[resumen.cl] La fiscal María José Aguayo es quien investiga al Servicio de Vivienda y Urbanismo y al Gobierno Regional del Biobío por las presuntas irregularidades relacionadas con traspasos de dineros públicos a fundaciones.
En el caso del Serviu, la Fiscalía investiga los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social desde Servicio de Vivienda y Urbanismo. Cabe recordar que en dicha fundación trabajó la delegada presidencial del Biobío, la militante de Revolución Democrática, Daniela Dresdner y también Vicente Guzmán, su ex jefe de gabinete que hoy se desempeña en el SERVIU.
Además, la representante del presidente en la región, está estrechamente relacionada con la cuestionada diputada Catalina Pérez, de quien fue su jefa de gabinete y además se reveló que en la campaña senatorial de 2021 -que Dresdner perdió- Daniel Andrade, uno de los militante de RD investigado por el caso “Democracia Viva” emitió una boleta para Dresdner.
En el Biobío, Urbanismo Social es indagada por haber recibido el traspaso directo de $148 millones, por parte del Serviu Biobío, para asistir a las familias damnificadas por los incendios forestales en sus diversos trámites judiciales.
Además, los últimos días se reveló que se habría adjudicado la administración, operación y mantenimiento del condominio condominio Horizonte del Pacífico 1, en San Pedro de la Paz, por la suma de 9 mil 167 UF, 330 millones de pesos en un contrato por dos años. También de parte del Serviu.
En cuanto al Gobierno Regional del Biobío, la investigación del Ministerio Público comenzó por las denuncias contra la Fundación ONG Red Cultivarte, una organización que recibió asignación directa por $274.449.000 y que dirige exfuncionaria del Gore y cuñada del alcalde de Coronel, Elizabeth Villanueva Grandfelt.
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Los últimos antecedentes del caso han develado la existencia de una carta del alcalde de Coronel apoyando directamente a la ONG, pese a que la conduce su cuñada. Y además se hizo público el robo en sus dependencias, que resultó ser una iglesia evangélica que arrendaba espacio a la ONG por el pago de 30 mil pesos mensuales.
Meses antes de la transferencia, en febrero de 2022, Elizabeth Villanueva dejó de ser funcionaria del Gobierno Regional del Biobío donde se desempeñaba como profesional de la Unidad de Comunicaciones cobrando un sueldo de $2.319.437 según los registros de Transparencia y pasó a integrar las filas de la ONG beneficiada con una transferencia que no requirió la votación del Consejo Regional, sino sólo la autorización del gobernador Díaz.
Villanueva, además de ser exfuncionaria del GORE, es cónyuge de Carlos Chamorro Rebolledo, quien se desempeña como ejecutivo de la Corporación dependiente del Gobierno Regional, Desarrolla Biobío. La entidad es presidida por el gobernador Rodrigo Díaz y conducida por el ex DC, Marcelo Chávez.
