Este domingo 4 de julio se instalará la Convención Constituyente compuesta por los 155 delegados y delegadas elegidas, proclamadas y convocadas para abocarse a elaborar una nueva Constitución Política para el país. Un ejercicio democrático que ocurre como consecuencia directa del Estallido Social de octubre de 2019 que puso la demanda y necesidad de una Asamblea Constituyente como una de las exigencias inmediatas e irrenunciables del pueblo chileno. Ese es el hecho esencial. Esta significancia se agrega al hecho de que por vez primera en nuestra historia la Constitución será redactada por una representación ciudadana democrática y deberá ser ratificada en un plebiscito. Además, este ejercicio constituyente tendrá como características de fondo la paridad de género de delegados y delegadas, así como la legítima presencia de los pueblos originarios, cuestiones éstas que, por lo demás, también fueron producto de las luchas populares en las calles. Desde su origen resulta ser que este ha sido un ejercicio de soberanía popular que emana de las luchas sociales del pueblo y debiese continuar siendo soberano.
Proceso este que ha estado caracterizado por los continuos e infructuosos intentos de los dueños del poder y de la clase política por arrebatar del movimiento social los contenidos y significados de las manifestaciones que durante meses sacudieron al país. En aquellas intensas jornadas, el pueblo pagó el enorme precio de vidas segadas por el accionar represivo de las fuerzas policiales y militares al servicio de los poderosos. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas movilizadas, ha sido un costo humanitario que no puede quedar olvidado en el tacho de hechos pasados sino que debe ser una exigencia moral para quienes están llamados y llamadas a trazar los caminos del futuro. Las personas mutiladas por el desquiciado accionar de unidades represivas, las personas detenidas y castigadas por el desmesurado actuar de Fiscalías que operan como tribunales de conveniencia al servicio del poder, son afrentas que no pueden ser ignoradas por los delegados y las delegadas en su actividad de convencionales ni en su trabajo de elaboración constitucional.
La Convención no será, tal vez, en la forma la Asamblea Constituyente que el pueblo chileno demandaba, pero en los hechos debe serlo en sus definiciones estructurales, en la independencia de su funcionamiento, en los mecanismos operativos de su trabajo, en los objetivos que persigue y en los contenidos en que se trasforme su deliberación y elaboración. Se impone a los delegados y delegadas que componen esta Convención la necesidad de que se hagan cargo de la responsabilidad de ejercer la soberanía del pueblo, de cumplir el mandato del plebiscito de octubre de 2020 que ordenó por una abrumadora mayoría ciudadana el desechar la constitución dictatorial y dar paso a la elaboración de una nueva Carta Magna, de traducir en hechos la voluntad popular expresada mayoritariamente en las preferencias de mayo pasado, de hacer letra digna las exigencias del pueblo expresada en las calles de Chile desde octubre de 2019 en adelante, y aún desde anteriores movilizaciones y luchas sociales. Esas mayorías ciudadanas se convirtieron en una mayoría de delegados y delegadas de los movimientos, organizaciones y realidades locales, sociales y sectoriales que deben hacerse sentir sin limitaciones en este proceso constituyente.
Al decir mayorías, estamos diciendo también que existen minorías. Los representantes del poder establecido, los integrantes de la añosa y descompuesta clase política, de los administradores del modelo decadente y desechado por el pueblo, son quienes conforman la minoría conservadora en este proceso. El poder es la minoría y tiene sus representantes en esta asamblea Convención Constituyente. El gobierno en funciones, encargado legal y formal de hacer posible la convocatoria y constitución física de la Convención, encarna y representa fielmente esa minoría. La minoría del poder se ha dado maña para tratar de apoderarse por medio de artilugios y artimañas del proceso constituyente, y para ello ha contado con la gestión activa del gobierno en funciones y, particularmente, de los enclaves dictatoriales que ocupan el llamado “Segundo Piso” de La Moneda. Desde esos salones de gobierno en las sombras el pinochetista Cristián Larruolet se encuentra digitando a Piñera y al ministro que ocupa la cartera de Secretario General de la Presidencia para intentar convertir a la Convención en un bien diseñado formato de entidad gatoparda (cambiar todo para que nada cambie) destinada a la protección del poder y los poderosos. En estas acciones y pretensiones gatopardistas cuentan, desde luego, con la colaboración de los sectores más recalcitrantes de la sibilina y sumisa Concertación que se han especializado en velar por intereses empresariales y privados durante los últimos 30 años.
No es un detalle al paso sino una muestra de fondo que anteriores gobiernos concertacionistas siempre tuvieron la habilidad para negar la necesidad e ignorar la demanda de una nueva constitución. Siempre la omitieron haciendo gala de su docilidad administradora del modelo dominante. Cuando no pudieron seguir negando la necesidad de un nuevo ordenamiento, se dieron maña para manipular la exigencia, terminando por tergiversarla y realizar falsas reformas (como hizo Ricardo Lagos el 2005), o encapsulándola en inocuas comisiones, irrelevantes comités de expertos, inconducentes consejos asesores, que terminaban en la nada misma (como hizo Michelle Bachelet el 2015). Experiencia de manipulaciones y manejos truchos hay de sobra en las esferas del poder, en la clase política institucionalizada, que ahora se ven representadas en esa minoría conservadora de delegados y delegadas en la Convención Constituyente.
Los intentos de la casta del poder por controlar el devenir de la Convención se han visto reflejados no solo en los afanes de imprimirle a las actividades de los constituyentes un carácter muy aristocrático, muy de alcurnia, muy de instancia elevada, muy de ceremonial elitista, con la finalidad expresa de separar a la amplia mayoría de las y los constituyentes de sus raíces, de sus realidades, de sus orígenes y vínculos sociales. El aislar a la Convención Constituyente separándola de la realidad del país es propio de estas castas que acostumbran realizar sus contubernios y maquinaciones en escenarios cerrados a la ciudadanía, protegidos por fuerzas policiales –cuando no militares-, rodeados de cercos y vallas para impedir que la población pueda tener acceso, siquiera visual, a lo que se cocina en esos herméticos escenarios del poder. En este sentido, es necesario que la mayoría de los delegados y delegadas haga valer el principio de que la Convención debe ser un ejercicio democrático de cara a la ciudadanía, de frente al pueblo mandante, sin el oscurantismo ni el secretismo tan característico de la casta política institucionalizada.
Esta forma de actuar de la casta gobernante se ha visto también reflejada en la pretensión del gobierno de Piñera (o del maquinador Larroulet) de controlar las grabaciones y manejar las comunicaciones de la Convención. Además, de instalar una extraña empresa de seguridad destinada supuestamente a proteger a los delegados y delegadas constituyentes, cuando es del todo presumible que su finalidad sea generar el aislamiento de la constituyente, por no decir el secuestro legal. A ello se suman las restricciones o limitaciones reales que se le han puesto a los medios de prensa independientes, alternativos y provincianos para cubrir los acontecimientos de la instalación de la Convención. No es solo una manifestación más del asfixiante centralismo en las decisiones y manejos comunicacionales sino una evidente intención de restar espacios a aquellos medios que no son parte de la prensa empresarial ni obedecen a la lógica de servilismo y protección de los estamentos de poder.
La característica que los gobernantes le intentan inyectar a la Convención y a sus componentes no puede ser aceptada como parte necesaria en este proceso. Los propios constituyentes son las personas llamadas a impedir esos intentos y frenar esas tendencias manipuladoras de una buena vez. No se puede permitir que un gobierno decadente, que una minoría derrotada, intente controlar y monitorear el hacer de la Convención para convertirla en una instancia o entidad inocua e ineficaz. La soberanía y el ejercicio real de la misma, exige que el gobierno y sus digitadores del Segundo Piso sean alejados de cualquier influencia en el que hacer y cómo hacer de la Convención. La función del Estado, a través del gobierno en funciones, es facilitar los requerimientos logísticos y prácticos de los constituyentes para su funcionamiento pero no determinar esos requerimientos; basta con que el Estado se ponga a disposición de la Convención (y no al revés) y se ocupe de cancelar los sueldos de los delegados y delegadas, pero no más que eso.
Los propósitos y manipulaciones de la minoría conservadora no pueden limitar los derechos ni condicionar los deberes de la mayoría de los delegados y delegadas que obedecen a las necesidades de cambios profundos que nuestra sociedad reclama y la ciudadanía demanda. Llegó la hora de que comience el verdadero ejercicio soberano y democrático para los mandatados y mandatadas en esta Convención y, no está de más decirlo, la nueva constitución debe elaborarse a partir de “la hoja en blanco”. Eso también es ejercer soberanía.
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