La renuncia del asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, Patricio Fernández Chadwick, era más que necesaria, inminente, podría decirse en jerga periodística. Pero más allá de eso, ha sido un elemento estremecedor para la fibra más íntima del núcleo duro de las izquierdas chilenas.

No solamente sus últimas relativizaciones acerca del origen del golpe y sus ideas más cercanas a la celebración que a la conmemoración, toda la instalación de Fernández tiñó de espantosa decadencia un año que debía alertar sobre las amenazas que se ciernen acerca del valor de los derechos fundamentales y sobre nuestra todavía incomprendida memoria histórica.

Es por ello que el comunicado emitido desde Presidencia es fallido en considerar a Fernández Chadwick como un comprometido con los derechos humanos, por cierto, ese compromiso no se observa en la laxitud para explicar hechos indesmentibles: las Fuerzas Armadas derrocan a un gobierno democrático y para ello exterminaron, torturaron, encarcelaron e hicieron desaparecer.

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Lo importante de rescatar son dos cuestiones. La primera, relativa al rol de historiadores y cientistas sociales respecto al origen del golpe. Es verdad que hay un debate acerca de esto y que también se han concretado algunos consensos: intervención estadounidense, sabotaje interno empresarial, por poner dos ejemplos. Lo que Fernández hace es encerrar ese debate entre académicos que seguirán analizando y discutiendo hasta el final de los tiempos, pese a que el empeño de un gobierno democrático debiese ser abrir el debate a toda la sociedad. Este es otro elemento que delata su progresismo neoliberal, es decir; que los expertos hagan su trabajo, a nosotros qué nos importa.

En segundo lugar, y lo más relevante, la dimisión de Patricio Fernández Chadwick es un triunfo de un movimiento por la memoria y los derechos humanos que, pese a todo, persiste y se activa ante agresiones de este tipo, aun si provienen de un supuesto “fuego amigo”.

Pero no es solo la carta de decenas de organizaciones, sino que es su trabajo constante y decidido por verdad, justicia y reparación el que se hace insoslayable para un Gobierno poco dado a escuchar, si es que no eres miembro de la elite.

El intento del Ejecutivo por capturar la conmemoración -una intención de quitarle elementos a las izquierdas cada vez más lejanas a su proyecto- y centrar los eventos en “democracia, memoria y futuro”, un concepto tan amplio como despolitizado, ha fracasado.

No, las organizaciones y la lucha permanente por el respeto a los derechos humanos nos hablan de todo lo contrario: lucha y coordinaciones puestas al servicio de la dignidad humana. Debieran ser esas las consignas, ¿y el Gobierno? A trabajar en función de ello, mejorando el curriculum escolar en DDHH y memoria, desmilitarizando los territorios mapuche y laborando en leyes y actos administrativos para reforzar el trabajo del movimiento por la verdad, justicia y reparación.

La pregunta es ¿Por qué no dejaron en manos de las organizaciones la conmemoración? Ser Gobierno no es tomar protagonismos excesivos para instalar su agenda, desconociendo trayectorias y despreciando actores vitales para la sociedad chilena y su memoria.