El resultado de la elección presidencial efectuada el pasado domingo 19 significó una nueva y aplastante derrota para el gran empresariado y la clase política conservadora que parapetados tras la ultraderecha y el pinochetismo intentaron por todos los medios imponer al representante de sus intereses. Por el contrario, el triunfo del candidato opositor fue un categórico téngase presente manifestado por el pueblo ante las fuerzas del poder establecido, de la descompuesta clase política y del empresariado explotador y abusador.
La victoria en la contienda electoral presidencial es una contundente demostración de que la ciudadanía y el campo popular no están dispuestos a dejarse aplastar por las corrientes conservadoras ni menos está disponible para permitir que se le arrebaten los espacios de participación que se han ido conquistando o recuperando desde la movilización y lucha social a partir del Estallido Social de octubre de 2019.
La masiva concurrencia del electorado en las comunas y sectores populares, la evidente participación de las jóvenes generaciones y de las mujeres de todas las edades, se convirtieron en factores determinantes para revertir el negativo escenario que se produjo luego de la primera vuelta electoral de noviembre pasado. Todas estas expresiones se producen en rechazo al representante de la derecha pinochetista y sus amenazas retardatarias. Esta masividad fue posible a pesar del grosero acto de boicot a la jornada electoral desatado por el empresariado que controla el transporte público, ocasionando una dificultad sustancial para que los ciudadanos pudiesen acercarse a los lugares de votación, y por el gobierno que no adoptó ninguna medida tendiente a impedir o neutralizar el sabotaje, lo que habla a las claras del interés de la casta gobernante de hacer mermar la participación popular sabedores de que esta concurrencia masiva podía traducirse en derrota para el sector que representan, como efectivamente ocurrió.
Lo cierto es que el ahora presidente electo, Gabriel Boric, tiene la responsabilidad de hacerse cargo del mensaje expresado por el mundo popular y la ciudadanía no sólo el domingo reciente sino que también en el plebiscito de octubre de 2020, en la elección de los delegados constituyentes y en los diversos procesos de participación electoral que se han producido en el último tiempo, el más inmediato es el que lo convierte en el mandatario más joven de nuestra historia. El mensaje es claro: el pueblo chileno no renunciará de ninguna manera a concretar las exigencias y resolver las demandas surgidas desde el Estallido Social.
Una de las exigencias más claras y categóricas fue, precisamente, la de una Nueva Constitución y sacudirse del lastre de la añosa, deslegitimada y desprestigiada clase política, consumida por la corrupción y descomposición moral. Pero junto a esta exigencia, van amarradas las demandas reivindicativas por la justicia social, la dignidad y los derechos que se han exteriorizado en la lucha en las calles, en las deliberaciones populares en las asambleas ciudadanas y en las reuniones de trabajo sostenidas por la propia Convención en terreno con las organizaciones sociales.
A las demandas específicas por educación, salud, previsión, trabajo, vivienda, transporte público, servicios básicos, mejoras en la calidad de vida, la protección del ambiente, se suman las demandas nacionales por recuperar (nacionalizar y estatizar) las riquezas mineras básicas, recuperar la potestad del Estado sobre las aguas para garantizar el consumo humano y la subsistencia, recuperar el dominio del Estado sobre bordes costeros y altas montañas, recuperar un sistema de transporte logístico basado en el uso del ferrocarril en la columna vertebral del país, entre otras urgencias para el desarrollo del país, y –como lo demostró brutalmente la situación de pandemia- la necesidad de recuperar un Estado capacitado y disponible para proteger y auxiliar las necesidades de la población.
Concretar estas exigencias reclama cambios y transformaciones de fondo. Llevar adelante el mandato popular expresado en el plebiscito de elaborar una nueva Carta Magna, facilitar el trabajo de la Convención Constituyente y del proceso constituyente y sus conclusiones, es tal vez la obligación principal que debe asumir el nuevo gobierno. Esta sola obligación, sin embargo, lleva implícita la urgente necesidad de sacudirse del lastre, de remover los estorbos, de desatar las trabas, de librarse de los manipuladores y operadores recalcitrantes al servicio del poder y de los poderosos.
El mayor desafío político que tiene el nuevo gobierno es actuar al servicio de la ciudadanía, al servicio del pueblo, velando por el bien común y el desarrollo de las comunidades.
Renovar la política es una necesidad ineludible, pero creemos de fácil comprensión para alguien como Boric que viene del mundo magallánico y entiende la importancia de la esquila. Esta necesidad no se refiere tan solo al imprescindible recambio de los rostros, de los personajes, de los nombres que han ocupado y saturado los espacios de gestión de la política nacional en los últimos 33 años. Se refiere, sobre todo y preponderantemente, a cambiar las formas de hacer política, las maneras de ejercer la labor política, los mecanismos de desenvolvimiento de la actividad política. Hasta ahora, ésta ha estado circunscrita a la presión de los poderes fácticos, a la acción de colectividades movidas por mezquinos intereses partidistas, a la repartija de los espacios de poder disponibles para administrar el modelo y mejor servir al sistema empresarial dictatorial. La ciudadanía, para estos políticos del pasado, solo ha formado parte de un decorado útil a la hora de requerir algunos votos para simular una representación.
La participación ciudadana activa y efectiva es esencial para transformar los métodos de forma decisiva; ya el pueblo ha dejado de manifiesto que no está dispuesto a ser convocado sólo a emitir una opinión u opción electoral sino a tener voz y voto en las definiciones que tengan que ver con sus realidades, con sus necesidades, con sus comunidades, con los destinos del país y su pueblo.
El nuevo gobierno tiene la posibilidad inédita de fundar un nuevo estilo de trabajo político y de relaciones políticas. Pero para ello es imperioso que sepa deshacerse o prescindir del lastre, de las lacras provenientes de la vieja clase política, de personajes nefastos y coaliciones de conveniencia. Particularmente de aquellos de la coalición concertacionista caracterizados por el servilismo, el entreguismo y, por añadidura, la corrupción. Signados, además, como los principales responsables de la pervivencia de un sistema y perfeccionamiento de un modelo que ha instalado la injusticia, la segregación y la desigualdad como normas de vida.
No se puede comenzar un gobierno limpio con un entorno sucio, turbio, con personajes carentes de legitimidad, de autoridad moral, y marcados por la descomposición y la corrupción. Desprenderse del uso de métodos de “cocina” implica prescindir primero de los cocineros; deshacerse de los personajes “corcho” requiere no brindarles condiciones propicias para que sigan a flote. Eliminar los chanchullos y contubernios requiere prescindir de los lobistas y operadores tanto a nivel nacional como provincial o regional (que ya por estos días no sólo se esfuerzan por “diseñar” el gabinete del nuevo gobierno sino además de pautear las líneas de trabajo del gobernante; mismo método que reproducen para las reparticiones menores de la administración pública).
Un nuevo estilo de hacer política y ejercer gobierno implica un compromiso con los objetivos y propósitos que se planteó la ciudadanía desde el Estallido y, dentro de eso el compromiso con la labor de la Convención Constituyente y las definiciones de la Nueva Constitución. En particular, el mandatario electo tiene la posibilidad de promover, impulsar e inaugurar un nuevo régimen de gobierno prescindiendo del nefasto y asfixiante presidencialismo que tanto daño ha causado en la llamada transición, coartando la profundización de una verdadera democracia. Recordemos que el poder excesivo de decisiones y atribuciones que tiene la figura del presidente de la república es parte de la esencia dictatorial de la constitución del 80 y expresión de la obsesión del dictador de perpetuarse en el poder; excesos que ninguno de los gobiernos post dictadura se plantearon limitar o eliminar sino, por el contrario, se ocuparon de utilizarlos como herramientas de autoritarismo, favoritismos y abusos.
En la elección presidencial reciente no sólo fue derrotada la derecha conservadora, el empresariado y los poderes fácticos, sino también las lacras de la política nacional. Puede representar un antes y un después si los nuevos gobernantes no se dejan arrullar por las envolventes sirenas y sibaritas que los poderosos ya han echado a andar para tratar de neutralizar los cambios y transformaciones que el país reclama. El mandatario electo y su coalición no deben olvidar de donde vienen y cuál es la razón y la causa por la que están en donde hoy están; y por si se dejan adormecer por los arrullos de la vanagloria, el pueblo chileno y la ciudadanía siguen atentos y dispuestos a salir a defender su dignidad y sus derechos, hasta que el Estado entienda que el Chile cambió, que Chile despertó.
No es solo NO+AFP lo que demanda el pueblo chileno. Demanda no más políticos corruptos y apernados en las esferas del poder político; no más zonas de sacrificio; no más carencia de agua por la apropiación que hacen de ella la casta empresarial en función de sus negocios y sus lujos; no más políticos sirviendo de constructores de leyes a pedido del empresariado que les ordena y les financia; no más impunidad para los delincuentes de cuello y corbata; no más colusiones, no más abusos y atropellos. No más suciedad en las instituciones públicas. No más autoritarismo. No más despojo. No más desestimación del pueblo. No más impunidad como doctrina. Nunca más sin nosotros, como rezan las pancartas de las luchas callejeras. Téngase presente.
Resumen
