A un año del arribo al país de la pandemia del coronavirus el saldo es desolador, en especial para la población trabajadora y carenciada. Hasta la fecha, la cifra de contagios supera el millón de personas (1 018 678, según consigna el Informe Epidemiológico N° 102 del DEIS) y la cifra total de víctimas fatales alcanza las 28 686 personas. Un cruel promedio de 80 fallecidos por día, desde la ocurrencia de la primera víctima fallecida por la Covid-19.
La población chilena sufre los efectos de un gobierno nefasto que ha priorizado la conservación a todo evento de la actividad económica por sobre la protección de la salud y la vida de los ciudadanos. Para esta administración de Piñera siempre ha sido más importante salvaguardar los intereses de su modelo explotador y proteger los privilegios de los poderosos, aunque ello signifique o implique exponer la salubridad pública y las condiciones de vida de la ciudadanía. Las cifras son evidentes.
En las últimas semanas estamos en presencia de un incremento de la ola de contagios y de fallecimientos que llega a equiparar las peores cifras del peor momento de la pandemia que se registraron durante el mes de junio del año pasado. Además, a las cifras informadas por el DEIS hay que agregar la cifra negra de personas que no concurren a los centros asistenciales pese a tener síntomas de estar afectados por el virus o a pesar de tener sospechas de haberse contagiado por haber sostenido contactos estrechos con otras personas contagiadas. Esta reticencia se produce por variadas razones siendo una de ellas el temor a perder un empleo, o temor a abandonar el hogar, u otras aflicciones que llevan a personas a optar por el ocultamiento del hecho, con el grave daño que ello acarrea para sí mismo y para el entorno.
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Las erráticas informaciones y manejos que hace el Gobierno respecto de las cuestiones sanitarias, así como la total ausencia de una política educativa preventiva pública a través de los medios, influye en la generación de actitudes que ignoran lo aconsejable.
El mentado plan “Paso a Paso” se ha convertido en una farsa, un disfraz perfecto para camuflar la verdadera intención de mantener activos los sectores de la economía pertenecientes o ligados a los grandes grupos económicos y que son de interés para la camarilla gobernante. Los protocolos de fase de cuarentena son una burla pues no regula ni menos impide la realización de actividades económicas no esenciales. Basta con formalizar permisos colectivos y las empresas siguen funcionando.
El criterio rector parece ser que “lo esencial” para el Gobierno es que el gran empresariado siga acumulando riquezas, no importa si los costos de ello los tiene que pagar la masa trabajadora. La perversa displicencia con que se trata la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras es la causa de fondo de la propagación de los contagios entre los sectores populares. Desde esa premisa, esta administración puede jactarse de que mantiene a la pandemia bajo control.
La ciudadanía, por su parte, experimenta las consecuencias del total descontrol de la pandemia producto de las confusas acciones y erráticas decisiones de los gobernantes. Era del todo previsible que luego de la desatinada decisión de promover vacaciones y otorgar permisos por doquier, la tasa de contagios se aceleraría particularmente en las comunas más turísticas. Esto además de la absoluta ausencia de formas de control sobre las restricciones que suponen ciertas fases del “Paso a Paso”, salvo cuando es para mostrarse ante las cámaras y posar una supuesta preocupación por aplicar las medidas. Y así ha ocurrido, pero al señor ministro de Salud y al Gobierno no les preocupa ni interesa mayormente. Las últimas dos semanas muestran un incremento de las cifras que pone de nuevo en jaque al sistema hospitalario de urgencia y de emergencia, que está al borde del colapso en sus sistemas de atención de pacientes en riesgo vital.
La indolencia y desidia gobernante no es producto de ineptitud para manejar la situación de pandemia, sino que reflejo de la indiferencia con que abordan la situación y condiciones de vida de la población mayoritaria. No es su preocupación. Su real interés es que funcione la gran economía y que los nichos secundarios, como el de turismo, se vean favorecidos por las decisiones de salud pública adoptadas. En el mismo ámbito se puede entender la obstinada porfía por reinstalar la actividad escolar de modo presencial. El Gobierno insiste en esta estupidez, aunque esté siendo puesta en entredicho por la realidad de un incremento de las muertes y contagios, por las necesarias restricciones que han debido adoptar en las regiones con mayores tasas de afectación, y por la experiencia de los países europeos que experimentaron con clases presenciales y ahora aconsejen no utilizar tal método de trabajo porque incide de manera directa en la propagación de los contagios en niños y adolescentes.
La utilización de la pandemia Covid-19 para obtener rentabilidad política, contener la movilización y frenar las demandas levantadas en y desde el Estallido Social de octubre de 2019 es un hecho indesmentible. Al gobierno de Piñera y la clase política les sirvió esta epidemia para idear mecanismos de contención social y someter a la población no sólo por el uso indiscriminado de la violencia represiva del Estado (librando la guerra de Piñera), sino que se han servido de la implacable crueldad de la pandemia sanitaria para mantener a la población en un estado latente de vulnerabilidad, inseguridad e indefensión.
La indolencia y desidia gobernante no es pues ineptitud sino una perversa forma de conseguir sus finalidades políticas, de proteger su sistema de dominación y su modelo de explotación. Los gobernantes “regulan” la cifra de contagios como un indicador más de la economía y de la realidad social; tantos cesantes, tantos empleos, tantos contagios, etc. Con otro discurso, Piñera aplica la misma lógica utilitaria, displicente y criminal del ya derrotado Trump y del demente Bolsonaro, aún presidente de Brasil.
Lo demás es humo y chaya, utilizada con fervor religioso por los medios de comunicación de los poderosos para desarrollar sus métodos de manipulación mediática sobre la ciudadanía, según lo exijan sus mezquinos intereses e inhumanos afanes. Los medios empresariales han jugado un rol gravitante en banalizar la pandemia, convirtiéndola en un factor más de noticias útiles para mantener a la población en ascuas, pero obviando la implicancia de gravedad que reviste para la salud y la vida de las personas. Lo hacen del mismo modo que con la actividad delictiva utilizada para la promover del temor (de la delincuencia marginal, claro está, porque a la de cuello y corbata, o de uniforme, la blindan y protegen).
En medio de este premeditado aumento de contagios y de incremento de los efectos nefastos y peligrosos de la pandemia del Covid-19, por lo demás del todo previsibles, el gobierno de Piñera inicia su último año en funciones, como siempre, haciendo gestión para el mundo empresarial, ocupado de utilizar todo lo que esté a su alcance para imponer los arbitrios del modelo explotador que representa. En medio de esta previsible tormenta de contagios y preocupaciones populares, el gobierno insiste en imponer el nefasto tratado TPP-11, arremete en sus afanes por privatizar FONASA para profundizar en la desprotección de la salud pública y en la obsesión mercantil de la salud como negocio; a la par de una mal llamada reforma del sistema de pensiones que solo busca recuperar las “pérdidas” que ha significado para el negocio de las AFP los retiros del 10% que han logrado los cotizantes.
Fiel a su lógica de guerra contra el pueblo, Piñera ha desarrollado un preocupante incremento de las actividades represivas de los órganos policiales y uniformados sobre los sectores populares más reconocidos por su trayectoria y decisión de luchar por sus derechos, así como sobre los pueblos originarios, particularmente del pueblo y comunidades mapuche. En este mismo espíritu bélico, el gobierno ha prolongado la vigencia del estado de emergencia con la sola finalidad de disponer del uso indiscriminado de las fuerzas armadas y policiales en acciones represivas sobre la población. Está visto que el despliegue de los uniformados por el país, no gravitan en nada para apoyar actividades relativas a la aplicación de las medidas preventivas y restrictivas que permitan confinar los contagios. Tampoco gravitan en nada para hacer efectivo el toque de queda u otras formas de control pues en esos horarios campea la delincuencia criminal y el cuiquerío desata sus privilegiadas fiestas de pandemia.
De modo que la libre disposición de las Fuerzas Armadas por el mandatario en funciones sólo apunta al control y represión de la protesta social contra su sistema de oprobio.
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