[resumen.cl] Una glosa del presupuesto 2021 presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso sube del 0,6% a un importante 3,1% el aporte del dinero de Fonasa hacia las Cajas de Compensación, es decir, dinero de la salud pública en un año tan complicado por la pandemia, para alimentar un negocio privado.
Finalizando el fatídico 2020, el 16 de diciembre se publicó, en el Diario Oficial, la ley de presupuesto para el año en curso, hasta ahí todo normal, pero en la glosa 20 de la partida 16 hay un cambio que ha llamado profundamente la atención sobre el gasto fiscal relacionado con Fonasa. Bien, el cambio se trata de una modificación en la ley 18.833 que paga el Fondo público de salud a la Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), del 0.6% acostumbrado ahora se pagará el 3,1% de las remuneraciones de las y los trabajadores a las entidades privadas que pagan las diversas prestaciones sociales, los afiliados a Isapres no reportarán cambios en esta cotización.
Las CCAF son entidades privadas a las que el Estado encarga la administración de prestaciones sociales (licencias, pre y postnatal, entre otras) y si bien existen desde la década del cincuenta, sufrieron un gran cambio con la dictadura neoliberal post 1973. Regidas por la ley 18.883 de 1989, reemplazó al decreto que las regía desde 1978, durante el periodo de José Piñera en el Ministerio del Trabajo, las Cajas actuales se articularon en torno a gremios controlados por afines a la dictadura y se expandieron en base a clientes cautivos en las diversas empresas del país. Financiadas con dinero público también ofrecen créditos y diversos productos financieros, en definitiva, es otro ejemplo del rol subsidiario del Estado que debiera modificarse a partir del proceso constituyente actualmente en desarrollo.
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Si bien esto no significará pagar más por previsión en salud, el problema es que los recursos destinados a financiar la salud pública, por de pronto exigida en un año complicado por la Covid-19, irán a financiar a estas entidades privadas que, con el argumento de recaudar para pagar asignaciones y licencias, aumentarán el aporte financiero desde las arcas fiscales en un año marcado por el desempleo y la desactivación económica. La jugada pro empresarial es evidente, pues no está signada por el momento de emergencia, esta modificación no tiene fecha de término además, la antigua cotización data del 2006, por lo tanto la entrada de recursos a las CCAF será constante a menos que se modifique la ley nuevamente.
La administración Piñera ha antepuesto los intereses de las personas, altamente exigidas por un año de escasez, desempleo y enfermedad, privilegiando la mantención del negocio de las CCAF que -efectivamente- han recaudado menos que en un año normal, sin embargo, lejos de pagar licencias desde partidas directas o de otras reparticiones del Estado, ha decidido desvestir al Fondo nacional de Salud, sabiendo de la necesidad de mantener fortalecida la salud pública. El Congreso no solo ha sido incapaz de detener este atentado contra la salud de las y los chilenos, tampoco ha denunciado con suficiencia esta situación hasta que fue promulgada y hecha realidad, sumándose al atropello a los derechos sociales, sello de este gobierno y sus predecesores.
Cabe exigir una mayor fiscalización en torno a esta situación, así como del rol y actividad de estas instituciones.
