Juan Contreras Jara / resumen.cl
Tras haberse movilizado a través de un paro nacional de sus actividades, las y los funcionarios públicos del Estado, alcanzaron un acuerdo con los ministerios de Hacienda y Trabajo obteniendo así un reajuste salarial del 3,5% desde el próximo sábado.
Entre los acuerdos económicos obtenidos por los distintos gremios del sector público y el gobierno de Sebastián Piñera destacan aguinaldos y bonificaciones, por ejemplo un aguinaldo para fiestas patrias, el cual fluctuaría entre los 50 mil y 70 mil pesos, dependiendo de si el salario de o la trabajadora publica iguala o supera los 750 mil pesos.
En la misma línea se pagará al sector público una bonificación de vacaciones, que se concretaría a partir de enero del próximo año y tendrá un valor de 119 mil pesos, tomando en consideración, al igual que en el punto anterior, que la renta no supere los $750.000, de ser así la bonificación disminuiría a $83.000.
Hay que destacar que desde octubre pasado, las negociaciones con el gobierno no lograban llegar a buen puerto, principalmente porque este último no cedía en cuanto a las demandas de las y los trabajadores públicos, que en definitiva lo que vienen a exigirle al Estado es que les otorgue como empleador, estabilidad y mejoras en cuanto a su condición laboral.
Cabe destacar que en la actualidad las demandas del sector público abogan mayoritariamente por mejoras en las relaciones contractuales entre los quince gremios que componen la Mesa del Sector Público y el Estado. En este sentido es preciso apuntar por ejemplo la precaria situación de las y los trabajadores a honorarios del Estado, quienes a pesar de cargar con las mismas exigencias y responsabilidades de cualquier funcionario/a, no cuentan en ningún caso con los mismos derechos.
Muestra de la inestabilidad laboral de este sector son los despidos masivos que año a año se producen al interior de las reparticiones del Estado chileno y que implican desvinculaciones sin ningún tipo de indemnización para él o la funcionaria afectada.
La imposibilidad de gozar de derechos laborales como cualquier persona empleada de manera formal, hace del trabajo público bajo relación de contrata u honorarios, fuente de inestabilidad no solo de las y los funcionarios, sino que también en sus familias ya que no pueden optar a vacaciones, indemnizaciones por años de servicio, seguros sociales o de salud, fuero maternal, sindical, entre otros derechos.
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