[resumen.cl] Durante la jornada de ayer miércoles, el Tribunal Oral de Temuco aceptó la solicitud de la Fiscalía de que 7 víctimas que prestan declaración contra los comuneros mapuche del Caso Iglesia, puedan hacerlo tras un biombo.
La medida de utilizar testigos sin rostro, método bajo el cual se ha encarcelado a comuneros mapuche y que ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norin y otros v/s Estado de Chile, no permite una adecuada defensa de los imputados.
Cabe recordar que en la sentencia de la CIDH, si bien no hace una condena absoluta a la utilización de este tipo de testigos, si lo cuestionó en el caso de la utilización contra dirigentes mapuche. “la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” afirma la sentencia de la CIDH en el caso en que el Estado de Chile fue condenado.
En declaraciones a Radio Bío Bío, la defensora de Pablo Trangol, Patricia Cuevas, señaló en este mismo sentido que “se invocan víctimas cuya identidad no sabemos. Eso es peligroso […] porque se restringe el derecho de la defensa de contrastar y contrainterrogar en conformidad a lo que se dispone en el Código Procesal Penal, particularmente en cuanto a hacerles preguntas a las víctimas que digan relación con su credibilidad. Si no sabemos quienes son, cómo conocen a los imputados o algún otro tipo de antecedente ¿cómo podemos cuestionar la credibilidad del testigo?. Y en este caso, además de no saber sus nombres, van a declarar tras un biombo...”
Alfredo Tralcal, Ariel, Pablo y Benito Trangol son los imputados en esta bullada causa, en donde se les responsabiliza de haber quemado una Iglesia Evangélica en Padre de las Casas, Región de la Araucanía. Han debido soportar, además de largas prisiones preventivas, una huelga de hambre para obligar al gobierno al retiro de la Ley Antiterrorista en este caso.
