La desesperación ante el despojo de su hogar de toda la vida llevó al poblador Fernando González Herrera de San Rosendo a tomar la dramática decisión de atentar contra su vida. Tras ello, un familiar intentó hacer lo mismo y permaneció varios días en estado grave, siendo dado de alta este lunes. Son parte de las 101 familias que desde marzo se encuentran con amenaza de desalojo en el emblemático sector Las Antenas, según alegan las autoridades, por riesgo de deslizamientos de tierra. Por su parte, pobladores afectados denuncian humillaciones y hostigamiento por parte de funcionarios públicos y exigen su renuncia.
Por: Alberto San Martín
Por más de 50 años, el sector Las Antenas se fue conformando como espacio habitado por familias campesinas de San Rosendo. «Han vivido un camino de promesas incumplidas, de vulneraciones sistemáticas de sus derechos. Durante décadas, los vecinos y vecinas del sector Antenas construyeron sus hogares en terrenos que les fueron entregados informalmente por el Estado, pero siempre con un compromiso verbal de regularización de su propiedad», explica Jacqueline Muñoz Hidalgo, dirigente vecinal de la comuna de San Rosendo.
En marzo de este año se les notificó a las familias, ad portas del invierno, que debían desalojar. «Se les mencionó durante una reunión, ni siquiera con una ayuda psicológica, emocional, que debían desalojar sus casas de 50 años, otros 20 y así 10 años que debían desalojar, gente que ya tenía su vida hecha», señala la dirigente.
La aplicación despiadada de la Ley Antitomas en medio de la crisis habitacional
Como en gran parte de la Región del Biobío y regiones vecinas, el paisaje de San Rosendo-Laja se encuentra dominado por las plantaciones forestales, con escasos espacios donde realizar proyectos habitacionales que puedan satisfacer la demanda de vivienda.
Jacqueline explicó que tanto varias administraciones municipales como el propio SERVIU mantuvieron reuniones supuestamente para una regularización de los terrenos. «Esto generó que los vecinos hicieran inversiones de toda la vida, inversiones monetarias para poder construir sus hogares sólidos. Estamos hablando de construcciones, muchas construcciones también que son de material muy bien ejecutado. La gente le puso corazón, le puso vida a esas casas. Construyeron un hogar. Estamos hablando de que hay gente que tiene un arraigo», explica.
Aunque inicialmente se solicitó el desalojo de 16 familias en una primera etapa, son 101 en total las que se encuentran en riesgo de desalojo en este sector Las Antenas.
La dirigente vecinal explicó que en el lugar ha habido inversiones públicas y privadas, lo que indicaría la intención previa de regularizar los terrenos. «SERVIU se ampara en todo este proceso de desalojo inhumano de que las familias están en riesgo de muerte debido a los derrumbes», señala Jacqueline, quien cuestionó los informes técnicos. «Siempre hablaron de que tenían un informe categórico que aseguraba que el cerro se venía abajo. Pero hoy día nos encontramos con un informe flash que hizo SERNAGEOMIN el día de los derrumbes. Estamos hablando del año pasado, donde solamente se evaluó una casa» denunció Jaqueline.
Poblador que se quitó la vida acudió a pedir ayuda a la municipalidad el día anterior a su muerte.
Jacqueline explica que ha habido persecuciones y presiones contra las familias afectadas. «Han tenido que firmar la orden de desalojo y han tomado estos subsidios de arriendo y que hoy día se encuentran con una gran depresión porque no consideran que ese es su hogar».
La dirigente explicó que el pasado 2 de julio poblador Fernando González acudió a la comisión de Vivienda del Congreso a solicitar apoyo. «Expresó lo que estaba ocurriendo en San Rosendo. Pidió ayuda, dio un grito de ayuda. Él dijo: ‘Hay gente que está pensando en quitarse la vida, y yo personalmente también lo he pensado’, y no hubo respuesta frente a eso. Se hizo caso omiso y hoy día, lamentablemente, estamos llorando. Todo es una muerte que nos va a pesar para siempre», señala la dirigente.
Jacqueline recalca que también Fernando tuvo una conversación con el alcalde previo a su muerte. «Don Fernando fue a la municipalidad, fue a pedir ayuda, se le negó, se ridiculizó», y además que «la directora de SERVIU del Biobío lo humilló», por lo tanto, piden su renuncia.
«Los vecinos están terriblemente mal, porque en el fondo siempre se ha llevado este proceso lleno de vulneraciones. Hoy día los vecinos no pueden dormir. Estamos hablando de que hay vecinos que están con insomnio, hay vecinos que están con depresión, hay vecinos que están teniendo que tomar pastillas porque no pueden dormir, porque los nervios y el estrés que ha generado esto ha dañado emocionalmente a muchas familias», advierte Jacqueline.