Hoy martes 10 de febrero se inicia el juicio contra seis ex militares, entre ellos el general retirado Jorge Olivera Róvere, por delitos de lesa humanidad.  Se trata del primer juicio del año por derechos humanos en la Argentina y se espera que se realicen otros en todo el país durante 2009. El tribunal tiene a cargo las megacausas ESMA (centro de exterminio perteneciente a la armada Argentina) y del Primer Cuerpo del Ejército.  A diferencia de Chile, donde la mayor parte de los crimines de lesa humanidad están quedando impune o con sentencias mínimas que dejan en libertad a los inculpados, las organizaciones de derechos humanos Argentinas han conseguido un numero mayor numero de condenas.

Fuente: @DIN, 10 de febrero de 2009 - Hoy comienza uno de los juicios más importantes a favor de los Derechos Humanos en la Argentina. Se trata del enjuiciamiento al general Jorge Olivera Róvere, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad, entre ellos el del gran escritor Haroldo Conti y el senador uruguayo Zelmar Michelini. Además de él serán juzgados conjuntamente 5 militares de alta graduación.

Pero el Tribunal que debe juzgarlos había decretado una polémica medida, al anunciar que no permitiría la presencia de periodistas en la sala. Esto motivó la protesta de las instituciones sindicales argentina, lo cual finalmente motivó la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte citó a los miembros del Tribunal Federal Número 5 para que se permitiera el registro de imágenes del juicio que comenzará hoy por la represión en el Primer Cuerpo de Ejército. La agencia oficial Télam y Canal 7 ingresarán a la sala.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 tuvieron que ceder.

La semana pasada habían anunciado que impedirían una vez más el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a las audiencias del juicio del genocida Jorge Olivera Róvere, que comienza hoy.

Sin embargo, una cita urgente en la Corte Suprema les cambió los planes: tuvieron que autorizar la presencia de un fotógrafo de la agencia oficial Télam y de un camarógrafo de Canal 7 en la audiencia de apertura de este proceso en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército será juzgado por un centenar de asesinatos, entre ellos el del escritor Haroldo Conti, la de la economista Graciela Mellibovsky, y de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

A diferencia del resto de los juicios orales en distintas provincias, donde pudieron verse los rostros de víctimas y victimarios, sus reacciones y sus gestos, los integrantes del TOF 5 vienen negándose en forma sistemática a la publicidad de los procesos que llevan adelante.

Los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado ya aplicaron restricciones a la prensa en lo casos del policía Julio Simón –alias “El Turco Julián”–, del prefecto Héctor Febres, de los responsables por la Masacre de Fátima, de los apropiadores de Eugenia Sampallo y de los ex jefes de Mansión Seré. Gordo, Farías y Obligado rechazaron los reclamos de apertura a los medios que hicieron los querellantes, organizaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, por lo cual en octubre la Corte Suprema dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia.

La Corte encomendó que los tribunales deben determinar “la ubicación de cámaras de televisión y reporteros gráficos” con el fin de garantizar el mejor registro de imágenes posible”. Con este objetivo, “el tribunal requerirá a un medio televisivo, preferentemente público, la toma de imágenes” para los medios “que no pudieran ingresar a la sala por insuficiencia de espacio”, establecieron los supremos.

Lejos de acatar esta disposición del Máximo Tribunal, pocos días después en ocasión de la sentencia por el juicio de Mansión Seré, el TOF 5 impidió el ingreso de reporteros, prohibió difundir imágenes de las últimas palabras de los imputados y sólo permitió a los canales mostrar la señal de circuito cerrado que transmitió la lectura de la sentencia. El 4 de febrero el tribunal confirmó a que mantendría el mismo criterio con el juicio a Róvere que comienza.

La Asociación de Reporteros Gráficos le reclamó, entonces, a la Corte que garantice el cumplimiento de su acordada. Ya lo habían hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y el fiscal Crous. Por su parte, la agrupación Hijos convocó a los fotógrafos a un “camarazo” para hoy a las 9 frente a los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002, para exigir que el TOF 5 les permita registrar el rostro de quien fuera amo y señor en la ciudad durante los meses más oscuros de la dictadura.

Ayer por la tarde sus señorías fueron convocados a dos reuniones en la Corte Suprema en las que les reiteraron que debían cumplir con la acordada, que no tenían “otra alternativa” porque si no sería la propia Corte la que tomaría en sus manos la garantía de la publicidad de este proceso.

Finalmente, se pudo saber que el TOF 5 autorizó para hoy el ingreso de un fotógrafo de Télam, cuyo trabajo sería distribuido luego a través del servicio de la agencia estatal, y con el mismo sentido ingresaría un camarógrafo de Canal 7. En su caso, el profesional operaría las cámaras del circuito cerrado con un criterio periodístico para obtener una “cobertura no estática”, tarea que hasta ahora realizaba personal de la Policía Federal.

El juicio, que es parte de la megacausa por los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército, tendrá una segunda parte donde serán juzgados otros cinco ex jefes militares. Olivera Róvere, de 83 años, llega en libertad al banquillo, ya que fue excarcelado hace dos años, y hoy deberá escuchar la acusación en la sala porque, hasta ayer, no presentó ningún pedido de excepción.

Con restricciones a la prensa, comienza hoy el juicio al represor Olivera Róvere

El ex general Jorge Olivera Róvere, acusado de la desaparición de un centenar de personas, entre ellos el escritor Haroldo Conti y los legisladores uruguayo Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, comenzará a ser juzgado hoy en un tribunal de esta capital.

Róvere, quien fue subjefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1976, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), que sesionará los días martes, miércoles y jueves.

El TOF5 reiteró ayer que tanto la televisión como la radio y los reporteros gráficos no podrán acceder a la sala del juicio, anticiparon fuentes judiciales.

Amparándose en una acordada de la Corte Suprema del 2008, el querellante Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el fiscal general Félix Crous, había reclamado una habilitación amplia a la prensa como la que practican otros tribunales orales, por caso el que juzga a Carlos Menem por el contrabando de armas.

En una interpretación restrictiva de esa acordada, el TOF 5 que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, ratificó su criterio de habilitar a los medios electrónicos sólo la señal de imagen y audio que toma en el recinto la Policía Federal, permitiendo la cobertura directa únicamente de la prensa escrita.

Dentro del mismo juicio, pero en una segunda etapa a partir de mayo, serán juzgados los generales Teófilo Saa y Rodolfo Whener, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el teniente coronel Felipe Alespeíti.

Los cinco militares se desempeñaron como subjefes del área de seguridad de la Capital Federal y están acusados por un total de 116 desapariciones y cuatro homicidios.

Como para 24 casos se trata de los mismos testigos, el tribunal habilitó que declaren una única vez, para mayor celeridad del juicio también pedida por la Corte Suprema, según adelanto la abogada Carlina Varsky, del querellante CELS.

Olivera Róvere, de 83 años, llega en libertad a este juicio ya que fue excarcelado hace dos años y mañana deberá escuchar la acusación en la sala dado que hasta hoy no se había presentado un pedido de excepción aduciendo razones médicas.

El juicio se enmarca en la denominada megacausa del Primer Cuerpo de Ejército bajo la carátula 14216/03 "Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación de libertad, homicidios, etc".

Entre el centenar de desapariciones que se le imputan están, además del autor de "Mascaró" y los legisladores orientales, la de la economista Graciela Mellibovsky, en setiembre de 1976, cuyo caso una vasta repercusión en núcleos académicos internacionales.