Por Christopher Córtez
Un ex trabajador de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) denunció despido injustificado y práctica antisindical, llevando el caso a Tribunales y, pese a una cautelar que le permite regresar, el ente continúa buscando vías legales para no cumplir con la medida dictaminada por el Segundo Tribunal de Letras del Trabajo de Santiago.
El funcionario fue notificado de su despedido de la institución el 11 de agosto del presente año, bajo una sanción disciplinaria por motivo de un sumario, lo que se añade a una serie de desvinculaciones realizadas por el organismo público durante el último tiempo.
No es el único caso
El funcionario, en conversación con RESUMEN, asegura que “se comenzó a prescindir de varios puestos con el fundamento de necesidades de la empresa, luego de la reestructuración de la institución, a pesar de ser la única encargada de acreditar las carreras de pre y postgrado en Chile, tanto de Universidades, de Centros de Formación Técnica, de Institutos Profesionales, como de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros”, con la promulgación de la nueva Ley de Educación Superior, en mayo de 2018, lo que no se condice con la reducción de personal.
A raíz de esto, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación (AFUCNA), ejerció reclamaciones debido a que en único cambio sustantivo contemplado refería a la concursabilidad del cargo de Secretario Ejecutivo. No obstante, la CNA ha ido más allá, comenzando una restructuración al organismo que aún no tiene fin . Por ejemplo, el 16 de marzo, en pleno comienzo de la pandemia en Chile, se desvinculó a cinco personas: tres del Departamento de postgrado, incluyendo su jefatura; una del Departamento de control y gestión, y una del Departamento de Comunicaciones, el cual fue suprimido siendo sus funciones externalizadas. Cabe destacar que, de las 11 personas que han sido despedidas en los últimos años, 10 pertenecen a la AFUCNA.
CNA-Chile, aseguran dentro del organismo, ha perdido todas las instancias legales presentadas últimamente por despidos improcedentes. “Nosotros vemos de manera alarmante cómo, aparte de perder los juicios, han debido cancelar altas sumas de dinero entre indemnizaciones y multas”. De manera extraoficial, el monto superaría los cien millones de pesos.
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Tras el cese de sus labores, el funcionario desvinculado asegura que “Como nosotros somos una asociación de funcionarios, pero estamos adscritos al Código del Trabajo, en el momento de desvincularme, acudimos a los Tribunales Laborales y pusimos una demanda por despido injustificado y práctica antisindical”. El 23 de septiembre, el Segundo Tribunal de Letras del Trabajo de Santiago le dio la razón, acogió su reclamo y fijó fecha para Audiencia Preparatoria para el jueves 3 de diciembre, determinando también que debía ser reincorporado.
La Comisión Nacional de Acreditación, en vez de acoger lo que dictaminó el Tribunal, contrariamente solicitó su inhabilidad y, como este no le da la razón, recurrió a la Corte de Apelaciones y luego al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la medida. ¿Por qué? Según sus argumentos, va contra la carta magna que el Tribunal del Trabajo vea temas de asociaciones de funcionarios o sindicatos del sector público, omitiendo que todo trabajador adscrito al Código del Trabajo se rige completamente por su normativa y que la demanda había sido interpuesta por una persona natural y no una asociación.
“Nuestra defensa está basada en dos elementos”, confirma el afectado: “Primero, que el sumario que se hizo previo a mi despido, fue realizado de manera espuria, buscando cualquier persona que declarara en mi contra y, segundo, que al estar en el Código del Trabajo, es este el cuerpo legal que rige y hay un principio jurídico que expresa que, ante la interpretación de dos leyes respecto de una situación particular del trabajador, siempre se debe optar por aquella a que protege sus derechos”, sostiene.
Ante la consulta respecto a cuán largo puede llegar a ser el trámite judicial, confiesa que es complicada la situación, porque “ellos lo han dilatado más de la cuenta. Esto va a durar hasta aproximadamente enero o marzo, considerando que han involucrado al TC para que declare si yo estoy bien o mal desvinculado”.
Persecución política
Por lo anterior, el demandante acusa que las medidas adoptadas por el estamento, hace que el caso tenga “un carácter de persecución política y hostigamiento hacia ex funcionarios, porque hemos denunciado conflictos de interés en los mismos comisionados”.
“Esto es un escándalo, porque han estado obligados a llamar a concursos públicos para cubrir puestos, y han inventado cargos para mantener a gente dentro del mismo lugar y con prácticamente el mismo sueldo”, advierte con ímpetu, regresando al tema de las dudosas vacancias por reestructuración sin que se explique su trasfondo. Entre otros casos, CNA-Chile ha operado durante los últimos años con jefaturas en calidad de subrogancia. Estas vacancias han referido a los cargos de Jefes del Departamento de Análisis y Estudios, Jefatura del Departamento Jurídico, del Departamento de Acreditación de Pregrado, entre otras.
Lo que parece más alejado de la transparencia, es que la anterior jefa de servicio que en su momento presentó la renuncia al cargo para dar inicio al concurso público, hoy ostenta un cargo en CNA que fue incorporado a la estructura organizacional el mismo día que debía dejar su cargo, siendo la primera resolución firmada por el actual jefe de servicio. Hoy se encuentra a cargo de los nuevos criterios, proceso que públicamente ha sido criticado por su poca transparencia y mal proceder.
Finalmente, el funcionario cuenta que recientemente el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de Acreditación, con lo que el organismo tiene cada vez menos opciones de desconocer el fallo en favor del trabajador, quien espera que se terminen las trabas para materializar su retorno a las labores.
