En su primer trámite constitucional se encuentra el proyecto de ley, emanado desde la bancada de Renovación Nacional en la Cámara Alta que pretende otorgar nuevos beneficios a los criminales de lesa humanidad recluidos en el penal especial Punta Peuco. La iniciativa se encuentra a la espera de su discusión general en la sala del Senado, cuestión que aprobaría su legislación. Torturas, violaciones, secuestros y desapariciones son algunos de los delitos que podrían cumplir de forma domiciliaria de aprobarse la iniciativa. 

Por JC Contreras Jara

Avanzando en el Senado se encuentra el proyecto de ley impulsado por senadores de RN que busca excarcelar a violadores de Derechos Humanos y dejarlo bajo reclusión domiciliaria total, argumentando, entre otras posibilidades, enfermedades mentales o que tengan 80 años o más.

Gloria Elgueta, integrante del sitio de memoria Londres 38, ex centro de tortura durante la dictadura, comentó a Resumen que, «el Senado invierte las prioridades imponiendo un tema que solo cabe discutir una vez que se ha establecido la verdad y se ha hecho justicia plena. En lugar de ver cómo fortalecer el Plan de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas, se preocupan de liberar a quienes los hicieran desaparecer. O sea, es un nuevo intento de ampliar la impunidad ya existente, que ha sido posible gracias al encubrimiento, a los pactos de silencio de los perpetradores, las complicidades desde el Estado y el tiempo transcurrido».

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La medida, que podría significar un beneficio más para los agentes de la dictadura recluidos en Punta Peuco, ha causado indignación en organizaciones de DDHH, las que identifican en la maniobra la búsqueda de impunidad frente al cumplimiento de sus penas.

Ante la peligrosidad que representa el proyecto discutido en el Senado para el respeto por los Derechos Humanos, en Londres 38 enfatizaron en que, «son miembros de las fuerzas armadas y policiales cuyo trabajo cotidiano, durante años, consistió en secuestrar, torturar, asesinar y en más de mil 400 casos, hacer desaparecer a sus víctimas, lanzando sus cuerpos al mar, dinamitándolos, enterrándolos, ocultándolos en minas y quien sabe, mediante que otros procedimientos. La tortura incluyó violaciones y otras formas de violencia sexual, especialmente contra las mujeres».

La impunidad y su discusión en el Senado

El centro penitenciario especial de Punta Peuco, ubicado en Tiltil, región Metropolitana, fue abierto en 1995, bajo el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei, y apuntó a entregar resguardos especiales para los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990.

Por dicho penal han pasado violadores de DDHH como Manuel Contreras, fallecido en 2015, quien fue jefe de la DINA, organismo represivo de la dictadura responsable de perseguir, torturar, exterminar y desaparecer a cientos de personas, mayoritariamente militantes de izquierda.

A la lista de jerarcas de la DINA  se le suman, entre otros, Miguel Krassnoff, quien suma más de 1000 años de condena por crímenes de lesa humanidad, César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumannm, Raúl Manríquez Bravo, Pedro Ariel Araneda Araneda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Manuel Heriberto Avendaño González, sumando actualmente un total de 140 criminales. Todos ellos están constantemente siendo condenados a nuevos delitos, entre los que destacan los secuestros y desapariciones efectuadas en el marco de la llamada Operación Colombo.

Sobre la discusión en la Cámara Alta, Gloria Elgueta hizo hincapié en que, «el mensaje que la derecha y sus aliados dan es que hay víctimas que merecen justicia y otras que no. Delincuentes que deben ser procesados, condenados y cumplir sus penas como reclaman permanentemente, y otros que no. Aunque sean verdaderos asesinos seriales como lo fueron muchos militares y carabineros. Es la justicia de clase que siempre han promovido y que con proyectos de ley como este buscan consolidar».

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¿Chile podría retroceder en materia de Derechos Humanos?

En el último tiempo, hemos sido espectadores de una seguidilla de políticas represivas y de beneficio a las fuerzas de orden impulsadas por el Gobierno y el Congreso, entre las que destacan la Ley Gatillo Fácil o Ley Naín Retamal, que viene a revestir de nuevas facultades a Carabineros, PDI y Gendarmería y que ha contado con las críticas de organismos como Amnistía Internacional y el INDH.

A esta se le suma la Ley Antitomas, que vienen a recrudecer la paupérrima situación de acceso a la vivienda y que ha permitido el desalojo, en pleno invierno, de familias pertenecientes a asentamientos precarios, por ejemplo, en la provincia de Arauco, en Curanilahue.

Es en este contexto represivo y de desvaloración de los DDHH que la eventual legislación del proyecto que busca beneficios para criminales de lesa humanidad avanza en el Senado. En esta línea, la representante del sitio de Memoria, Londres 38, expresó que, «es un retroceso. Peor aún, se condena a la sociedad a convivir con la impunidad. Después de 50 años en los que se negaron los crímenes, se mintió y obstaculizó hacer verdad y justicia, es imperdonable que ahora, cuando se ha logrado avanzar, aunque aún muy parcialmente, se pretenda volver atrás liberando a los pocos condenados que actualmente cumplen penas por estos delitos».

Elgueta agregó que,  «es una señal muy grave, considerando que las fuerzas armadas y policiales, sus mandos y miembros, se han involucrado en diverso tipo de delitos de malversación de recursos públicos, tráfico de armas y de drogas, durante los últimos años. Delitos establecidos judicialmente. En ese contexto, este proyecto de ley es como una promesa de perdonazo».