El Cataclismo del 27 de febrero del 2010 (27F) dejó ya en evidencia, lo que hoy todo sabemos, el Estado de Chile en su totalidad está podrido en la corrupción. Ninguna de las instituciones destinadas a prevenir a esta tragedia respondió, al contrario quedaron al desnudo en su inoperancia desde el primer minuto de la tragedia.
La situación es tan grotesca que gran parte de los muertos por el cataclismo se produjeron por los llamados de diversas instituciones y autoridades del Estado (civiles y militares) que descartaron la probabilidad de tsunami y les pidieron que volvieran a sus casas.
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Poco antes del medio día del domingo cuando todavía ingresaba una ola por Caleta el Morro, Remodelación Simons y calle Bilbao en Talcahuano, el diputado de la comuna y posterior intendente Jorge Ulloa (UDI) negaba la existencia del tsunami, negación que se mantuvo por todas los cargos públicos hasta cerca de las 20 horas. A ese nivel llegaba la desastrosa actuación de las autoridades y de los medios de comunicación que solo de dedican a replicar los comunicados oficiales y no a reportear.
La vergüenza y el ridículo de las instituciones como: Onemi, el Shoa y la Armada completa; la Fach los aviones que no despagaron, los teléfonos satelitales que no existían o no sabían usar; el desastre fue total.
Todo funcionó mal, el Hospital Regional de Concepción - el más antiguo y más grande de Chile- estaba seriamente dañado por el cataclismo y los pacientes de urgencia que ingresan incesantemente, eran atendidos en los estacionamientos, a la intemperie. Eso para quienes podían llegar hasta allí, por que las principales vías de comunicación, incluidos los puentes sobre el Río Biobío estaban seriamente dañados o abiertamente destruidos.
En este mismo sentido, la enorme cantidad de edificios destruidos o con graves daños estructurales representaba una de las principales amenazas y siendo que, paradójicamente, prácticamente la totalidad de estos recientemente construidos bajo la permisividad de la ocupación de terrenos no apropiados, entre ellos varios humedales o sitios de relleno, la corrupción generada por la estafa inmobiliaria en municipios y autoridades de la administración del Estado. La situación era tan grotesca que en los juicios posteriores desarrollados por las personas afectadas de los edificios, se encontraron que las carpetas de las obras de sus construcciones estaban desaparecidas o extraviadas, en Municipios como Concepción donde la gente trabajó como nos dimos cuenta por los pagos de “horas extras” desde el mismo 27F más de 24 horas por día.
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Como premio, la entonces alcaldesa de la ciudad de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, fue designada intendenta por el entrante gobierno de Piñera y a cargo de ella quedó lo que sería el “negocio de la reconstrucción”.
Desde el día uno los buitres llegaban hasta zonas devastadas como Dichato, a ofrecer dineros por los terrenos, buscando aprovechamiento de la desgracia. Fue el primer indicio que un gobierno de empresarios, donde las empresas inmobiliarias y la construcción, importantes financistas de las campañas políticas buscarían hacer negocio. Por otro lado, múltiples empresas comenzaron los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores, aprovechándose de las leyes que les permitían evadir pagos e indemnizaciones.
El gobierno mientras tanto criminalizaba a gente que buscaba sobrevivir en la confusión y ausencia de todo, mientras algunos campeaban con la especulación y los sobreprecios.
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Surgió ahí el rumor de las “hordas de saqueadores” una especie de nueva versión de Atila y sus Hunos, que medios como Radio Bio-Bio ayudaron a crear y propagar, sembrando el pánico y escenas de locura colectiva, vecinos contra vecinos, barrios contra barrios, hordas de aquí que atacarían a los de más allá y viceversa, nunca nadie imaginó que existieran tantas armas en propiedad de la población, nunca nadie imaginó que vecinos ejercieran tanta violencia contra sus propios vecinos. El objetivo era que la gente volviera a sus casas y de alguna forma detener el saqueo de los supermercados y centros comerciales, además de validar socialmente la salida de militares a las calles.
Alcaldes como Marcelo Rivera de Hualpén, lloraban por Radio Bio-Bio, denunciando a estas supuestas hordas de saqueadores. Investigaciones posteriores sobre los supuestos saqueos en la Municipalidad de Huelpén dejaron entrever una serie de irregularidades y pusieron en cuestión la veracidad de estos testimonios. Sin embargo en esta misma comuna un joven era asesinado por una patrulla de la armada, militares a los que Marcelo Rivera pidió en la calle, las cárceles comenzaron a llenarse de “saqueadores”, algunos como los jóvenes de Talcahuano detenidos y encarcelados en el Manzano por sacar Sal de una fabrica derrumbada. Recordemos que algunas zonas de Talcahuano estuvieron hasta 4 meses sin servicios básicos y la sal es un producto que puede servir para preservar algunos alimentos.
Sin olvidar, que funcionarios de la Armada asesinaron a un poblador en Hualpén durante el estado de excepción, situación que se repetiría 10 años después en el contexto del estallido social en la población Libertad de Talcahuano.
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La reconstrucción fue otro negocio para los gobiernos, el centralismo pesó como nunca en este terremoto. Si en 1939 Concepción tras el cataclismo salió reforzado con grandes obras viales y de urbanismo, con un proceso de industrialización, tras el terremoto del 2010 no pasó nada.
La ciudad lleva una década esperando que concluyan el “Puente Callampa” que reemplazaría al destruido “Puente Viejo” sobre el Río Biobío y deberán esperar otros años más para ver dicha obra definitivamente construida y enlazada con la ciudad.
A 10 años del 27F, más de 29 escuelas públicas se mantienen en las llamadas estructuras modulares, solo en la actual Región del Biobío, contendores de carga, fríos en invierno y calurosos en verano en los cuales deben estudiar los niños.
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Los damnificados debieron soportar en algunos casos hasta dos inviernos en carpas, para que lucraran con el negocio de las mediaguas, les entregaran una precarias cajas que se llovían todas, tras la quema que realizó una pobladora de Penco de su mediagua, que dejó en evidencia la pésima calidad de las mismas, el gobierno respondió con el denominado kit de invierno, el cual era nada menos que un nylon para que forraran sus casas. Ni hablar de los baños y todas las condiciones indignas que hicieron vivir a los pobladores durante tantos años.
Hasta el día de hoy hay damnificados sin solución habitacional, constructoras que han hecho porquerías de casas, que no cumplen con los estándar, en este negocio de la reconstrucción que llevó millones de dólares a arcas privadas, pero que no se tradujeron en beneficios reales a los verdaderos afectos.
Resumen.
27F
