Análisis de la Huelga General en Perú

Annalisa Melandri

Colaboradora ABP

Análisis de la Huelga General en Perú

Annalisa Melandri

Colaboradora ABP

Los dos días de huelga nacional agraria, 8 y 9 de Julio, en el Perú
promovida por diversas organizaciones, entre ellas la Confederación General
de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederacíon Nacional Agraria (CNA), la
Confederación Campesina del Perú (CCP) y Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) amenazan con paralizar el país y se
convierten en un momento de rebelión contra el gobierno del Presidente Alan
García.
Este se ha mantenido sordo hasta la fecha a las distintas voces de protesta
que se levantaban más o menos de forma aislada, y que es
ahora -contrariamente- la manifestación de un movimiento bien organizado y,
sobre todo, unitario. Un movimiento campesino e indígena bien estructurado
al que se añadieron otros sectores, tales como los trabajadores del carbón y
la minería, transportistas, trabajadores de la industria pesquera.

Un movimiento que además tiene un fuerte apoyo internacional obtenido por
varias organizaciones no gubernamentales europeas (entre las cuales nuestro
ASud), especialmente durante los días de la Cumbre de los Pueblos, llevada a
cabo en Lima entre el 13 y el 16 de Mayo de este año, en contraposición a la
cumbre institucional de los países de Europa y América Latina y el Caribe.
Enlazando Alternativas es el nombre que se le dio a este gran proyecto de
hermanamiento de intenciones y movimientos entre los dos continentes.

Y aunque en estos días el primer ministro Jorge del Castillo, también
apoyado por una campaña mediática a través de la prensa y la televisión, ha
tratado de minimizar el alcance de la huelga nacional, en una conferencia de
prensa, hoy Antolín Huáscar Melchor, presidente de la CNA Confederación
Campesina de Lima de Perú, y portavoz de las mayores asociaciones
convocantes, como son:, Mario Palacios de CONACAMI, Miguel Palacín la CAOI,
Luis VALER dela CUT-Perú y Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, sí
sabemos que al menos que el 70% de los agricultores se adhiere a la huelga
nacional. También añadió que debido a la ausencia del Estado en las zonas
rurales y agrícolas del país se ha incrementado la pobreza y, al mismo
tiempo, ha aumentado la pérdida de la diversidad biológica y cultural,
produciéndose incluso una impresionante caída de las tierras de los
campesinos.
Hoy, por lo menos, en seis regiones se han registrado protestas contra las
últimas medidas adoptadas por el gobierno en la agricultura y la
redistribución de la tierra. Estos son: Uyacali, Madre de Dios, Huánuco,
Tacna, Puno, Ayacucho y Cusco. Prácticamente todas las regiones están dando
detalles específicos y motivos de lucha y de protesta contra el gobierno de
Alan García. La región amazónica de Madre de Dios, también conocida como
capital de la biodiversidad de Perú está totalmente paralizada, en todos los
sectores de la vida social. Indígenas, campesinos, empresarios, la minería y
la madera, castaña productores, comerciantes, fueron en masa y con todos los
medios a Puerto Maldonado, el más importante puerto de la región.

No es casualidad que en ese ámbito regional la protesta se haga sentir de
manera especial. La tierra aquí es prácticamente el único medio de
subsistencia de cientos de comunidades indígenas y campesinas, es su casa,
su madre, la vida misma, en una melodía creada a través de los siglos. Las
leyes promulgadas por el gobierno central tienden, realmente, a formalizar
la expropiación de tierras que cultivan y habitan -por generaciones- los
campesinos y pueblos indígenas. El DL 994, por ejemplo, aprobado por el
gobierno en marzo del año pasado, facilita la aplicación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y alienta a las inversiones de
las multinacionales extranjeras en el país. Especialmente alienta la
inversión privada en proyectos de riego de zonas sin cultivar que se
confiará a grandes inversores extranjeros, restando las tierras a los
campesinos de la zona que podrían, con incentivos para cultivar y hacer
productiva la región, y que son cada vez más excluidos en el momento de su
gestión y explotación.

También en mayo se aprobó el DL 1015 de que "para la adquisición de bienes
de la Comunidad a los propietarios de las tierras que poseen más de un año,
el Acuerdo General de la Comunidad requerirá el voto favorable de no menos
del cincuenta por ciento de la Comunidad." Prácticamente los agricultores
consideran que su derecho a la tierra va a ser impugnada por el mejor
postor. Y esto es especialmente grave sobre todo en algunas zonas rurales
como la región de Huancavelica, en la sierra, que tiene 580 comunidades
campesinas reconocidas oficialmente. De éstas al menos 100 no tienen la
propiedad de sus tierras por no estar inscritas en los registros públicos.
El mismo Ministro de Agricultura ha reconocido que a finales de 2007
alrededor de un millar de comunidades campesinas no estaban en posesión de
título de propiedad de la tierra, ello debido al hecho de que en el Perú la
transcripción de la propiedad en los registros públicos es voluntaria y no
obligatoria. Si se aplica automáticamente el DL 1015 esas comunidades
perderán todos los derechos sobre esas tierras, que han ejercido durante
cientos de años, de generación en generación. Tierras que son ricas en
materias primas aún no explotadas.

Las organizaciones también piden al Gobierno la adaptación de la legislación
nacional vigente en el ámbito de la legislación laboral con los convenios
internacionales y que cumplan con las directrices de la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente de la segunda en la que se
establece que no deberían hacerse más concesiones a las multinacionales que
operan en la minería en los territorios pertenecientes a comunidades
campesinas y nativas.

En Ayacucho se pide que EE.UU. retire las tropas desplegadas en su
territorio para llevar a cabo acciones diz que humanitarias. En Trujillo la
protesta será contra la privatización del puerto de Salaverry, la misma que
está proyectada a hacerse de manera gradual en todo el país, lo cual
manifiesta que el paro es una protesta contra los innumerables y diversos
aspectos de una política neoliberal que vende la enorme cantidad de recursos
y la riqueza al capital extranjero y que está haciendo de Perú uno de los
últimos alumnos modelo del FMI y del BM en la región. Se protesta por
mejores condiciones de trabajo como de los derechos sindicales que todavía
se siguen negando; contra las actividades mineras en zonas con alto interés
turístico, así como el pago de precios justos para los productos locales
como el algodón.

Una protesta que todos debemos hacer, sobre todo por el temor que existe de
que el gobierno ha implementado una serie de medidas de seguridad adoptadas
de imponente militarización en el país. Con la Resolución Suprema No 242 a
2008-ED publicada ayer por el diario "El Peruano" el gobierno del presidente
Alan García ha ordenado que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea debe
poner a disposición recursos humanos y materiales para estos dos días de
huelga nacional. Un coro unánime de voces se ha levantado en contra de la
medida dispuesta por el gobierno, que se define como "inconstitucional" y
"peligroso para la democracia" por algunos analistas políticos y sociales
del país.

Muchos dirigentes sindicales responsabiliza al gobierno de cualquier
episodio de violencia que pueda ocurrir en los próximos días, señalando que
un Estado que pone las Fuerzas Armadas en la calle "es una provocación" y
una respuesta "muy desproporcionada" en contra de una protesta "jurídica y
prevista por la Constitución", dijo Carmela Sifuentes secrtaria de CGTP. La
CGTP también confirma que elementos del ejército se infiltraron en todo el
país. En Trujillo grupos de soldados fueron impuestos, sin información
previa, a los dirigentes de la central de distribución de agua potable; y lo
mismo ha ocurrido en las centrales eléctricas y aeropuertos en otros lugares
del país. Asimismo se informó de la infiltración de elementos próximos al
partido aprista en el sindicato, con el objetivo de dividir al interior y
con el fin de sabotear la adhesión a la huelga y las iniciativas futuras. Lo
que es cierto es que parece una guerra sucia que el gobierno está llevando a
la peor forma posible en contra de una protesta legítima del pueblo que sólo
quiere recordar a su presidente que ha olvidado las innumerables promesas de
su campaña electoral.

Annalisa Melandri

www.annalisamelandri.it