El haber dejado atrás el año 2020 y dar comienzo a un nuevo año, no es sinónimo que hayamos superado las cargas y problemas que quedaron abiertos del año que recién terminó. Salvo la pandemia del Covid-19, el resto de los males de nuestro país vienen produciéndose por más de tres décadas al punto que desencadenaron el brote de hartazgo en octubre de 2019, traduciéndose en el gran Estallido Social de los últimos decenios. Tanto los males de la pandemia como las demandas del brote de rebelión popular siguen sin resolverse y, por el contrario, plantean la necesidad de seguir resistiendo para conseguir derrotar a la enfermedad que continúa amenazando la vida y la salud de la población chilena y, en simultáneo, seguir luchando y resistiendo para cambiar definitivamente las características despóticas e injustas de un sistema instalado por la dictadura militar y heredado desde esos tiempos. El presente es de desafíos y hay que resistir, que esto sigue.
Uno de los más grandes flagelos que produce y ha consagrado el modelo económico y el sistema de dominación vigente es la grotesca desigualdad estructural que afecta a la sociedad en su conjunto. La situación sanitaria de pandemia puso de manifiesto y aumentó los efectos criminales de esta desigualdad social que se funda en la protección y salvaguarda de los detentores del poder y la riqueza, al tiempo que se imponen sus arbitrios y privilegios, en desmedro de la gran masa trabajadora y de los sectores vulnerados de nuestra sociedad; la explotación y el abuso patronal sostienen un esquema de crecientes diferencias y segregación que la pandemia sanitaria no hizo más que desnudar por completo, profundizando lo que ya había expuesto el Estallido Social con sus demandas y exigencias.
Sin embargo, la pandemia no solo dejó expuesta la desigualdad extrema y el abuso constante, sino que fue utilizada por los detentores del poder y la riqueza para profundizarlos aun más. Mientras el gobierno de Piñera se ha empeñado en desarrollar una política de pandemia basada en la protección del gran empresariado (él mismo incluido), ha dejado al pueblo en el total desamparo; la cesantía, la falta de regulaciones y límites al abuso patronal, el aumento del costo de la vida, el desmedro de las condiciones y calidad de vida de la población, son algunas de las características que agravaron los efectos perniciosos de la insuficiente, inepta y mercantil política sanitaria del Gobierno. Los costos materiales y económicos de la crisis sanitaria, y los costos en vidas humanas, fueron dejados caer sobre las espaldas, sobre la salud, y sobre la vida de la masa trabajadora, de la ciudadanía, de la población del Chile real. A la par de ello, el pueblo mayoritario sufría el abandono de parte del Gobierno y del Estado debido a la carencia de una política social que otorgue protección a las trabajadoras y trabajadores, a los más necesitados, a los carenciados, a las grandes mayorías de la población.
Mientras esto ocurre en el país real, en el país de la burbuja los privilegiados dueños del poder y la riqueza donde vie Piñera, continuaron aumentando su patrimonio, sumando ganancias y acrecentando sus arcas en plena crisis sanitaria y a costas de la población chilena. Los más ricos siguieron haciéndose más ricos en el año de la pandemia; el poder de los pocos siguen dando frutos financieros y privilegios desmedidos en desmedro de las mayorías. Dado que su función como presidente de este país parece estar destinada a satisfacer al gran empresariado y gobernar en su beneficio, Piñera puede decir que ha tenido un buen año y ha ejercido un buen gobierno puesto que su oasis sigue intacto, flotando en las esferas del país de fantasía de los poderosos, acrecentando en plena pandemia la aberrante desigualdad entre los pocos habitantes de la burbuja del poder y el resto del país.
Una muestra grosera de esta desigualdad la consigna el Diario Financiero de la última semana de diciembre el que informa que, según el ranking Forbes, los grupos empresariales de Luksic-Iris Fontbona, Julio Ponce Lerou, Sebastián Piñera, Roberto Angelini, Álvaro Saieh, son algunos de los que aumentaron su patrimonio durante el año 2020, los que más se enriquecieron en plena pandemia, mientras el pueblo sufría las consecuencias de ambas plagas: del SARS-CoV-2 y de la desigualdad.
A costa de la masa trabajadora, de todos los habitantes del país real, es que los grandes empresarios han construido su imperio. Aún en plena pandemia han continuado los abusos, la explotación y las ganancias; usufructuando de las regalías que les ofrece el gobierno, o más bien, la gerencia empresarial instalada en La Moneda, de regalías impositivas y exenciones tributarias, fabricadas y acondicionadas a propósito por una clase política servil, complaciente, cuando no directamente comprada por los grupos empresariales detentores del poder. Para estos sectores empresariales no hay pandemia, no hay crisis, no hay dramas, sólo gestión mercantil y las franquicias aseguradas desde su gobierno. El resto del país que se joda, no importa mientras consuma, se endeude, se someta.
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Al aplastante flagelo de la desigualdad con que se inicia este año 2021 se agregan las preocupaciones por el desastroso manejo gobernante de la pandemia del coronavirus. Y se avizora un desastre de proporciones aun mayores y más lamentables en los meses venideros debido al equivocado tratamiento del Minsal de lo que debiesen ser medidas preventivas. En la práctica, toda la política sanitaria del Gobierno se ha convertido en una serie de medidas permisivas que sólo facilitan la propagación de la enfermedad, al tiempo que no se observan cambios ni mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo y de equipamientos de los servicios de salud pública. La temida segunda ola, para beneplácito del ministro París y su mandante, ya está asomando a la vuelta de la esquina. El sistema público de salud se encuentra de nuevo al borde del colapso, las cifras de contagiados y de personas fallecidas vuelven a registrar números de hace seis meses, y la prevención sigue siendo un completo fracaso. Por si no bastara, la llegada y aplicación progresiva de la vacuna está siendo utilizada como factor de propaganda política y de publicidad comercial por el Gobierno, pretendiendo dar una falsa señal en cuanto a que están haciendo las cosas bien, y de que vamos saliendo del acoso del virus, para así incentivar el consumo y mantener las tasas de ganancia que les reporta la economía.
Al cumplirse 10 meses del inicio de la pandemia en el país, el agravamiento de la situación sanitaria es inevitable a raíz de los continuos desaciertos del Minsal y los gobernantes. No se concretaron los deseos de Mañalich de que el virus mutara y se “convirtiera en buena persona”, ni los emplazamientos directos que Piñera hizo al virus para que éste abandonara el país, y el esfuerzo principal del ministro Paris siguen enfocado en proteger la imagen de su errático jefe en lugar de asumir la desastrosa realidad generada por su labor, continuadora de la deplorable gestión de Mañalich.
El objetivo de utilizar la pandemia para frenar el Estallido y aplastar la rebelión popular, sigue siendo un interés político decisivo para la derecha y los ocupantes de La Moneda. El Gobierno y el Minsal se han especializado en gerenciar la propagación de la pandemia cual si se tratase de un indicador más de los parámetros de los ministerios de Hacienda o de Economía. Pareciera haberse establecido la práctica de “tener” una determinada cantidad de contagiados y una cierta cantidad de víctimas fatales para “mantener” controlada la situación, esto es, mantener a la población en condiciones de vulnerabilidad y preocupada tan sólo de cuestiones esenciales de sobrevida y de salud.
La utilización de la pandemia se suma a los desenfrenados afanes por trastocar los objetivos levantados por la población chilena movilizada y por alterar el sentido del proceso constituyente. A la represión como método principal y prioritario, el Gobierno y la clase política han sumado esfuerzos de toda naturaleza para arrebatar al pueblo las demandas surgidas del Estallido y las conquistas que de allí se han ido perfilando. El objetivo de Asamblea Constituyente fue limitado a una Convención sujeta a normas absurdas y criterios despóticos tendientes a evitar, reducir o pervertir las transformaciones exigidas. La clase política en su conjunto se ha esmerado en levantar un cerco leguleyo, en establecer limitaciones a la democracia, en secuestrar el proceso constituyente, secuestrando una vez más la soberanía del pueblo.
La derrota sufrida en el plebiscito de octubre por los defensores del poder y del sistema les ha llevado a inventar nuevos mecanismos para coartar la democracia popular, frenar la participación de los independientes, condicionar la participación de los pueblos originarios, impedir el ejercicio de derechos de la población nacional radicada en otros países, organizando el desembarco de las viejas carroñas de la podrida clase política institucionalizada en el nuevo proceso, ejerciendo coacción y coerción electoral, alistándose a invadir la constituyente para seguir cumpliendo su labor de sirvientes protectores del sistema. No quieren aceptar ni convencerse que el pueblo chileno ya declaró la defunción de la constitución dictatorial y con ello de toda la autocracia y podredumbre que ha generado por 40 años.
De modo que este 2021 viene recargado de cuentas pendientes y objetivos por lograr. Seguir bregando en las calles y desde las organizaciones sociales, a pesar del virus, del Gobierno y su represión, será una de las cuestiones esenciales para que el pueblo no pierda de vista los objetivos por los que se alzó en movilizaciones a fines de 2019. El fin de la constitución dictatorial pinochetista está sellado. Si bien el proceso constituyente está en marcha, éste no se detiene con la elección de los delegados a la convención en abril próximo, ni se detiene durante el desarrollo de las sesiones de trabajo de los constituyentes, ni con la presentación o propuesta final del trabajo constitucional dentro de un año, ni siquiera se detiene cuando se zanje la respuesta soberana del pueblo respecto de si aprueba o rechaza la propuesta de Carta Magna que los constituyentes tienen que presentar al veredicto ciudadano en el plebiscito de salida.
El pueblo está obligado a cuidarse del virus para que este gobierno no logre sus propósitos destructivos. El proceso de luchas sociales y populares seguirá librándose en las calles puesto que el pueblo, la ciudadanía en su conjunto, los no súbditos, son los únicos garantes de que los objetivos surgidos en las luchas sociales del Estallido y de antes de éste, se vean plasmados, reflejados y respetados en el texto, en el contenido, en el espíritu, del nuevo ordenamiento constitucional que Chile reclama. Esto sigue.
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