Paul Walder / Punto Final

Tras la crisis de las hipotecas subprimes detonada en Estados Unidos hacia finales de la década pasada, el proceso de globalización y desregulación financiera entró en un interregno. Por un lado quedaban los efectos económicos del estallido monetario en los países del sur de Europa, la que no ha dado aún señales de orden ni recuperación, en tanto por otras latitudes se creaban, ante un imperialismo aletargado, nuevos bloques y se fortalecían otros actores en el contexto mundial.

Este trance financiero detuvo las principales políticas económicas y comerciales que habían caracterizado las dos décadas previas. El furor por la suscripción de acuerdos comerciales en bienes y servicios, que en Chile -elevados cual sendero al desarrollo por los gobiernos de la Concertación- se contaron por decenas, sufrió desde entonces un freno.

El proceso de globalización y suscripción de acuerdos en bienes y servicios ha sido la punta de lanza de las grandes corporaciones para ingresar sin mayores cortapisas en los mercados nacionales. Ya sea a través de acuerdos nacionales bilaterales o mediantes tratados multilaterales, este proceso iniciado hacia finales del siglo pasado junto con allanar los territorios nacionales para la libre disposición de las corporaciones y el fortalecimiento de sus procesos de acumulación, también abrió un espacio de riesgo al desmontar regulaciones y controles financieros. El efecto sobre los países no sólo ha sido el aumento de las contradicciones y niveles inéditos de desigualdad para la economía contemporánea, sino ha tenido consecuencias nefastas sobre los tejidos sociales y culturales.

En los tratados de libre comercio los únicos verdaderos beneficiados, a diferencia del discurso político que acompaña al poder del capital, han sido las grandes economías y sus corporaciones. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este proceso es el TLCAN entre EE.UU., Canadá y México, en vigencia desde 1994, con grandes perjuicios no sólo para la economía mexicana sino para su estructura productiva, social y modos de vida. Lo mismo ha sucedido con el TLC que Chile suscribió con EE.UU. en 2003. A más de diez años de vigencia de este acuerdo si bien ha cuadruplicado el comercio bilateral, éste ha favorecido a la economía estadounidense. Si las exportaciones chilenas a EE.UU. aumentaron en este periodo 157 por ciento, las exportaciones norteamericanas hacia Chile lo hicieron en 483 por ciento. Del mismo modo, Estados Unidos se consolidó durante este periodo como el principal inversionista extranjero en Chile.

Con el receso de la fiebre globalizadora tras la crisis subprime, durante los últimos años, y como arma para enfrentar el fortalecimiento de nuevos y grandes actores económicos como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el imperio ha puesto en marcha una política comercial que redobla las características desreguladoras y mercantiles de los citados tratados. Se trata de una nueva ofensiva mundial sobre sus zonas de influencias y socios comerciales tradicionales. Chile es un candidato fijo a ser atropellado en estas iniciativas.

LA OSCURIDAD Y EL SECRETO COMO NORMA

Hay dos grandes planes en marcha. Uno de ellos en sus inicios y otro, con las negociaciones en camino. Este último, el TPP (Acuerdo Transpacífico), fuertemente promovido por Estados Unidos, que incluye también a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile, tiene una particularidad que lo diferencia de los anteriores tratados: se negocia en secreto, cláusula que han aceptado los gobiernos.

Hacia finales del mes pasado la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recibió al director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, con el fin de ampliar las observaciones sobre el TPP. En la oportunidad, Ruiz dijo que hay aspectos muy importantes en este tratado que se encuentran en discusión, y que se llevan adelante de manera “secreta y opaca, a espaldas de la ciudadanía y del propio Congreso Nacional”.

El problema, señaló el representante de la ONG a los congresistas, es que tanto los costos como los beneficios de este acuerdo serían secretos y nadie tendría muy claro cuáles son. “El gobierno no ha sido capaz de responderme con claridad cuáles son aquellos avances sustantivos, los beneficios y los costos asociados con este acuerdo”, declaró, frase que expresa el carácter ultra reservado de estas negociaciones.

Este observador, que no tiene acceso a información sobre las negociaciones, advirtió que es importante que los diputados sepan un poco más de qué se trata el TPP, “un acuerdo comercial muchísimo más complejo que el resto de los TLC bilaterales, y que por tanto, podría afectar derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente en Internet, que es uno de los aspectos que a nosotros nos parecen más relevantes”.

En la misma ocasión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Jorge Sabag, afirmó que sin duda “hay derechos sobre la propiedad intelectual que están en juego, y en ese sentido es importante conocer el contenido del tratado que hoy no es público. Sabemos que hay una cláusula que expresa que durante la negociación no se pueden hacer públicos estos contenidos, lo cual ha creado mucha incertidumbre y especulación en los actores y en la sociedad civil”.

Pese a estas advertencias, y teniendo en cuenta el desconocimiento por parte de los diputados, es altamente improbable un futuro rechazo al tratado. En la ocasión todas las bancadas de la entonces Concertación y la derecha votaron en bloque por su aprobación. El único parlamentario que votó en contra y de manera testimonial fue Sergio Aguiló. Hoy, tal como entonces, el gobierno de EE.UU. ha conseguido nuevamente que el Congreso apruebe el fast track, mecanismo que abre una ventana temporal y busca acelerar su aprobación. Los gobiernos, podemos ver, apuestan sobre los hechos consumados y la ignorancia de la población.

Las negociaciones del TPP en Chile avanzan en absoluto secreto. El gobierno chileno a través de la Dirección Comercial (Direcom) ha cerrado 17 capítulos y sólo faltan doce por acordar. Esta es la única y escasa información que esa Dirección entregó a Esteban Silva, presidente de la Fundación Constituyente XXI. En conversación con PF , señaló que “el secretismo con que el gobierno de Chile negocia el actual TPP es absolutamente inaceptable. Las consecuencias económicas, sociales, institucionales y culturales para el país de cada uno de los temas que se negocian no sólo serán negativas en muchos aspectos, sino que amarran o subordinan a Chile a un determinado modelo de desarrollo, comprometiendo nuestra soberanía económica y haciendo extremadamente difícil cualquier rectificación o decisión diferente que quisiéramos tomar soberanamente en el futuro”.

El economista Patricio Guzmán afirma que el TPP será probablemente el más importante de los tratados que Chile haya firmado en cuanto a las consecuencias directas que tendrá sobre la vida de las personas y sobre “las posibilidades futuras de elegir otras vías de crecimiento y desarrollo”. Guzmán alerta en cuanto a que el TPP nos ataría al modelo neoliberal de cara al futuro. Tratados como el TPP tienen como objetivo ordenar las relaciones de producción mundiales y mantener la posición dominante de países, sus clases dominantes y sus grandes empresas corporativas. Pero tienen también otro objetivo. Están orientados a enfrentar la emergencia y el poder que han adquirido potencias como China, Rusia, Brasil o India.

WikiLeaks ha filtrado documentos del contenido de las negociaciones del TPP. En sus más de 26 capítulos, el acuerdo incorpora materias tradicionales como comercio de productos agrícolas o regulación laboral, sin embargo los aspectos más inquietantes se refieren a la libertad de acceso a Internet, propiedad intelectual y patentes farmacéuticas. Ampliará los plazos de patentes y pondría obstáculos a la comercialización de genéricos, lo que en consecuencia conducirá a un aumento en el precio de los medicamentos.

Ante el riesgo de conocer las condiciones del tratado una vez aprobado a puertas cerradas por un gobierno fuertemente influido por la ortodoxia del libre mercado y el discurso empresarial, Guzmán llama a exigir la transparencia en las negociaciones y rechazar cualquier contenido que sea nocivo para los habitantes de nuestros país. Un llamado que, hasta el momento, muy pocos han escuchado.

EL TISA, CANDADO PARA LA CONSOLIDACION NEOLIBERAL

El TPP no es el único acuerdo que se negocia en estos momentos. Hay otro tratado global aún más secreto y extremo, que apunta a convertirse en el perfecto candado para que los países suscriptores queden impedidos de cambiar normas y reglamentos que favorezcan a las grandes corporaciones del sector financiero: para que la hegemonía radique en las grandes compañías por sobre los Estados. En el TISA (Trade In Services Agreement), que Chile también negocia en privado, hay cláusulas para mantener el secreto hasta por cinco años después de firmado el acuerdo.

Este acuerdo de servicios, que suscribirán 51 países (entre ellos Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Turquía, Pakistán y Paraguay), todos aliados del imperio, ha sido conocido gracias a filtraciones canalizadas por WikiLeaks a inicios de julio. De acuerdo a los temas revelados, la desregulación financiera alcanzaría niveles de tal extensión y profundidad que pondría al mundo y a las personas en una extrema vulnerabilidad ante cualquier crisis. El secretario general de Podemos, de España, Pablo Iglesias, tras conocer esta información, dijo que el acuerdo secreto trata todos los servicios como mercancías comercializables y niega todas sus funciones sociales, culturales, medioambientales, laborales o de desarrollo. Iglesias estima que “la gente no es considerada como ciudadanos o miembros de sus comunidades, sino simplemente como consumidores”.

WikiLeaks ha revelado el texto esencial del TISA, que deja muy claro cuáles son sus objetivos y alcances. En el inciso 3 del artículo I-I, publicado por el diario español Público, uno de los medios asociados al portal de Julian Assange, se estipula que “en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada participante (país firmante del acuerdo) debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio”. Y agrega, con aún más claridad, “los Estados implicados tendrán que legislar, e imponer reglas y normativas ejecutivas -ya que es la única manera de obligar a los organismos, entidades y empresas no gubernamentales a cumplir tales disposiciones- en aplicación de unas cláusulas negociadas en secreto”.

Un acuerdo que podría interpretarse como el inicio de un gobierno mundial. Los proyectos para las leyes internas de los Estados miembros tendrán que ser presentados a las contrapartes antes de su aprobación para determinar su viabilidad ante las cláusulas firmadas. Un traje a la medida para las corporaciones y las grandes economías. Un nuevo mecanismo para moldear mercados y sus consumidores.

PAUL WALDER

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 832, 10 de julio, 2015