Recuerdo que teníamos preparada una solicitud de procesamiento (contra algunos colonos) y Correa, casi a gritos, dijo que cómo se nos ocurría hacerlo. Después, por la presión pública porque ya era impresentable, lo presentó la subsecretaría de Interior, pero no nos dejó hacerlo a nosotros”.

“Entonces, cuando el artículo de El Mostrador se pregunta si hubo una especie de protección a Colonia Dignidad, creo que no se está mintiendo”, concluyó la abogada.

La ex secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos de Interior bajo la tuición de Correa Sutil, abogada Raquel Mejías, tampoco tiene buenos recuerdos del ex subsecretario. Aunque dice que, al menos, “era caballero pero muy controlador. Yo me llevé muchos malos ratos con él”.
Manifiesta que, en el fondo, Correa “tenía una actitud muy conservadora de la forma como debía actuar el Programa. (…)

Era temeroso. De todas maneras, él tenía una conciencia mayor porque había vivido lo que era la violación de Derechos Humanos”. Agrega que “tampoco fue atroz” lo que se vivió en el programa con él.

Respecto de la actitud de Correa sobre Colonia Dignidad, la abogada aporta un antecedente. “Cuando ya se había destapado la olla en la Colonia, dos o tres colonos fueron al programa para ver si los podíamos ayudar. Ellos también habían sufrido la represión interna. Pero el subsecretario no se interesó en ello. No me lo prohibió, pero me dio a entender que ese tipo de cosas se iban a manejar por otros conductos”. Aunque sostiene que, ante la evidencia y el peso de los hechos por los crímenes cometidos por la dictadura, con el tiempo “Correa se fue abriendo”.

Como balance general en la actitud de los cuatro gobiernos de la Concertación en materia de las violaciones a los derechos humanos, la reflexión de la abogada es que “se conformaron con el Informe Rettig y su ampliación posterior, y dejaron la búsqueda de la justicia sólo en manos de los tribunales”.

El abogado de este programa, Cristián Cruz, llegó algo más tarde a trabajar en el organismo. Explica que las restricciones que Correa impuso al trabajo “eran vox populi en el programa. Las dificultades que él puso eran justamente las señaladas en el artículo publicado por El Mostrador”.

Cruz dice que Correa tuvo “una falta de interés en la adecuada persecución penal de los criminales de la dictadura, en particular respecto de Colonia Dignidad”.

El abogado Hugo Montero, también recuerda la mano de hierro con la que el ex subsecretario Correa controló prohibitivamente el trabajo del programa. Montero confirma lo que sus colegas declaran para esta contra-respuesta a don Jorge.

Cuando llamé al señor Correa como periodista de La Nación, no fue para una entrevista. Sólo era una consulta puntual. Recuerdo que era si sabía algo sobre rastreos del prófugo Paul Schäfer en movimientos bancarios. Como dije en mi columna, me llamó la atención por seguir investigando los crímenes de Colonia Dignidad. Fue una llamada breve. Han transcurrido al menos diez años. No pretenderá don Jorge que tenga la grabación de aquello, como lo dice en su respuesta. Si hubiese sabido cuál sería su notable reacción, quizás lo habría grabado. Guardo decenas de grabaciones de entrevistas.

Trabajé 17 años en La Nación metido en las patas de los caballos. Era y sigue siendo mi pasión que agita el corazón, aunque lleve años en el periodismo. Jamás fui enjuiciado por mentir, injuriar o calumniar. Un orgullo. Cuando quisieron desmentirme, siempre perdieron. Entonces, don Jorge no se constituirá en mi profesor de ética.

Un sutil correazo