Autoridades saharauíes aseguraron que por lo menos 159 refugiados de esa nacionalidad están desaparecidos después de ser arrestados por agentes marroquíes en un campamento en la ciudad de El Aaiún.

A esa cifra se suman los más de 100 muertos ocasionados por las fuerzas marroquíes durante la represión de manifestaciones de protesta y en la toma de la instalación, acorde con medios independentistas, avalados por datos aportados por organizaciones no gubernamentales.

Violentos choques entre refugiados saharauis de una parte y tropas marroquíes de la otra se sucedieron en el campo de Gdeim Izik, pero hicieron crisis a principios de noviembre, agudizados después que gendarmes marroquíes mataran a tiros a un adolescente que viajaba en un automóvil en compñía de cinco adultos.

Tras el incidente, tres ocupantes del vehículo fueron detenidos y conducidos hacia un lugar desconocido, denunció el Frente Popular de Liberación de Sakiet el Hamra y Río de Oro (FPolisario), el brazo militar de los irredentistas.

El levantamiento en Gdeim Izik puso en dificultades al gobierno marroquí que desde 1975 ocupa dos terceras partes del Sahara Occidental, en contraposición a la mayoría de la población autóctona que adhiere a su propio estado, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Aparte la demostración contra la ocupación marroquí, que implica la protesta, la crisis evidenció el férreo control que ejercen las autoridades de Rabat sobre el territorio.

Al mismo tiempo da una idea del nivel de apoyo con que cuenta la tesis de la autodeterminación entre la población autóctona, un factor de peso político, a pesar del hecho consumado de la ocupación por Marruecos.

En rigor, los saharauis están habituados a la lucha, aunque es poco conocido que ya en 1452 un sevillano de horca y cuchillo heredero  Diego García de Herrera, edificó en esa zona de la Berbería un puesto militar, destruido años después por las tribus locales comandadas por el sultán Al Wartassi.

Esa resistencia se hizo más patente, y más organizada, después que España, a la muerte del dictador Francisco Franco, optó por deshacerse del territorio y concedió, sin derecho a hacerlo, una suerte de fideicomiso a Marruecos y Mauritania avalados por los denominados Acuerdos de Madrid, considerados ilegales por el derecho internacional.

La decisión de la España post Franco fueron los polvos que trajeron estos lodos ya que, si bien Mauritania fue obligada por la resistencia del Fpolisario a firmar un acuerdo de paz en 1979, Marruecos en la práctica se ha anexado la zona con la anuencia de Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Ese apoyo se hizo patente desde que la monarquía alawita lanzara en 1975 la Marcha Verde, invasión civil de la zona, y prosigue, sustentado por medios económicos interesados en los tesoros escondidos bajo las dunas: el fosfato de Abu Craa, oro, petróleo, uranio, recursos hidráulicos y una costa frente a la cual está uno de los más importantes bancos de pesca del Atlántico.

Aunque la RASD se ha anotado éxitos políticos y diplomáticos sustantivos, resulta evidente que el surgimiento del mundo unipolar ha impedido apoyarlos en  conquistas militares que obliguen a Marruecos a ceder terreno y pudieran desembocar en su agotamiento, como ocurrió a Mauritania en su momento.

La imposibilidad de obtener asistencia logística sostenida y las actuales circunstancias han obligado a la RASD a centrarse en la diplomacia, aunque en su interior existen presiones para retornar a la vía armada, alimentadas por las prácticas dilatorias de Rabat en las conversaciones bilaterales auspiciadas por la ONU.

En ese mismo estado inerte esté el cumplimiento por Marruecos de la resolución de la ONU que establece la celebración de un referendo en el cual la población tenga la oportunidad de pronunciarse sin presiones sobre su destino.

Entre esos adelantos se inscribe el reconocimiento de la RASD como estado independiente por parte de 81 pa;ises, el ingreso como miembro pleno a la Unión Africana y el hecho incontrovertible de que su caso está inscrito con el rótulo de pendiente en el Comité de Descolonización de la ONU.

Es en ese contexto que estallan las protestas en el campamento de Gdeim Izik, cuya secuencia es impredecible debido a la forma violenta en que los marroquíes la enfrentaron, acorde con fuentes oficiales saharauis, las cuales dieron cuenta de la toma de la instalación por soldados y gendarmes con uso excesivo de la fuerza contra civiles inermes.

Para completar el cuadro, Marruecos decretó un cierre absoluto de la zona a la prensa internacional para impedir la difusión de reportes que describan la situación real en El Aiaún, en la zona ocupada por Rabat, escondida tras una cortina de arena y soldados.

(*) El autor es jefe de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.