Resumiendo

Gobierno represivo: impunidad policial.

“La nueva forma de gobernar” fue el slogan publicitario con que se instauró el gobierno de Piñera. Sin embargo, la mentada nueva forma ha estado basada en la vieja costumbre de reprimir. La principal característica de esta administración ha sido el recurrente uso de la represión como instrumento de relación con la sociedad movilizada. Esta actitud represiva ha ido en aumento en la misma proporción en que las encuestas han expresado el rechazo ciudadano hacia la gestión y la persona del gobernante, a sus ministros y a su coalición política. Pero esta dinámica ha adquirido caracteres virulentos y peligrosos cada vez que la ciudadanía se ha expresado en reclamo de demandas específicas, o haciendo exigencias que afectan los pilares de sustentación de un modelo económico discriminador, desigual y abusivo, o se ha expresado en contra de un sistema político excluyente y no participativo.

Desde hace poco más de un año, en brazos de la llamada Ley Hinzpeter, el gobierno busca instalar un cuerpo represivo afín con sus definiciones ideológicas, acorde con sus necesidades políticas y determinado por sus objetivos económicos. Con ese proyecto de ley el gobierno intenta imponer restricciones y limitaciones a las manifestaciones públicas, imponer drásticas prohibiciones a las libertades y derechos cívicos de los ciudadanos, y criminalizar la participación política de los manifestantes. La ley Hinzpeter continúa siendo un proyecto en trámite en el parlamento. Pero, desde su anuncio y aún antes, el gobierno ha generado una dinámica represiva que ha ido en aumento y está adquiriendo ribetes demasiado al límite de lo que se concibe como la gestión democrática de gobernar, o dicho en otras palabras, los propios gobernantes se han puesto al margen de la ley, del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.

El actual Ministro del Interior, Andrés Chadwick, sucesor de Hinzpeter, simplemente se ha dedicado a construir un Estado de derecha, basado en la opresión ciudadana y supresión de libertades. El gobierno y el mencionado Ministro, en forma pública y descarada, se han ocupado de otorgarle carta blanca y “chipe libre” a los sistemas policiales para reprimir a destajo, libremente, sin limitarse en medios, recursos, ni marcos legales.

Tales libertades y respaldos gubernamentales a los excesos y abusos policiales ha llegado a traducirse en detenciones ilegales, en el secuestro de manifestantes por efectivos policiales, en la aplicación de torturas y el uso de métodos de tortura contra los detenidos; en el último tiempo también se ha producido el atropello y secuestro de Observadores de Derechos Humanos, cuya labor es precisamente vigilar que los entes policiales no incurran en excesos y prácticas ilegales.

Esta decisión gubernamental de otorgarle carta blanca a los cuerpos policiales ha llevado incluso a que estos últimos se suban por el chorro de la impunidad y atropellen a entidades del poder judicial, agrediendo físicamente a fiscales y burlándose de jueces. Práctica que no se veía desde los tiempos de la dictadura. Las señales permisivas que las policías reciben desde La Moneda obviamente se traducen en una “vulneración de los principios básicos del Estado de Derecho”, como la calificó la Asociación Nacional de Magistrados y la Asociación de Fiscales del Ministerio Público a raíz de estos atropellos.

En un año electoral, o en un año normal, esta espiral represiva adquiere dimensiones preocupantes a las que debe ponérsele freno y atajo. La clase política no puede seguir haciéndose la sorda y actuando como cómplice de estos graves sucesos represivos. Desde el término de la dictadura en nuestro país tiene vigencia la prohibición absoluta de torturar, y desde el 2010 el Estado de Chile asumió la obligación legal ante las Naciones Unidas en la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que Chile suscribió y ratificó.

La ciudadanía debe permanecer alerta y no dejarse amedrentar por un gobierno que solo sabe aplastar lo que no se le somete. Un gobierno que ha estado más preocupado de reprimir a la ciudadanía por los reclamos que levanta, que de resolver las necesidades y problemas de la población que motivan o están en el origen de dichos reclamos. Lo único positivo del actual panorama es que entramos al último año de una gestión gubernamental deplorable y detestable.