A principios de la pasada década, para estimular la sustentabilidad de los recursos pesqueros a nivel global, comenzaron a implementarse una serie de iniciativas “verdes” utilizando herramientas de mercado, desarrollando etiquetados para poder diferenciar productos que cumplen con una u otra condición, lo que generaba ventajas comparativas con los competidores. De esta forma, el Marine Stewardship Council, MSC, se convirtió en el líder mundial en este tipo de certificaciones de sustentabilidad en pesquerías. Durante todo este tiempo, empresas de pesca extractiva chilenas han tratado de obtener esta certificación pero su resultado es siempre el mismo: cuando el sistema pesquero chileno es revisado y comparado con estándares internacionales no califica.
Este sistema de certificación de pesquerías sustentables tiene dos etapas una privada, o de preevaluación, y una abierta a la participación de quienes sientan que son parte de la pesquería de una u otra forma, conocida como la evaluación propiamente tal. Estas evaluaciones son hechas por organismos dedicados, que son auditados periódicamente para asegurar su idoneidad. En el caso chileno, algunas empresas han tratado de certificar la pesquería de merluza común, la que ha fallado dos veces en el proceso en los últimos diez años. Además, existen otras pesquerías que sólo han llegado hasta la preevaluación, donde las fallas quedan en secreto entre la empresa y los encargados de hacer el estudio.
Chile falla, y falla por varios motivos. Uno de ellos es que las empresas no han entendido que en el concierto internacional no es tan fácil, como dentro de Chile, manejar las cosas vía influencias. En estas certificaciones “the chilean way” no funciona. Las empresas que quieran certificar deben poner a la cabeza de estos procesos individuos calificados que puedan aportar y desarrollar una estrategia para lograr la certificación en un plazo prudente llevando adelante un plan de mejoramiento de las pesquerías.
Sin embargo, el problema más importante para la certificación es que por muchos años en la mayoría de las pesquerías se han dado cuotas muy por sobre lo recomendado por los científicos, debido a que tenemos un sistema de administración pesquera permeable, que ha estado dominado por intereses políticos y/o económicos. Lamentablemente, la nueva ley de pesca repite lo mismo con los llamados “comités científicos” que serán manejados por la Subsecretaria de Pesca -mediante la conformación y operación de los mismos- la cual ha mostrado en reiteradas ocasiones ser proclive a intereses particulares. Es tiempo de hacer las cosas bien si se quiere realmente certificar las pesquerías nacionales como sustentables, la gran tarea para el próximo gobierno será crear un instituto pesquero del Estado, autónomo, que esté encargado de determinar las cuotas de pesca, dejando fuera cualquier interés que no sea el conocimiento del estado de las pesquerías y su manejo sustentable.
En la Foto (de archivo Resumen): Realizando un descarte de jurel, después de una pesca de cerco. Como expresan las fotos, la pesca de cerco encierra el cardumen, sin importar el tamaño de las especies capturadas y ni tampoco su cantidad, por lo tanto, si la pesca es muy chica o si la cantidad excede la capacidad de las bodegas del barco, sencillamente la pesca se "descarta", se bota al mar, ya muerta por el mal trato sufrido en la captura.
Santiago Gacitúa. Gerente general de Anapesca A.G, biólogo marino de la Universidad de Concepción
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