A primera vista extraña mucho la constante posición hostil que ha tenido la Concertación respecto del chavismo, dado el carácter formalmente centroizquierdista del conglomerado nacional. Es cierto que el chavismo se ha caracterizado por posturas izquierdistas radicales; pero en teoría ello no tendría porque alienarle tan fuertemente a partidos que buscaron históricamente una profunda transformación de la sociedad chilena.

Lo anterior se hace más raro aún, teniendo en cuenta que dicho conglomerado político está integrado por “víctimas” –particularmente, por cierto, de la Unidad Popular- de una feroz dictadura que sucedió a un régimen democrático extremadamente polarizado, como sucede acontece en Venezuela.

Dicha posición hostil llegó a un grado sumo cuando el gobierno de Lagos se ubicó solitariamente en el mundo (junto con Bush y Aznar) apoyando el fugaz golpe de Estado que desalojó a Chávez del poder en 2002. Así, reconoció rápidamente la “nueva” realidad, declarando que lamentaba “que la conducción del Gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática con un alto costo de vidas humanas y de heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad” (“El Mercurio”; 13-4-2002).

Más todavía, el alto líder del PPD, Sergio Bitar, encomió a quienes los golpistas fungieron de presidente, el empresario Pedro Carmona. Lo describió como “un hombre moderado y demócrata” y que “no es un empresario en el sentido tradicional de lo que podríamos ver a un empresario chileno”. Además, Bitar señaló complacientemente que “todos los ámbitos sociales” se sumaron a las manifestaciones que derrocaron a Chávez (Cooperativa.cl; 12-4-2002). Notablemente, Bitar fue ministro de Allende, estuvo en el campo de concentración de Isla Dawson y posteriormente sufrió el exilio; aunque es cierto que luego de la dictadura ha sido director de la Fundación Paz Ciudadana perteneciente a Agustín Edwards, uno de los más prominentes instigadores del golpe de 1973.

Desde las protestas con finalidades golpistas de febrero del año pasado en Venezuela, hasta ahora, la antigua enemistad concertacionista ha recrudecido. A tal punto, que recientemente 13 ex ministros del conglomerado han solicitado, en duros términos, la libertad de quien fuera el principal líder de dichas manifestaciones, Leopoldo López. Entre ellos, Soledad Alvear (canciller de Lagos, cuando éste apoyó el golpe contra Chávez), Genaro Arriagada, Sergio Bitar, Clarisa Hardy, Carolina Tohá, Belisario Velasco, Francisco Vidal y José Antonio Viera Gallo.

Es fundamental recordar que Leopoldo López, como alcalde del municipio caraqueño de Chacao, participó muy activamente en el golpe de 2002, ordenando la detención de un ministro de Chávez. Y que convocó las protestas del año pasado con el fin de lograr la caída (“salida”) del gobierno de Maduro. Protestas que derivaron en asonadas callejeras de varias semanas, significando la muerte de 43 personas y más de 800 heridos (entre manifestantes, contramanifestantes y policías); y múltiples daños a edificios públicos, medios de comunicación, medios de transporte público, universidades y sedes partidarias.

La revuelta llevó a tal ingobernabilidad a algunos lugares del país, que “El Mercurio” llegó a solazarse con la “sublevación” de San Cristóbal: “‘Han destruido San Cristóbal, tienen 40 puntos de barricadas’. El Presidente Nicolás Maduro reconoció antenoche, durante la Conferencia Nacional de Paz convocada por él mismo, que Táchira, estado fronterizo con Colombia mayoritariamente opositor, está fuera de control. El Presidente incluso pidió ayuda para acabar con la sublevación, calificó a su capital como un ‘gueto de violencia’ y dijo sentirse angustiado. ‘Meterse allí con el nivel de violencia y destrucción tiene grandes consecuencias y costos. ¿Dejo de actuar? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con el reducto organizado por el alcalde, Daniel Ceballos (dirigente de Voluntad Popular, el partido del detenido Leopoldo López)?’ se preguntó Maduro. El Mandatario acertó en la dimensión que alcanza la protesta (…) Pero le falló la aritmética: son más de 200, como mínimo, las barricadas” (“El Mercurio”; 1-3-2014).

Y el golpismo explícito de López fue desembozado. De este modo, incluso estando ya detenido expresó públicamente que “nuestra causa ha sido, sigue siendo, y hoy más que nunca tiene que ser, la salida de este gobierno” (“Gestión. El Diario de Economía y Negocios de Perú”; 19-2-2014). Luego declaró: “Se equivocan quienes suponen que el gobierno se cae o claudica por la situación económica. Veámonos en el espejo de Cuba ¿Cuánto más íbamos a esperar? ¿Cincuenta años? Ya van quince” (“El Mercurio”; 17-3-2014). Y culminó sus llamados golpistas en junio: “Vamos a derrocar a la dictadura por la vía popular” (“El Mercurio”; 8-6-2014).

Ciertamente que con convocatorias y revueltas de ese calibre, su principal líder quedaría preso -para ser juzgado por sedición- en Chile, Estados Unidos, Francia, España, Suecia o Uruguay. Sin embargo, los 13 ex ministros concertacionistas dicen sumarse a “la condena” (sic) por la situación que “afecta a López”; y señalan que “las acusaciones que pesan en su contra son jurídicamente improcedentes. Reprocharle a Leopoldo López la autoría de un llamamiento implícito para subvertir violentamente el orden institucional, es un cargo que no se concilia con la realidad y que contraviene los principios del derecho penal moderno en democracia” (“La Tercera”; 27-1-2015).

¿Cómo políticos de tan larga trayectoria y supuestamente democráticos pueden ser tan ciegos frente a una realidad de convocatorias y hechos golpistas tan evidentes? ¿Cómo un conglomerado que se dice centroizquierdista apoya a un golpista de extrema derecha, ¡y de manera reincidente!? ¿Cómo un liderazgo que sufrió consecuencias tan devastadoras luego de un golpe de Estado de extrema derecha no parece siquiera alarmarse frente a un peligro análogo tan evidente en un país hermano?

La respuesta nos la proporciona la constatación de las reales políticas nacionales e internacionales de los gobiernos de la Concertación. Respecto de sus políticas exteriores, ellas se han caracterizado por profundizar la integración solitaria y subordinada al mercado mundial diseñada por la dictadura. Así, en lugar de retomar los lineamientos de Frei y Allende de integración latinoamericana; de búsqueda –en conjunto con el Tercer Mundo- de mayor justicia en las relaciones económicas internacionales; y de conformación de un sólido bloque de países exportadores de cobre, a través del CIPEC; los gobiernos de la Concertación siguieron una política diametralmente opuesta. Desarrollaron múltiples tratados bilaterales de libre comercio y no aceptaron la invitación a integrarse al Mercosur; descartaron todo intento de búsqueda de nuevos sistemas de comercio y desarrollo mundiales; y desecharon la rearticulación del CIPEC que la dictadura contribuyó a minimizar y finalmente destruir en 1988.

Es más, la integración bilateral con Estados Unidos se convirtió en una obsesión concertacionista en la década de los 90. Y en la primera década del nuevo milenio se generó un virtual bloque entre Chile, Colombia y México, que siguió las concepciones neoliberales globalizadoras promovidas por Estados Unidos y las altas finanzas internacionales. A esta luz se entienden perfectamente las fuertes contradicciones desarrolladas por la elite concertacionista y el chavismo.

Más se comprende todo lo anterior si consideramos que la política nacional entre 1990 y 2010 experimentó también una esencial continuidad en lo económico-social respecto de la dictadura. Así, todas las “modernizaciones” impuestas por la dictadura en los 80 (Privatizaciones de servicios públicos; Plan Laboral; AFP; Isapres; universidades privadas “sin” fines de lucro; LOCE-LGE; ley de concesiones mineras; sistemas financiero y tributario; minimización del rol de los sindicatos, juntas de vecinos y colegios profesionales; etc.) se legitimaron, consolidaron y perfeccionaron en esos 20 años. Debe ser difícil encontrar en América Latina, en ese período, políticas internas más opuestas a las desarrolladas por la “revolución bolivariana”.

Como lo señaló el principal artífice de la “transición”, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”; Edit. Andrés Bello); el liderazgo de la Concertación llegó a fines de los 80 a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369). Asimismo, Boeninger reveló que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular; limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).

En definitiva, la dura pugna histórica entre la Concertación y el chavismo se entiende perfectamente en el contexto de la extrema derechización experimentada por aquella desde fines de los 80.