Represión, mentiras y montajes: Los hechos en la ruta Cañete-Tirúa
En Editorial
Distancia entre el cruce Peleco y San Miguel: aprox 5.77 km. Mapa: MAPS.ME[/caption]
Junto con la reiteración de las demandas históricas de recuperación de las tierras que han desarrollado por décadas, la manifestación expresaba el repudio a la militarización del Wallmapu, el rechazo a la declaración de estado de excepción y a la masiva presencia de tropa uniformada sobre territorio mapuche.
El cruce Peleco se encuentra ubicado unos 10 kilómetros al sur de Cañete y 60 kilómetros al norte de Tirúa. En ese punto la ruta se bifurca hacia el sureste en dirección a Contulmo y hacia el suroeste en dirección a Tirúa. En ese lugar, los mandos militares del estado de excepción tienen establecidos puestos de guardia en donde personal policial y militar se encuentran apostados efectuando controles y vigilancia.
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Distancia entre San Miguel y Huentelolén: aprox 4.16 km. Mapa: MAPS.ME[/caption]
Esa mañana los manifestantes se congregaron en el referido cruce en donde increpan y acosan a las huestes represivas allí apostadas. La masiva manifestación obliga a las fuerzas uniformadas de la Armada y de Carabineros a abandonar sus posiciones de control en el cruce Peleco y replegarse hacia la ciudad de Cañete. El cruce permanece tomado por los manifestantes, pero estos no cortan la carretera ni impiden el libre tránsito por la ruta sino que sólo hacen presencia en el lugar. Luego de unas horas, los manifestantes comienzan a disolverse iniciando el camino de regreso a sus comunidades.
Sin embargo, mientras transcurría la marcha, en un predio que permanecía con resguardo policial en el sector de San Miguel, ubicado unos diez kilómetros al sur del cruce, en las cercanías de Huentelolén, tropas uniformadas de la Armada realizan un control de detención del comunero de nombre Nicolás Llempi, de 21 años, el cual es detenido y llevado a Cañete.
Posteriormente, en las declaraciones oficiales, el detenido es acusado de portar un arsenal de armas de guerra en un vehículo y de eludir el control policial de las fuerzas de la Armada. Las mismas fuerzas uniformadas que, según Piñera, no estaban destinadas a realizar labores policiales. Un par de días después, la Fiscalía dejó en libertad al detenido porque sólo fue aprehendido por el arbitrio de poder de una tropa uniformada destinada a hostigar, amedrentar y reprimir a la población mapuche.
Aproximadamente a las 16:00 horas, se produce un incidente entre fuerzas militares que mantenían un puesto de vigilancia y un grupo de manifestantes mapuches que regresaban a su comunidad. Este hecho ocurre junto a la ruta, próximo al cruce Colo Colo, unos cinco kilómetros al sur del cruce de Peleco. El incidente se expresó en increpaciones a los uniformados, en insultos y confrontaciones verbales, reiterando la contienda de lo sucedido en la reciente manifestación.
Allí es donde los infantes de marina reaccionan disparando a mansalva sobre la población civil, alcanzando con sus disparos varias casas de familias mapuches. Al interior de una de estas viviendas, en el patio de su casa, resulta herido por la balacera uniformada Yordan Llempi Machacan, hermano del comunero detenido en horas de la mañana de ese día.
Simultáneamente, las tropas uniformadas habían dispuesto barreras de control en la carretera, tanto frente al lugar de los hechos mencionados como en puntos anteriores hacia el norte, es decir, hacia Cañete. Estas barreras y puestos de control son el origen de una congestión y taco vehicular que comienza a producirse en la ruta, en ambos sentidos.
La familia y miembros de la comunidad intentan trasladar al joven herido hacia un centro asistencial a bordo de un vehículo. Sin embargo, los autos y micros que circulaban por la ruta son atacados a balazos por las tropas de la infantería de marina que parecían empeñadas solamente en disparar sobre la población y todo lo que se moviera.
Existen imágenes y videos que dan cuenta de este momento, incluido el instante en que infantes de marina, desde la carrocería de camiones militares en movimiento, disparan sobre vehículos de civiles que estaban atascados. José Huenchuleo, un conductor que estaba en el taco, fue así herido por uniformados que disparaban sin sentido ni razón. Cabe destacar que una madre y su hija viajaban en el vehículo de Huenchuleo al momento del ataque. También es alcanzado por los disparos de la infantería uniformada el comunero Claudio Iván Porma que se encontraba refugiado en un paradero de micros.
Uno de los vehículos y conductores civiles afectados es el que transportaba al joven herido. En momentos posteriores a estos incidentes en la ruta, grupos pequeños de personas que venían a pie de regreso desde el cruce de Peleco, son testigos de la detención del padre de Yordan Llempi y de un menor de aproximados 16 años de edad, quienes fueron sacados violentamente desde sus casas y detenidos por los efectivos uniformados.
Varios videos y fotografías captados por los propios civiles que se encontraban en el taco son un fiel testimonio de esta agresión a mansalva y criminal efectuada por las tropas de la Armada. Testigos, que directa e indirectamente resultaron afectados por esta agresión uniformada, señalan que otros infantes de marina, que se encontraban apostados en posiciones de altura al borde de la ruta, también efectuaban disparos hacia la población civil.
Al conocer de la agresión ocurrida en la comunidad de Huentelolén y los disparos sobre los vehículos, muchas personas comienzan a descender de los vehículos en que se transportaban y se dirigen a increpar a las fuerzas militares por el irracional actuar que estaban cometiendo. No obstante, estos manifestantes circunstanciales son atacados y dispersados con gases lacrimógenos y ráfagas de balas, evidentemente disparadas al aire.
Una vez efectuadas estas nuevas detenciones, los uniformados desbloquean la carretera y abren el paso sólo hacia el sur, hacia Tirúa, hasta donde deben ser llevadas las personas heridas. Esto es a más de 50 kilómetros de donde ocurrieron los hechos y hacia un lugar donde solamente hay un Cesfam. En circunstancia que el Hospital de Cañete queda a solo 15 kilómetros al norte del lugar de los hechos, a no más de diez minutos y es un recinto mucho más capacitado.
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Distancia entre San Miguel y Cesfam de Tirúa: aprox 52.24 km. Mapa: MAPS.ME[/caption]
Esta evidente actitud criminal de negación de auxilio redunda en la muerte de Yordan Lliempi, pues fallece a poco de arribar a Tirúa. Por las limitaciones sanitarias propias de un Cesfam, los demás heridos que fueron llevados hasta este recinto en Tirúa, debieron ser trasladados de inmediato hacia el Hospital de Temuco para recibir la atención médica adecuada. Otros 150 kilómetros de desplazamiento, que mantienen a Iván Porma aún debatiéndose entre la vida y la muerte; José Huenchuleo
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Distancia entre el Hospital Kalvu Llanca de Cañete y el cruce Peleco: aprox 9.72 km. Mapa: MAPS.ME[/caption]
Los efectivos militares de la Armada y policiales de Carabineros no tuvieron reparos para llevar personas detenidas hasta Cañete, pero se negaron a permitir el traslado de las personas heridas hacia el hospital de esta ciudad. Ése es el efecto directo e inhumano de la grotesca guerra de Piñera. Los mismos uniformados que atacaron a los civiles impiden que estos reciban auxilio; Yordan Lliempi pudo haber sido asistido mucho antes y en condiciones mucho mejores, que tal vez pudieran haberle salvado la vida (eso lo debiera determinar con exactitud la autopsia de rigor), pero sin dudas fue impedido por los uniformados de recibir atención oportuna. Estos mismos uniformados no tuvieron reparos en permitir el traslado del cadáver del joven asesinado hasta el Servicio Médico Legal de Concepción.
Los heridos son personas habitantes de la comunidad atacada, del lugar donde se produjeron los hechos; es decir, comuneros que levantan las mismas demandas del pueblo mapuche, que luchan por sus exigencias, que rechazan la invasión militar, pero los hechos demuestran que nunca hubo emboscada sobre las fuerzas uniformadas, nunca hubo enfrentamiento ni los uniformados fueron atacados por ninguna fuerza miliciana. Sólo fueron interpelados por un pueblo que se siente invadido y atacado por los defensores de los poderosos empresarios civiles que han invadido los territorios, usurpado las tierras y atacado las costumbres e historia de un pueblo.
Luego de esta insólita y absurda agresión uniformada, tanto el Gobierno como los mandos de la Armada se esmeraron por montar un escenario de guerra para encubrir su cobardía y criminal accionar. No por casualidad sino como una resultante de esta farsa, la Fiscalía decidió liberar casi de inmediato y sin cargos a los comuneros detenidos por las exaltadas tropas de la Armada; es así que Nicolás Llempi Machacan, Kevin Santis Cárdenas y el menor de 15 años F.J.P.P. fueron dejados en libertad por la Fiscalía, un órgano cuasi represivo que tradicionalmente se hace parte ciegamente de las declaraciones o informes de las fuerzas represivas, esta vez, no quiso ser parte del circo grotesco y criminal de la guerra de Piñera.
No hay razón formal ni aparente que explique o justifique en modo alguno este uso tan abusivo y desproporcionado de la fuerza en contra de población civil desarmada. No hay tampoco razón legal que justifique el uso desproporcionado de la fuerza en contra de civiles aún en el supuesto que éstos estuviesen armados, que no fue de ninguna manera este caso. Este ataque demencial sólo puede explicarse por lo demencial de la medida de imponer un estado de excepción para movilizar contra el pueblo a tropas instruidas por mandos deformados por doctrinas de odio hacia sus propios connacionales; doctrinas que encubren hasta afanes de represalias de casta mafiosa por la vergüenza de haber sido desalojados por una turba civil desde el puesto de control de Peleco.
Piñera debe llevarse de vuelta los militares a sus cuarteles, terminar con su utilitaria guerra empresarial en el Wallmapu y limitarse a sus decorativas funciones de gobierno derrotado y fracasado. El Congreso debe dejar de hacerse cómplice de esta felonía política de la derecha y poner fin al imperio de los estados de excepción que usa el Gobierno para imponer sus caprichos y defender mezquinos intereses empresariales.
Resumen
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