Descontrol, es la palabra que podría resumir el comportamiento de los gobernantes en las últimas semanas. La grosera actitud discriminatoria hacia las comunidades mapuche frente al incendio forestal en Carahue y la insólita pretensión de eliminar de los textos escolares la palabra dictadura, son algunas de las manifestaciones más notorias de este peligroso síntoma.

Un comportamiento errático, agresivo y panfletario de un gobierno que busca con desesperación encontrar respuestas al persistente rechazo que provoca en la ciudadanía y que se traduce en la permanente y creciente baja en las encuestas. Como ya es notorio y sabido, la clase política solo se conmueve ante negativos resultados en las encuestas; puede haber millones de chilenos manifestando en las calles y la respuesta es reprimirlos, no escucharlos. Sin embargo, una encuesta es palabra sacra para los siervos del rating y los estudios de mercado.  Este gobierno no puede sintonizar con los intereses y necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos pues se ha dedicado a representar y defender los intereses y aspiraciones del pequeño puñado de la casta dominante de la economía y dominadora de la política chilena. Difícilmente, entonces, la ciudadanía podría aprobar o simpatizar con este gobierno, dado el hecho irrefutable de que los gobernantes no representan ni la voluntad, ni interpretan las aspiraciones, ni resuelven las necesidades de la mayoría de los habitantes de este país, por más que el presidente haya sido elegido en un proceso democrático (lo que habla a las claras de la inconsistencia de los procesos eleccionarios que rigen nuestro sistema puesto que son absolutamente manipulables por el marketing electoral y absolutamente carentes de real representatividad de los ciudadanos). Y las encuestas golpean una y otra vez con sus mudas valoraciones, pese a los esfuerzos de ciertas empresas encuestadoras por alivianarle la carga negativa y tratar de inventar un repunte de los índices en favor de los gobernantes. Manipular datos e información es un método común utilizado por los políticos desesperados. Cuando esa desesperación puede afectar los resultados electorales la manipulación se torna grotesca y absurda.

Desesperación es el intento, burdo pero real, de terminar con la pobreza en Chile mediante el simple expediente de cambiar la definición y caracterización del concepto pobre. Esta estupidez gubernamental está contenida en las mediciones establecidas en la nueva Ficha de Protección Social, que califica la pobreza en función de los subsidios y ayudas sociales que el estado debe brindar a los sectores más necesitados. Las cifras actuales arrojan sobre un 22% de población bajo los índices de pobreza, lo que para los gobernantes resulta inaceptable y sobre todo incontestable. Solución: se cambian los parámetros de medición y se decreta que un alto porcentaje dejará de ser pobre porque así los mostrarán los nuevos índices; la realidad de las personas y las familias pobres seguirá siendo la misma, pero los índices dirán otra cosa. Así es como el flamante gobierno empresarial terminará con la pobreza o, según sus metas, reducirá la pobreza.

Este tipo de manipulaciones y mediciones truchas ya las hemos experimentando en el último tiempo con “las nuevas formas de medir la cesantía”, por ejemplo, o los mecanismos de medición del IPC y la canasta familiar. En ambos casos la porfiada realidad se niega a encajar con las siempre infalibles cifras y métodos de medición de índices que todo lo resuelven por arte de birlibirloque o por expresa voluntad gubernamental.

La misma voluntad gubernamental que ha llegado al límite del ridículo y al colmo del absurdo al pretender eliminar de los textos escolares el uso de la palabra dictadura para definir, precisamente, el período de la más cruel, brutal y sanguinaria dictadura que haya existido en nuestro país. ¿Esta es la gran reforma educacional de Piñera? Al menos es la guinda de la torta de la nula respuesta frente a los reclamos y exigencias de reformas levantados por el estudiantado y la ciudadanía durante el 2011. La única respuesta que se les ocurre balbucear a los gobernantes (más allá de la represión habitual y tal vez ante la imposibilidad de seguir reprimiendo a mansalva durante el verano), es que inician este año 2012 con la gran novedad de que no se podrá seguir enseñando historia a los alumnos con el calificativo de dictadura para referirse a la dictadura militar pinochetista de la derecha y los empresarios, es decir, los mismos que ahora están en el gobierno. Es el colmo del absurdo. Así como durante la dictadura negaban la existencia de los crímenes que la dictadura cometía, así como negaban la existencia de los detenidos desaparecidos, así como negaban la carencia de libertades y derechos, así como entonces fueron parte ejecutante y activa de la ignominiosa dictadura, hoy, esos mismos políticos derechistas pretenden negar la existencia misma de la dictadura. Esto es expresión nítida del contenido dictatorial, represivo y regresivo, de este gobierno derechista; es una estupidez y un absurdo pero eso es lo que representa la derecha chilena como expresión política, enferma de fascismo hasta la médula, intentando ocultar tras falsos e hipócritas biombos de lenguaje, realidades y verdades tan grandes como que la tierra es la tierra. Intentan borrar con eufemismos y verborrea los crímenes y vejámenes que ayer se cometieron con entusiasmo desde la inmunidad del poder absoluto y que la palabra dictadura desenmascara, denuncia, refleja de modo simple, realista y categórico. La desesperación puede llevar a cometer estupideces, pero también la estupidez puede venir incluida en el envase.

Por ese camino, pronto este gobierno va a tener que suprimir las encuestas de opinión;  no habrá  otra solución pues su relación con los ciudadanos y la realidad ya tiene su sendero trazado y los gobernantes no conocen otro método que imponer las cosas, imponer su voluntad y sus arbitrios. No de otra manera se puede entender y explicar el errático actuar del  gobierno  ante los incendios forestales que han afectado al sur del país en las últimas semanas. Esta vez el colmo ha estado puesto por el Presidente y el Ministro del Interior que respecto del incendio en la comuna de Carahue han salido presurosos y tajantes a culpar a las comunidades mapuches como causantes de los siniestros. No solo eso sino que se han apresurado en presentar querellas, invocar la ley de seguridad del estado e invocar la ley antiterrorista. Acusaciones al boleo, amenazas por doquier y verborrea  a destajo, para aprovechar el incendio y criminalizar la causa de los pueblos originarios sin ningún fundamento de ninguna clase. El único fundamento del gobierno y gobernantes es su arbitrio de culpar a quienes ellos consideran sus adversarios puesto que las reivindicaciones mapuche van en directa oposición a los intereses de las grandes corporaciones empresariales del rubro forestal. Bastó que los representantes empresariales dijeran que el incendio de Carahue había sido provocado mediante 50 focos simultáneos para que el gobierno le diera a esa temeraria conjetura carácter de verdad absoluta e indesmentible. (Ni ante los fallos de la Corte Suprema, ni ante fallos de cortes internacionales, el gobierno chileno se muestra tan solícito y dispuesto como ante un chillido de la casta empresarial). Es comprensible que el Ministro Larroulet y otros cuantos derechistas se crean y sientan dueños de la comuna de Carahue y la Región de la Araucanía, pero esta vez han rebasado todos los límites.

En el caso del incendio de Carahue, el gobierno de Piñera y particularmente el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sacan a relucir un arraigado racismo, demuestran su carácter discriminador y clasista. El pretexto que aducen para invocar las penas del infierno es solo eso, un pretexto. No se ha visto la misma voluntad “persecutoria” de los gobernantes en el incendio ocurrido en la comuna de Quillón en donde también hubo dos víctimas fatales, pero donde no están las tierras mapuche en disputa. Al contrario, allí el gobierno ha cubierto su propia ineficiencia para enfrentar la catástrofe y se ha esmerado en cubrir las responsabilidades de las empresas forestales culpando de todo a la naturaleza. En el incendio producido en el Parque Nacional Torres del Paine, en la comuna de Puerto Natales, pese a conocerse un responsable que provocó el fuego, el gobierno se ha hecho el desentendido frente a las causas del siniestro pues se trata de un ciudadano israelí, Roter Singer, y eso para los gobernantes es motivo de protección, no de condena. No importa que el incendio haya sido devastador y el daño gigantesco en un parque que es Reserva Mundial de la Biósfera; allí hay que hacerse el curro porque no son tierras en disputa por pueblos originarios y todavía (felizmente) la voracidad empresarial no llega a apoderarse de ellas (Aunque no faltó el parlamentario derechista de la zona que salió con su propia verborrea privatizadora, desnudando el carácter de rapiña que caracteriza a estos empleados del empresariado depredador).

Ni en Quillón ni en Puerto Natales se ha hablado de querellas, ni de ley de seguridad interior del estado, ni mucho menos de ley antiterrorista, simplemente porque no corresponde, aplicando un cierto criterio de legalidad, coherencia y sentido común (no puede ni debe ser); pues lo mismo vale y debiera valer para el caso de la comuna de Carahue, pero los gobernantes, cegados por el racismo y los intereses empresariales, lo ignoran por completo.

Foto: Extraída de http://msgg.gob.cl/