Por: Darío Aranda
Comunidades indígenas, académicos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación comunitarios se expidieron contra la política represiva del gobierno nacional contra los pueblos originarios y pusieron de relieve que la disputa es por los territorios. “No fue un enfrentamiento, fue una cacería”, sintetizaron los académicos nucleados en la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, en referencia al operativo que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel en Río Negro. Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), que sufre el aumento represivo desde el avance de las petroleras en Vaca Muerta, hizo un llamamiento urgente “a parar el rumbo de muerte que plantea el Gobierno”.
La Confederación recordó que horas previas a la represión en Bariloche se había acordado una mesa de trabajo para buscar una solución consensuada y el Gobierno decidió unilateralmente avanzar con violencia. Ante el discurso que acusa de “no respetar la ley” a los mapuches, la CMN recordó la vigencia del Convenio 169 de la OIT (de rango superior a leyes locales) y de la Constitución Nacional, que el Estado argentino viola. Recordaron la necesidad de reparación territorial, la gestión conjunta de los recursos naturales y la imprescindible necesidad de consulta previa como establece la ley. “Exigimos que el Gobierno detenga esta maquinaria represiva.”
La asamblea de la organización Qopiwini (pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) repudió la represión e instó al “Estado nacional a dejar el camino de la violencia y comenzar el diálogo para encauzar el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes”.
El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina (creado por decreto del Presidente, por exigencia indígena, y que tiene como referente a Félix Díaz) también se expidió con su “más enérgico repudio por el desalojo violento ocurrido en Bariloche. Vemos con mucha tristeza que el Estado elija el camino de la violencia para resolver estos conflictos, instamos a retomar el camino del diálogo”.
La Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina trabaja desde hace más de diez años en el estudio del proceso represivo que sufren los pueblos originarios desde la conformación misma del Estado. En base a pruebas históricas, confirmó la existencia de campos de concentración luego de la Campaña del Desierto, secuestros, torturas y robos de bebés. Cuando se conoció la represión a la comunidad Lafken Wunkul Mapu, la Red denunció que en el desalojo hubo extrema violencia contra mapuches, con mujeres precintadas, niños detenidos, destrucción de casas y balas. Luego del asesinato de Rafael Nahuel, emitió un comunicado: “Esto no fue un enfrentamiento como dicen los medios: esto fue una ‘cacería’, se sale a cazar indígenas como a animales. Esto no es un accidente trágico; lo que sucedió fue buscado. Ser mapuche, ser joven y luchar por el territorio son hoy atributos que, a los ojos de este Estado, te hacen merecedor de una bala”.
El Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA denunció que “la gestión actual del Ministerio de Seguridad lleva adelante un proceso de demonización y estigmatización” contra el pueblo mapuche. Y puntualizó que el contexto de las represiones se debe a “la gran avidez especulativa que van cobrando los territorios patagónicos ante el avance voraz de las políticas neoextractivistas”.
También repudiaron la represión y exigieron justicia por el asesinato de Rafael Nahuel el Serpaj, el Movimiento Campesino Indígena, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, la Red de Acción Ecologista y otras organizaciones.
