Altos cargos del gobierno y la armada, al igual que empresarios de la construcción, responsables de las muertes ocurridas tras el terremoto y maremoto gozan de absoluta impunidad a un año de la tragedia.

Reconstrucción privatizada asigna fondos directos a grandes empresas, que han logrado avances solo en tareas de infraestructura vial productiva, dejando en el abandono a los damnificados.

La Estafa Inmobiliaria Avalada por el Gobierno

Cuando aún la región estaba entre el estupor y caos en las horas posteriores al terremoto del 27 de febrero de 2010, los propietarios de Socovil, la constructora e inmobiliaria del derrumbado edificio Alto Rio, creaban una nueva sociedad (Licura) donde vaciaban los fondos y propiedades para evitar pagos tras la catástrofe (1).

Juan Ignacio Ortigosa dueño de Socovil era un influyente miembro de la Cámara Chilena de la Construcción, la misma a la cual el Estado le entregó gratuitamente la administración de instituciones educacionales. La Cámara de la Construcción lejos de apartar a los empresarios vinculados a los edificios mal construidos, inició una defensa corporativa, dentro de esto se inscriben las declaraciones del dirigente nacional que hizo el parangón entre edificios colapsados con la torre Pizza, señalando que podían permanecer siglos en pie.

En esos mismos días Piñera designaba intendentes, la impunidad contra los responsables de la tragedia quedaba asegurada: Fernando Echeverria era nombrado en Santiago, su empresa (Echevarría Izquierdo) era responsable de varios edificios colapsados en Concepción y la región metropolitana. En Talca era designado intendente Rodrigo Galilea Vial, gerente de la inmobiliaria del mismo nombre, implicada en construcciones siniestradas. Y en Concepción Jaqueline Van Ryssenberghe (JVR) hasta entonces alcaldesa de Concepción, bajo cuya administración se construyeron la casi totalidad de edificios siniestrados. El concubinato entre municipios y empresas constructoras fue criminal en nuestra región, fueron las primeras las que permitieron la construcción sobre humedales o zonas de inundación, terrenos que por ningún motivo se debieran intervenir para el negocio inmobiliario.

En ese contexto era de esperar que el terremoto se convertiría en un nuevo negocio redondo, para los mismos actores de la tragedia: “la reconstrucción”, con asignaciones directas de fondos públicos, sin licitación ni concursos. La pérdida de carpetas del edificio Alto Río desde la oficina de obras municipales de Concepción o la designación de JCE, la empresa con mayor cantidad de edificios siniestrados, a cargo del negocio de demolición de los mismos edificios dañados se inscriben dentro de esta lógica siniestra.

Millonarias Horas extraordinarias en el municipio penquista

Otras denuncias con respecto al aprovechamiento económico que se estaba realizando producto del terremoto, fue contra los asesores de JVR en el municipio penquista. Ellos habrían recibido sumas millonarias solo por concepto de horas extraordinarias, incluso el mismo día 27 de febrero.

Este es el caso de María Cecilia Jaque, ex administradora municipal, que por palabra decretó el pago de las horas extraordinaria de febrero, recibiendo 14 millones 530 mil 831 pesos. Así como también los 10 millones 446 mil 221 para el Director de Planificación, Juan Garrido; 9 millones 153 mil 056 para el Director de Finanzas, entre otros.

La Alerta de Tsunami

Otra situación sumamente irregular fue la acontecida en la Armada. El sitio Ciper Chile denunciaría que gran parte del alto mando de la Armada estaba en Talcahuano en el momento de la tragedia, sin embargo, pasaría más de un día antes de que se reconociera la existencia de un maremoto, el ocultamiento de la información resultaba criminal, niños jugaban con armamento en la remodelación Simons en Talcahuano, mientras minas antisubmarinas se podían apreciar en las playas de la Bahía de Concepción. La armada reconociera parcialmente estos hechos hasta casi una semana después.

Dentro del ocultamiento de información, sobre los daños de submarinos y naves azotadas entre si y contra las instalaciones navales, se inscribe la evacuación que efectuó la Armada el día 3 de marzo de su personal y familias desde Talcahuano a Valparaíso en el Buque Aquiles, nueva muestra de discriminación hacia los civiles abandonados a su suerte en la comuna puerto.

El alto mando solo removió de su cargo al encargado del SHOA, institución en la cual se habían invertido cifras siderales para adquisición de tecnología de primer orden. El actuar de la Armada en su conjunto ameritaba la remoción de todo el alto mando y la persecución de responsabilidades criminales en la alta oficialidad.

Meses más tarde el almirante Macciavello sostendría una patética polémica con el ex intendente Toha respecto a la responsabilidad de quién había levantado la alerta de tsunami.

En la región muchos habitantes volvieron a la costa o no evacuaron al escuchar a las autoridades levantando la alerta de maremoto, aquella criminal responsabilidad ha sido eludida por políticos y marinos, sin que nadie haya pagado un costo significativo por ello. La muerte de cientos de personas permanece aún sin castigo.

Saqueo con Uniforme

Los rumores que circularon por diversas comunas del Gran Concepción, en torno a saqueos cometidos por funcionarios policiales y militares, muchos de ellos al amparo del toque de queda, cobrarían fuerza en aquellos días posteriores al terremoto.

Un caso concreto fue el del conscripto lajino Pedro Romero Cádiz, quien estuvo 6 meses preso por la justicia militar, libertad que solo recuperó tras pagar una fianza de 800 mil pesos, su delito denunciar a sus oficiales por saquear un supermercado en Concepción durante el estado de Sitio decretado en la región. Blanco predilecto de los saqueos fueron las estaciones de servicio, todo el mundo temió más de alguna tragedia ante el inminente peligro del estallido de los estanques de combustible cuando eran saqueados. Esto ocurrió solo en una ocasión en el territorio, el hecho se registró en Lota Alto, con un saldo importante de heridos y vehículos incendiados, tanto los heridos como los vehículos eran de la PDI.

Las denuncias de aprovechamiento de uniformados continuaron tras los saqueos, en semanas posteriores se habló de robo de ayuda humanitaria, incluidas las mediaguas. En Los Ángeles 1 de cada 5 mediaguas habría tenido un destino irregular, eran tanto los rumores y las denuncias que la fiscalía militar debió realizar una investigación en aquella ciudad.

Sobreprecio de las mediaguas

Otro escándalo relacionado a las mediaguas fue el sobreprecio pagado por el gobierno por las viviendas de emergencia. “A modo de ejemplo, se puede indicar que durante la última semana de abril correspondía pagar el valor neto de $480.000 por vivienda entregada, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Abastecimiento, debido a instrucciones recibidas del Comité de Emergencia de la Presidencia, se pagaron $505.000 por cada una" (2)

El Escándalo de la Ayuda de emergencia

Una fuerte polémica causó el hecho de que la ayuda internacional no llegara a las zonas afectadas, como el hospital ruso que fue dejado en Santiago o el cubano localizado en Rancagua o los rescatistas internacionales que nunca fueron trasladados hasta los sitios afectados por el maremoto.

En este contexto la repartición de la ayuda humanitaria, alimentos y viviendas de emergencia también constituyó otro hecho sobre el cual se levantaron una serie de escándalos. En este sentido JVR quien definió que solo repartiría la ayuda entre los que no habían saqueado, dando por hecho que los saqueadores eran los barrios populares, dicha medida fue seguida por alcaldes concertacionistas como Gastón Saavedra en Talcahuano quien fue duramente criticado por esto en el sector de los cerros de la comuna puerto.

Otro hecho que llamó la atención fue la compra que hizo la ex presidenta Bachelet a los supermercados que ya habían sido saqueados, dicho beneficio solo alcanzó a las grandes cadenas, las mismas que después cobrarían seguros por los daños, sin embargo, los pequeños supermercados en localidades como Arauco, Curanilahue o los Álamos, así como el pequeño y mediano comercio de Lota o Coronel arrasados por los saqueos jamás recibieron apoyo.

Piñera seguiría con la política de Bachelet días más tarde al favorecer a Sodimac, Easy y Construmarc con los millonarios fondos para la compra de materiales de reconstrucción (3). Una nueva muestra de apoyo y subsidio para los grandes grupos económicos.

Grandes cadenas de supermercados lucrando con la desgracia

La Contraloría General de la República realizó una visita al Centro de Logística del Regimiento Bellavista, encontrando en una dependencia destinada para el armado de cajas, una considerable cantidad de víveres no entregados a las familias damnificadas y que habían sido comprados por la ONEMI a CENCOSUD S.A. (Jumbo-Santa Isabel). A esto añadió el encargado que no se podían distribuir los víveres porque estaba en un proceso aclaratorio sobre su forma de ingresar al país: CENCOSUD ingresó alimentos desde Argentina como ayuda humanitaria, por lo tanto con franquicias aduaneras (sin pagar), y posteriormente vendió estos víveres a la ONEMI.

Si hubiese sido ayuda humanitaria debía haberse donado, pero se realizó una transacción comercial CENCOSUD-ONEMI. El saldo no utilizado correspondía a la elaboración de 44.337 cajas de alimentos.(4)

Despidos sin indemnizaciones

Otro aprovechamiento de la tragedia fue el que efectuaron muchos empresarios para despedir sin indemnizar ni pagar años de servicio acogiéndose al decreto de estado de catástrofe. El abuso continuó después por parte de las empresas. La reconstrucción se efectúa sobre los hombros de trabajadores mal remunerados y vulnerados en sus derechos. Trabajadores de Salfa denunciaron el año 2010 incluso la agresión física sobre delegados gremiales en Talcahuano. (5)

Interés por el borde costero

Vecinos de Dichato denuncian desde el primer día el interés de empresarios privados ligados al turismo por adquirir propiedades en la caleta aprovechando el estado de desgracia de las familias, a través de Radio Bío Bío, uno de los acusados era los dueños de Pingueral.

El interés por el borde costero de la Bahía de Coliumo y específicamente de Dichato ha persistido, así esta caleta es la única que se enfrenta hoy a erradicaciones en su borde costero, todos se preguntan por qué no se aplica la misma medida en Talcahuano y se impide a las empresas constructoras construir en humedales y sitios de inundación.

Sin duda, la existencia de familias pobres es algo que incomoda a los que intentan lucrar con el negocio turístico e inmobiliario.

Otro caso singular es el que se vive en otra caleta Vecina Cocholgüe. Lugar donde 117 familias damnificadas del campamento instalado en los Altos de Cocholgüe, denunciaron a Enrique Van Ryssenberghe, propietario del lugar, por impedir la construcción de un acceso al sector. Uno de los momentos más crueles, vividos a causa de esta situación, fue cuando les fue casi irrealizable el traslado de un niño enfermo al hospital Higueras de Talcahuano.

Ruta de la madera y Salfa

Piñera también se ha visto involucrado en las denuncias de aprovechamiento de la tragedia especialmente por el caso Salfa , el cual tratamos en específico en otro artículo, sino además por su condición de accionista de la Ruta de la Madera, cuestionada desde antes del terremoto y sobre la cual se ha generado un amplio consenso a nivel regional en torno a su nacionalización.

La empresa deja abandonado el camino, no efectúa mantenciones ni reparaciones oportunas frente a los continuos rodados y destrozos, cobrando además uno de los peajes más caros de Chile por una ruta que carece de estándares de seguridad adecuados.

Puente Mecano

El sobreprecio pagado por el puente mecano que se construye sobre el río Bío Bío, y que costó la salida al ex ministro de defensa Rabinet, es otra de las polémicas de la reconstrucción turbia. Existiendo una oferta más conveniente (Mabey tenía un costo de unos US$16 millones) el ejército y el ministerio de defensa optó por la más cara ( Acrow, tuvo un costo de US$22 millones).

Demolición JCE

Una denuncia recientemente hecha por Ciper chile, señala que la empresa que se adjudicó la primera etapa de demolición de edificios en Concepción es nada menos que JCE, la que concentra la mayor cantidad de edificios siniestrados en la zona: Centro Mayor, Portal del Centro y las cuatro torres del Condominio Plaza Mayor en Concepción, el proyecto de casas Valle Noble y; además del anillo 3 del Condominio Los Pioneros en San Pedro.

JCE S.A. recibirá $726 millones de parte del fisco cuando aún mantiene demandas de parte de los propietarios de las obras siniestradas.

Efectivamente se han asignado muchos recursos a la reconstrucción, sin embargo. estos llegaron en forma directa a los bolsillos de unos pocos empresarios, todo lo contrario a lo ocurrido en el terremoto de 1939 que dejó 20 mil muertos en Concepción donde el Estado se puso a la cabeza no solo de la reconstrucción de las ciudades y la solución a los problemas de vivienda a través de la creación de la Corvi, sino además a la generación de empleo a través de un plan de industrialización y la creación de la Corfo.

Hoy mientras algunos privados lucran con la tragedia, la gran mayoría de los damnificados no tienen una solución habitacional definitiva, viven en condiciones de hacinamiento, acarreando agua y haciendo colas para ir al baño, temiendo que dicha situación se extienda por otros años más y amenace con ser definitiva.

Pie de Página

1.-Abogado Renato Fuentealba “la inmobiliaria y constructora Socovil han constituido una nueva sociedad llamada Licura Limitada, donde se ha traspasado la suma total de 360 millones de pesos, de los cuales 180 millones fueron entregados en efectivo, y el saldo corresponde al avalúo del inmueble ubicado en calle Orompello 1470 en Concepción”

2.-Contraloría General de la República

3.- las cifra de este “Plan de Reconstrucción Manos a la Obra” alcanzaría a 8 mil millones de pesos.

4.- Informe final N° 150 de 2010, sobre examen de cuentas en la Oficina Nacional de Emergencia.