Rodrigo Sánchez de OPECH: “No se puede hablar de reforma educativa, sino de modificación a 3 artículos”

Rodrigo Sánchez es investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH). Invitado por estudiantes de la Universidad de Concepción, realizó una exposición en torno a las problemáticas actuales de la educación, se comentó la reforma y las alternativas para salir de la crisis del sistema educativo. Tras la actividad, accedió a conversar con Resumen. Estas fueron sus respuestas.


En tu exposición señalaste que en Chile no hay garantía del derecho a la educación y relacionaste esta realidad con la libertad de enseñanza. Explícanos ¿en qué consiste esta relación?


Fundamentalmente, lo que sucede en Chile es que en el artículo 19 que dice relación con los derechos que tenemos, aparece el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como posibles de ejercer. Sin embargo, el artículo 20 de la misma Constitución dice que tendrán garantía constitucional la libertad de enseñanza, mas no aparece el derecho a la educación con garantía constitucional. En estricto rigor, si se me es negado mi derecho a la educación no tengo instancias donde poder apelar, no hay garantía, no hay nadie que me pueda defender. Y eso es efectivamente un gran problema.


Señalaste también que en EEUU rechazaron la posibilidad de implantar el modelo de subsidio a la demanda (voucher) que funciona en Chile. ¿A qué se debió ese rechazo?


En la segunda elección de Bush hijo, se discutía en el Congreso norteamericano las posibilidades de reemplazar el financiamiento basal por el voucher- el sistema de subvenciones a la chilena-. Y el decano de la Facultad de Educación Martín Carnoy (U. Stanford) fue invitado a exponer sus ventajas y principales debilidades. El señor Carnoy demuestra que el sistema de subvenciones es un fracaso, fundamentalmente porque no modifica ni un ápice la calidad que pueda ser medida. Entonces el congreso norteamericano rechaza incluso la posibilidad de legislar sobre el tema, ni siquiera llego a votación.


A pesar de todos los años que pasaron desde la dictadura, tu te atreves a señalar que todavía vivimos regidos, en educación, por una ley hecha en dictadura. ¿A qué te refieres con esta afirmación?


En educación superior vivimos regidos por la LOCE, que fue última ley que planteó el dictador Pinochet. Para el caso de la educación obligatoria hubo un cambio efectivamente, pero un cambio que quizás lo único positivo que tuvo era que habló de una ley de educación. La LOCE es más bien una ley que dice como uno puede convertirse en sostenedor.

Hay una directa relación entre la creación de aproximadamente 18 universidades, se configuran, se articulan, nacen como universidad 40 días antes de la construcción de la LOCE. Eso es algo muy importante, pues no es casual ni azaroso.


Respecto a la actual reforma educativa ¿Qué opinión les merece los proyectos de ley del gobierno?


Hemos llegado a la conclusión, con varios profesores de la Universidad, a plantear que esto no es una reforma, sino modificaciones a determinados artículos que fueron realizados por la misma concertación. Uno en el año 92 que es el famoso FICOM -financiamiento compartido- y que ahora quieren sacarlo, lo otro es el fin al lucro y el fin a la selección que también fueron permitidos en la articulación de la LGE del año 2007. En ese sentido, a nuestro juicio, no se puede hablar de reforma, sino de modificación a 3 artículos. No es en absoluto el cambio que se esperaba. Se esperaban al menos señales de que aquí lo que se tiene que hacer es fortalecer la educación pública.


Para apuntar a ese fortalecimiento de la educación pública ¿Qué estiman ustedes que se debe hacer?


Lo primero que se debe hacer es no mantener la igualdad de trato entre los establecimientos particulares subvencionados y municipales. La educación pública debiera estar absolutamente financiada y fortalecida. Y el segundo tema tiene que ver con fortalecer las comunidades educativas en el ámbito de la educación pública, es decir, el problema es tan grande que los expertos no pueden resolverlo y llegó el momento en que las comunidades educativas, en un proceso de aprendizaje por supuesto, puedan tomar en sus manos este proyecto de fortalecimiento de la educación pública. Debe terminarse con el financiamiento a la demanda -voucher- y con la municipalización que permite también la segregación entre colegios de municipalidades de altos ingresos -que no deben ser más de 30- de bajos ingresos -la mayoría- y los sectores rurales. Cuando se escucha hablar de educación pública de calidad se habla de estas comunas de mayores ingresos, pero sabemos que tiene directa relación con su financiamiento.

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