[resumen.cl] Recientemente, la Seremi de Cultura de la región del Biobío, Paulina García Varela, fue suspendida de su cargo a causa de la tramitación de dos sumarios en su contra por denuncias de maltrato laboral que han interpuesto trabajadoras y trabajadores de la repartición.
La medida fue confirmada por la presidenta de Afucap (Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio), Marianela Riquelme, quien la evaluó como tardía, aunque a pesar de ello espera que el curso de estos sumarios termine con la desvinculación definitiva de García Varela de la institución. “Es una medida que se debió haber tomado hace mucho tiempo, pues las autoridades deben ser competentes para sus cargos”, declaró.
En noviembre del pasado 2018, trabajadoras y trabajadores de esta repartición, en compañía con integrantes de Sidarte (Sindicato de Actores y Actrices de Chile), declararon que:
"El equipo de la Seremía de Cultura, Artes y Patrimonio de Biobío ha visto en la señora Paulina García, máxima autoridad de Cultura en la Región, a una persona de insulto fácil, amenazas de despidos, habituada a los malos tratos, alejada del lenguaje técnico al que tenemos costumbre en este servicio. Ha adoptado como mecanismo de trabajo, la creación de camarillas, enemistar a las y los funcionarios, llegando incluso a prohibir que hablen entre ellos. Asimismo, prácticas antisindicales como incidir en la filiación de las y los funcionarios, así como en sus elecciones".
Según se denunció en tal momento, recurrentemente Paulina García Varela decía a quienes laboraban en la institución que era protegida por una alianza "UDI-Socialista”, lo cual le otorgaba una garantía de impunidad para realizar actos de arbitrariedad y abuso. Ante esta situación, Marianela Riquelme, declaró que “los partidos políticos deben ser responsables en su rol con la sociedad, responsables cuando sugieren o apadrinan personas que estarán frente a instituciones como ésta”.
Según la representante, la sumariada ahora cuenta con cinco días para apelar a esta medida.
