“Los agrotóxicos matan. Juicio social a la violencia en el trabajo y a la vida”.

Por Manu Correa ([email protected])

En Santiago, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue escenario del Sexto Tribunal Ético Nacional. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) lo define como una instancia simbólica para visibilizar y denunciar violaciones a derechos humanos y laborales en un contexto de maximización de la ganancia por parte de privados y liberalización de regulaciones y fiscalizaciones por parte del Estado. Dos tribunales desarrollados en Talca y Copiapó respectivamente, abonaron la articulación de realidades denunciadas desde las trabajadoras agrícolas de temporada. De norte a sur, la negligencia de empleadores y los efectos de la manipulación de agroquímicos fueron ejes de denuncias y testimonios con una dinámica participativa que envía un mensaje a todo el país y a su clase política, reclamando conciencia, responsabilidad y transformación.

La densidad de los temas a tratar y procedencias tan diversas como Curicó, Copiapó, El Carmen, San Nicolás, Valle del Elqui, Vallenar y Arica, entre otras, prometían una jornada intensa. Santiago, bañado de sol de mañana, comenzó a recibir desde temprano a las compañeras entre abrazos de reencuentro y desayuno compartido. “A mi me agarro la depresión”, comentó una señora que solita tomaba sol antes del inicio de la actividad. “Con las amigas compañeras me siento más acompañada”, agregó, mientras resumía el drama de su vida: marido alcohólico, maltrato sistemático y una hija de 14 años que decidió quitarse la vida tomando veneno por no soportar la violencia de su padre. Fue entonces que le agarro la depresión. “Por suerte las amigas me acompañan”, explicó. Inmediatamente, desde la galería del segundo piso de la Universidad de Los Lagos, Alicia y Mónica comenzaron a agitar la mañana, la actividad continuaría en el salón. Las compañeras de la señora la llamaron, me pidió permiso y me dio el gusto por la plática. Haber comenzado así no fue algo menor. Al desarmar la trama de la violencia patriarcal y capitalista se exponen vidas robadas y precariedad, de allí la importancia de romper el silencio y marcar responsabilidades.

Como en todas las actividades de ANAMURI, se comenzó con una mística. Consistió en alzar proclamas desde distintos puntos del salón y, finalmente, al unísono,

¡ANAMURI hace un juicio ético a la violencia hacia las mujeres en el trabajo!,

¡No rotundo al abuso y al maltrato, al racismo y al lenguaje sexista, a la intoleracia, a la discriminación sexual, a los salarios basura, a la explotación de la infancia!,

¡Ni en Ciudad Juárez, ni en cualquier rincón del mundo!,

¡Lo decimos bien alto y bien claro, hasta aquí hemos llegado, nosotras pedimos justicia!,

¡Hasta aquí hemos llegado nuevamente, hermana compañera, para defenderte y juntas gritar con mucha fuerza!,

¡Basta de violencia contra las mujeres en el campo, unidas luchamos por nuestros derechos contra el capitalismo y el patriarcado!,

¡Basta de violencia contra las mujeres!

Hubo que agregar más sillas que las dispuestas, a la actividad asistieron aproximadamente 300 personas, representantes provenientes de las organizaciones de base de la ANAMURI desde sus alejadas localidades.

Tomó la palabra Miriam Talavera, presidenta de ANAMURI. Expresó que la instancia simbólica del juicio ético espera llegar a otras instancias en las que el poder judicial tome cartas en el asunto. “Como organización sabemos que el modelo neoliberal que propicia el crecimiento de las empresas multinacionales, impacta de manera directa en la profundización de desigualdad y la marginalización de campesinas y trabajadoras asalariadas”. Denunció la falta de consulta por parte del Estado para que las organizaciones sociales participen de las transformaciones legales, por ejemplo, del código de aguas y la ley de educación. También denunció el secretismo en torno al acuerdo transpacífico (TPP), la falta de conocimiento de sus consecuencias para lxs trabajadorxs en los 30 puntos acordados: “Queremos saber punto por punto cómo va a afectar al mundo asalariado, al mundo de la producción agrícola ¿En qué instancia de esos 30 puntos que buscan ratificar estamos?”. Las palabras de Miriam fueron contundentes al delimitar la estratégica distancia que mantienen los poderes institucionales respecto de las organizaciones que trabajan a nivel comunitario, con la agenda del día a día y las problemáticas concretas que tienen que afrontar las compañeras. La trama de dicha distancia, expresada como silencio y falta de consulta, posee características particularmente sínicas si hablamos de agrotóxicos y derechos laborales del sector rural. A propósito del silencio, María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, realizó una amplia exposición sobre el estado actual de las regulaciones en materia de plaguicidas por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Salud (MINSAL). Los datos son alarmantes. Según MINSAL en 2012 hubo 849 intoxicaciones agudas, en 2013, 552, en 2014 suben a 825. Al mes de junio de 2015 hay 224 casos notificados y confirmados de intoxicación aguda por plaguicidas, 3 casos de intoxicación masivas recientes; una de ellos ocurrió el 30 de octubre de 2015 y afectó a 24 personas, entre ellos un bebé. Producto de este incidente, 12 alumnos y 4 profesores de la Escuela El Almendral fueron internados en el hospital San Camilo en San Felipe. El 15 de noviembre de 2015 en la Comuna de Rinconada de los Andes, 6 personas, entre ellos una mujer embarazada y 3 niños, resultaron intoxicados. Pero son mucho más, entre 3.500 y 4.000 casos anuales ya que se estima que en el país sólo se notifica 1 de cada 5 casos de intoxicación aguda. María Elena, confirmó que en trabajadorxs agrícolas existe un mayor riesgo de cánceres como la enfermedad del linfoma no Hogdkin, melanomas, mielomatosis múltiple, leucemia y los cánceres de estómago, labio y próstata. Argumentó que, para explicar el riesgo, existen dos criterios opuestos: el del SAG y MINSAL que define que “la dosis hace al veneno”, ya que todos los químicos son tóxicos cuando la dosis es lo suficientemente alta, y el de la Red de Acción en Plaguicidas (IPEN, PAN y RAP-AL) que postula que la sensibilidad a los químicos varía dependiendo de la especie, la edad, la vulnerabilidad y la exposición múltiple. Según el primer criterio señalado, el examen para la salud que MINSAL aplica por decreto 594/99, sólo mide enzimas de actividad de colinesterasa como indicador biológico de efectos asociados a la exposición a organofosforados (OP) y carbamatos. Al reduccionismo de “la dosis hace al veneno” se le suma la consideración del riesgo en un sólo tipo de agroquímico; preguntó María Elena: “¿qué pasa con los otros grupos químicos como los herbicidas 2.4-D (ácidos fenoxicarboxílicos) entre los que se encuentra el Glifosato?” Se respondió con el llamado de apoyo a la convocatoria “Por la prohibición de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”. Argumentó, en función del segundo criterio mencionado, que “décadas de experiencia han mostrado que un uso seguro de los plaguicidas altamente peligrosos no es posible, a pesar de los muchos programas para un uso seguro”. Sin embargo, estos agrotóxicos son clasificados con etiquetas verdes, como ligeramente tóxicos, resultando invisibles para los indicadores que maneja el MINSAL. A su vez, los criterios utilizados para la clasificación de plaguicidas por el SAG no son los adecuados. Cuando se registra un plaguicida se utiliza la resolución del SAG 3670/99 ¿Qué es lo que se pide para el registro? Simplemente, con la revisión de documentos técnicos elevados por las empresas productoras de plaguicidas, el SAG, habilita su registro, “muy rara vez se hacen evaluaciones propias en terreno”, remató María Elena. El SAG define al plaguicida como un compuesto químico orgánico-inorgánico, sustancia que se usa para combatir plagas ¿Qué está ignorando el SAG en esta definición? Omite las características intrínsecas de los plaguicidas: que son venenosos. No sólo esto, sino que además de ser venenosos, tienen efectos crónicos para la salud humana y para el ambiente en general.

Es fundamental rescatar la diferencia entre problemas en salud agudos y crónicos. Los agudos más sencillos de observar, son los efectos que se advierten en las etiquetas. Como se puede observar en la imagen, en el etiquetado no hay mención a los efectos crónicos, no hay advertencia del riesgo de cáncer que genera la utilización de los venenos. Si para los riesgos agudos aún no se aplican las políticas necesarias para su remediación, desidia evidente. Entonces, ¿cómo imaginar que pueden llegar a desarrollarse políticas para revertir las consecuencias crónicas del problema? La gente afectada, a la que menos se escucha, a la par de científicos comprometidos con enfoques integradores de lo social y lo natural, demuestran la inviabilidad del modelo actual y tienen propuestas para modificar la situación que depende, en lo absoluto, de una cuestión de voluntad, expresada en el llamado a las clases dirigentes que gusten comprometerse con las bases. Cuando la clase dirigente carece de consenso se transforma en dominante, cuando carece de consenso es porque responde a intereses sectoriales, cuando responde a intereses corporativos /transnacionales es porque hay dinero mediando, expresión de que para dicha clase, el dinero prevalece por sobre la vida.

Para complementar la jornada de la mañana, luego de la Red de Acción en Plaguicidas, fue el turno de la profesora María Teresa Muñoz, doctora en Salud Pública y directora de Postgrado de la Universidad Católica del Maule, quien presentó un trabajo realizado en conjunto por su casa de estudios, la Universidad de Chile, con asociación a la SEREMI de salud del Maule y al Hospital Regional de Talca. La investigación aportó la correlación entre la presencia de pesticidas organofosforados en la orina de niños y la presencia de los mismos en los frutos de consumo diario, fundamentalmente manzanas y naranjas. Los organofosforados (OP) son las sustancias químicas más utilizadas para el control de plagas e insectos. Las conclusiones del estudio indicaron que los riesgos de intoxicación se relacionan directamente con el consumo de frutas con residuos OP, por vivir cerca de predios agrícolas, aplicar insecticida OP en la casa y, en menores a 9 años, se asocia con la presencia de metabolitos OP en la orina de los niños. “Estos resultados han sido presentados a las autoridades de salud para poder mejorar las políticas de control en el uso de pesticidas”. Vale resaltar que una de las líneas de análisis desarrollada por la investigación, revela los efectos psicomotores vinculados a la manipulación de agrotóxicos en el trabajo rural: disminución de los reflejos, dificultades de atención y verbales fueron algunos de los diagnósticos.

La relación entre las presentaciones aportó a dimensionar la amplitud del problema al que estamos enfretadxs, incluyendo dinámicas institucionales y técnicas que excluyen a las comunidades organizadas, secuelas crónicas que demandan la aplicación de un principio precautorio que determine la prohibición de agrotóxicos que en edad temprana comienza a ser metabolizado por lxs niñxs. Pareciera ser que el tamaño de la desproporción entre la percepción del daño, la necesidad y lo que verdaderamente está sucediendo, dificulta la voluntad de creerlo posible. Por ello, la necesidad de construir articulación entre movimientos rurales y urbanos, para aumentar la visibilidad y la resistencia a una problemática de tamañas características y tamaño silencio.

Con un panorama más detallado de los peligros de los agrotóxicos, la palabra comenzó a circular por el salón: precariedad de las condiciones laborales en Vallenar y Curicó. “Es mentira, no nos dan los implementos”, dijo con indignación una compañera. Otra agregó que “tengo baja la autoestima, es bueno que alguien me proteja -en referencia a ANAMURI- y yo ni siquiera lo sabía”. Una agrupación de mujeres temporeras de Los Andes denunció abusos a lxs trabajadorxs migrantes. Desde San Nicolás compartieron la experiencia de conformarse como comuna agroecológica. También se presentó un video elaborado por las compañeras de Las Palmas de Toconey en la región del Maule, que evidenció las diversas dificultades que transitan como comunidad, desde la amenaza por el cierre del ferrocarril hasta las plantaciones de Pino que absorben el escasa agua de la zona.

Parte de la jornada de la tarde nos situó en los problemas que enfrentan las trabajadoras y compañeras afectadas por los aludes de barro proveniente de relaves mineros en las ciudades de Copiapó y sus alrededores, dando testimonio de lo sucedido con el deslave que arrasó con los campamentos de trabajo de la Frutícola Atacama que se llevó la vida de dos compañeras. Sin entrar en el detalle de los relatos de supervivencia, hay que destacar las características del conflicto: un campamento de packing asentado en una quebrada, canal natural de escape del agua; perímetros cerrados por una política empresarial de control esclavo; desvinculación total de la empresa como responsable de lo sucedido. Actualmente hay un juicio en proceso por parte de los trabajadorxs afectados, sin poder afirmar tener un panorama favorable, el proceso continúa. En el camino muchxs compañerxs angustiados por necesidades económicas, aceptaron el finiquito que ofreció la empresa luego de los trágicos eventos, desvinculándose de la posibilidad de avanzar en el juicio.

El Tribunal Ético Nacional, posee un jurado quienes analizan los casos y antecedentes que se comparten con las asistentes; el cual estuvo conformado por la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana; la presidenta provincial de la CUT de La Ligua, Felisa Garay; Pamela Caro de CEDEM, el director de la Fundación Emerge, Cristian Cuevas y el coordinador de programas de la Fundación Heinrich Böll, Sebastián Ainzúa; compartieron sus impresiones de la jornada y se leyó el documento veredicto que circulará por la redes sociales y en la web de ANAMURI. Se habló de rescatar la importancia de la fecha en articulación con la exigencia de participación en la toma de decisiones que las comunidades requieren. El tema de la violencia hacia las mujeres, la precariedad de las condiciones laborales rurales y el avance del agronegocio por sobre los derechos humanos nos enfrentan a una problemática que atraviesa todo el país y a Latinoamérica entera. Por ello, la importancia del poder constituyente organizado para revertir las condiciones actuales y respetar los derechos de lxs trabajadorxs. En el dificultoso vínculo que relaciona a las comunidades con las instituciones, ante la práctica ausencia de representantes de los sectores pertinentes (salud, agricultura y trabajo), sólo la presencia de PRODEMU con su directora nacional Pamela Farías, habilitó la promesa de hacer de puente entre las denuncias, reivindicaciones y propuestas de las comunidades articuladas en ANAMURI, con miras a modificar el escenario de violencia que el Sexto Tribunal Ético se esforzó por sistematizar. El resto de las “autoridades” con responsabilidad fueron invitadas pero brillaron por su ausencia.

Mientras tanto, los ojos que ven y los corazones que sienten, siguen alzando sus denuncias y propuestas: ¡Basta de violencia contra las mujeres en el campo, unidas luchamos por nuestros derechos contra el capitalismo y el patriarcado!

Unas palabras de Gabriel Salazar aportarán al espíritu del Sexto Tribunal Ético que esta crónica pretendió sintetizar:

“...Y hemos llegado hasta aquí, hasta este tiempo de maduración y eclosión de esa larga, lenta pero fructífera “transición por abajo”. A un punto en que ya conocemos el poder que tenemos, la cultura propia que calzamos, la voluntad colectiva que perfila nuestro futuro y, aún, la sabiduría de cómo movernos frente a clases políticas que, desde hace demasiado tiempo, pretenden gobernarnos... Hemos aprendido a conocer cómo es el jueguito asociado que ustedes juegan y hemos aprendido, de eso, a autoeducarnos en soberanía... ¿cómo, pues, no querer cambiar de raíz la educación mercantil y mercenaria que nos han implantado?... Y esto, claro, es sólo para empezar... ...Porque, más temprano que tarde, sabrán también de nuestro poder constituyente...”

G. Salazar “En el nombre del Poder Popular Constituyente (Chile, Siglo XXI)”.