Mientras en Chile, Puerto Rico y otros países los estudiantes universitarios salen a las calles a rechazar la privatización de sus casas de estudios y a exigir educación pública y gratuita, en Venezuela se vive lo contrario: las autoridades de la principal universidad pública del país, la Universidad Central de Venezuela, se reunieron con la embajada estadounidense en Caracas para quejarse por un nuevo sistema implementado por el gobierno venezolano, que favorece el ingreso de jóvenes provenientes de los sectores más desposeídos.

Así lo revela uno de los múltiples cables enviados desde la citada embajada, publicados por Wikileaks el pasado 30 de agosto. El cable, titulado "La universidad líder de Venezuela enfrenta presión del gobierno", señala que "la Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dra. Cecilia García Arocha, y administradores de alto nivel de la universidad se reunieron con la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada (PAO) el 5 de agosto (de 2009) y discutieron la Ley de Educación propuesta en la Asamblea Nacional, y la presión política enfrentada por la universidad más reconocida e independiente del país."

Ver comunicado en Wikileaks (en inglés): http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CARACAS1034.html

Además de la rectora García Arocha, también acudieron a la reunión la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), Sara Levy; el vicerrector académico Nicolas Bianco, y el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez.

Si bien el motivo principal de la reunión era mostrar su disconformidad con un proyecto de Ley de Educación (que, entre muchas otras reformas, permitiría a empleados y obreros de las universidades votar por las autoridades, y que iguala el voto de los estudiantes y los profesores), llama mucho la atención la forma cómo estas autoridades denigraron de estudiantes que ingresaron por el nuevo sistema de admisión implementado por el Ministerio de Educación Universitaria, que aumenta significativamente la presencia de jóvenes de sectores populares dentro de las universidades.

Según el cable, la decana Levy y el vicerrector Méndez aseguraron que el 30% de los nuevos ingresos a la universidad son "asignados" por el gobierno, y no pasan por el sistema de admisión de la universidad. Según dijo la decana de FACES a la embajada, "esos estudiantes tienden a ser pro-gobierno (...) muchos no están listos para el rigor académico de la UCV, y abandonan después de unos semestres. 'Es un mal servicio a estos estudiantes', dijo la Rectora. Levy notó que, aún cuando los estudiantes de la UCV siempre han sido políticamente activos, la diferencia es que estos estudiantes vienen a la universidad tras haber sido entrenados como activistas políticos por grupos partidarios del Presidente Chávez, sin la preparación académica necesaria".

Para entender el porqué de este ataque a jóvenes de escasos recursos por parte de las máximas autoridades de una universidad pública y gratuita, hay que entender lo que ocurrió en las universidades venezolanas en los años 1980 y 1990.

Universidades implementaron sistema de admisión que excluyó a jóvenes pobres

Diversos estudios independientes destacaron que, desde los años ochenta, la proporción de estudiantes provenientes de familias con altos ingresos (clase media y media-alta) aumentó en universidades públicas y gratuitas, como la UCV y la Universidad Simón Bolívar, mientras que la proporción de estudiantes provenientes de sectores populares descendió considerablemente.

Esto se debió a que las universidades públicas crearon exámenes de admisión o "pruebas internas", que tendían a favorecer a estudiantes de las clases medias y medias-altas. Estos jóvenes generalmente provenían de liceos privados que -como regla general- brindaban mejor formación académica que la mayoría de los liceos públicos. Además, muchos de estos jóvenes pagaban cursos propedéuticos en academias privadas, que los formaban para presentar estos exámenes de ingreso en las universidades.

De esta forma, la mayoría de las y los estudiantes pobres eran excluidos de las universidades públicas, lo que aumentó la brecha entre ricos y pobres.

El gobierno de Hugo Chávez, consciente de que casi un millón de jóvenes del país no tenían acceso a la educación universitaria, creó paulatinamente desde 2002 una serie de universidades públicas para resolver el problema, entre ellas la Universidad Bolivariana de Venezuela, que atiende actualmente a unos 200 mil estudiantes, y la Unefa, que tiene 235 mil. Chávez también apoyó la ampliación de otras universidades experimentales, como la Simón Rodríguez (con más de 200 mil estudiantes), la Rómulo Gallegos y la Experimental de los Llanos. Todas ofrecen educación universitaria gratuita.

La Universidad Central de Venezuela, que fue fundada en 1721 y tiene autonomía académica, atiende a unos 54 mil estudiantes en pregrado, si bien tiene un fuerte desarrollo en las áreas de investigación y extensión.

Según el cable de la embajada, el vicerrector Méndez y la decana Levy denigraron de las universidades que ha creado el gobierno bolivariano para dar acceso a la educación universitaria a cientos de miles de jóvenes. Dijo Méndez: "el gobierno de Venezuela está asignando recursos a nuevas universidades pro-gobierno, algunas de las cuales ni siquiera tienen campus o sedes físicas. 'Esas universidades reciben fondos', dijo Sara Levy, 'pero los estudiantes no están aprendiendo nada y están muy frustrados'."

Este ataque ofende a decenas de miles de egresados de las nuevas universidades creadas por el gobierno, que, si bien pueden tener fallas y presupuestos relativamente pequeños, sin embargo les han permitido tener una formación universitaria que las otras casas de estudios públicas les negaron.

Mentiras en torno al presupuesto

Las autoridades universitarias, curiosamente, también mintieron a la embajada estadounidense en torno al presupuesto recibido por la UCV en los años 2008 y 2009. Nicolás Bianco, vicerrector académico de la universidad, aseveró que "este año (2009), el presupuesto de la UCV fue recortado en 6 por ciento por el gobierno de Venezuela, que está basando sus asignaciones presupuestarias en el número de estudiantes de la institución, en vez de hacerlo por el tipo, nivel o calidad de su educación".

Es necesario señalar que, si las afirmaciones de Bianco fueran ciertas, universidades públicas como la UNEFA, la Universidad Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) recibirían presupuestos mayores que la UCV, dado que tienen más estudiantes. Todo lo contrario, la UBV, que atiende unos 200 mil estudiantes de pregrado, tuvo un presupuesto en 2009 de BsF. 205 millones. Sus docentes han solicitado incrementos en el presupuesto para poder mejorar las instalaciones e iniciar proyectos de investigación y extensión.

La UCV es la universidad pública venezolana con mayor presupuesto, aún cuando no es la que tiene más estudiantes (54 mil estudiantes de pregrado en 2009; la Unefa, también pública, tiene más de 235 mil estudiantes). El presupuesto de la UCV para 2008 fue de Bs. 654 millones. Para 2009, el año en el que Arocha y sus colegas visitaron la embajada estadounidense, fue de Bs. 1.010 millones, un aumento de 54% con respecto al año anterior, y que excede la inflación venezolana, que tiende a ser del 25% anual.

La ley de Educación

Según el comunicado de la embajada estadounidense, "García Arocha indicó que la UCV lideraba un grupo de educadores y estudiantes para intentar detener la aprobación de la Ley de Educación, de la cual el ministro Héctor Navarro dijo que debía ser aprobada antes del inicio del nuevo año escolar en septiembre (de 2009)", dice el cable, que asegura que la universidad ha sufrido recortes en su presupuesto.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) fue aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial el mes de agosto de 2009, dos semanas después de la reunión en la embajada, y planteaba una serie de cambios en el sistema educativo a todos los niveles. En las universidades, el cambio más significativo está en el sistema de elección: el voto de los estudiantes tenía una ponderación muy baja en comparación al de los profesores (el voto de un profesor equivalía al de 40 estudiantes, aproximadamente). Los profesores contratados (que no están en nómina fija) no podían votar, a pesar de que muchos llevaban 7 u 8 años dando clases. Los trabajadores de la universidad tampoco podían votar por las autoridades.

La ley cambia las normas dándole el derecho a voto a todos los miembros de la comunidad universitaria, teniendo todos los votos la misma ponderación, lo que en Venezuela se conoce como "el voto uno por uno".

No extraña la opinión de Sara Levy

Quienes conocen a estas altas autoridades de la UCV no están extrañados por su forma de actuar. García Arocha y Levy, al igual que la mayoría de los profesores de derecha de la UCV, han sido enemigos férreos del voto "uno por uno", que ellos ven como una pérdida del poder que mantienen como casta dominante.

En 2008, estudiantes, profesores y obreros de la escuela de Sociología de la UCV se unieron para realizar un referendo, preguntando a la comunidad universitaria si estaban de acuerdo con implantar el "uno por uno" en la escuela. A pesar de que el 69 por ciento de la comunidad universitaria votó a favor del uno por uno, la decana Sara Levy se negó a validar y aceptar los resultados (ver http://www.aporrea.org/educacion/n122780.html).

Aún en 2011, dos años después de ser aprobada la Ley de Educación, la UCV se ha negado a aceptar el nuevo sistema valiéndose de la autonomía universitaria. Se espera que la UCV acate una decisión emitida el pasado 10 de agosto de 2011 por el Tribunal Supremo de Justicia, ordenándoles suspender los procesos electorales en la UCV hasta que se incluya en su Registro Electoral a empleados y obreros (ver http://www.aporrea.org/educacion/n187038.html).

El cable de Wikileaks donde se encontró esta información forma parte de los más de 251 mil publicados el pasado 30 de agosto de 2011, luego de que el diario The Guardian diera a conocer una contraseña que permitió obtener estos cables sin tachaduras. Anteriormente, muchos de estos cables habían sido publicados, pero se tachaba el nombre de los informantes que acudían a la embajada norteamericana, incluyendo a personas como Cecilia García Arocha.