El modelo económico de nuestro país, orientado al mercado, ha introducido fuertemente los dispositivos y sistemas privados como medios para satisfacer las necesidades de la población, restándole financiamiento y prestigio al sistema público de salud que no obstante aun atiende al 80% de los chilenos. Los mecanismos para desmantelar el sistema público de salud han sido múltiples y complejos: disminuir las especialidades, externalizar y comprar servicios a clínicas privadas, lo más importante ha sido la concesión de hospitales y la implementación de las garantías explícitas de salud (GES), que consiste en un “Fondo Financiero” para atender una canasta de enfermedades aseguradas, pero al no existir inversión previa en el sistema público, esas prestaciones se vuelcan al sector privado. 

Desde estos puntos de fuga del presupuesto fiscal hacia los privados se habrán transferido 8.836 millones de dólares desde el año 2005 al 2014, recursos suficientes para haber construido unos 25 hospitales de alta complejidad o 50 hospitales de mediana complejidad para el sistema público. Matías Goyenechea, director de la fundación Creando Salud, expresa que “la crisis existente en el área de la salud es producida por las lógicas de la subsidiariedad y la focalización provenientes de la dictadura y mantenidas por los gobiernos de la Concertación y la derecha”(...) Efectivamente ningún cambio estructural se extrae del programa de la Nueva Mayoría. Ante este panorama los trabajadores de la salud sin distinciones rechazan el modelo actual y se han alineado en la defensa de la salud pública. 

Los trabajadores y la defensa de la salud Pública 

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) ha denunciado en reiteradas oportunidades que a la disminución de la capacidad hospitalaria a nivel nacional (la medida en número de camas disponibles ha disminuido un 12% en 10 años) al hospital Guillermo Grand Benavente se le suma el hacinamiento producto del atraso en la entrega de la torre del hospital que fue dañada por en el terremoto del año 2010, la cual albergaba servicios fundamentales: urgencias, hospitalización de pacientes críticos, servicio de esterilización y pabellones quirúrgicos, y que a la fecha permanece sin poder ser ocupada obligando a derivar a los usuarios al sistema privado. 

De acuerdo a Edgardo Jarpa, dirigente de la FENATS las políticas de salud han convertido el sistema público en servicios de transición: “los trabajadores acumulan frustración desde el punto de vista que no pueden resolver las necesidades de las personas por diversos motivos; rechazos, tratamientos no concluidos por falta de insumos, altas por falta de camas, los trabajadores antes nos dedicábamos a resolver y dar respuesta a los usuarios, ahora no siempre vemos resultados”. 

Los hospitales públicos fueron arrastrados a la crisis mediante el mecanismo de financiamiento al que se les ha sometido. El modelo de autogestión de hospitales no se puede implementar porque los presupuestos necesarios para cubrir las necesidades de la población siempre resultan cortados por los presupuestos generales determinados por la dirección de presupuestos, “los directores de hospitales deben responder a los requerimientos del MINSAL y de la población, pero la demanda supera la capacidad de los recursos del hospital…las prestaciones están subvaloradas y el hospital no cuenta con el presupuesto adecuado para cubrir ese déficit, así el hospital asume deudas con las empresas proveedoras que luego cortan los insumos con la consecuencia de que los servicios no funcionan adecuadamente…” explica Jarpa y agrega que esto afecta a los trabajadores en dos sentidos , primero porque el director del hospital hace recaer sobre los funcionarios la presión por el cumplimiento de metas, y segundo por los recortes de presupuesto que afectan año tras año a los trabajadores a contrata y honorarios. 

Por otra parte, ante la precariedad del servicio, los usuarios presionan a los funcionarios que deben contenerlos, produciéndose un clima constante de tensión y enfrentamiento. 

Similar situación viven los trabajadores de la salud primaria ante la carencia de personal médico e insumos “Se requieren más centros de atención, pero con los recursos necesarios, de esta forma evitaríamos que un significativo número de demandantes hicieran filas en la mañana, en forma innecesaria.” expresa Ana María Vidal perteneciente a la AFUSAM y trabajadora del CESFAM Paulina Avendaño de Talcahuano. Desde CONFUSAM han demandado al entrante gobierno que se logre mejorar sustantivamente el aporte fiscal a la salud logrando que dicha cifra llegue a lo menos a un 3% del PIB (2,05% al año 2013) y que se invierta efectivamente en los dispositivos públicos, con énfasis en la salud primaria cuyo objeto es evitar que las personas se enfermen mediante la prevención y promoción y así aliviar en parte el colapso de los hospitales. 

Estabilidad y condiciones de seguridad 

El Estado neoliberal administra un sistema que precariza cada vez más las condiciones laborales de los trabajadores. Edgardo Jarpa indica que existe un déficit de cerca del 30% de personal en todas las áreas, profesionales y no profesionales para atención en los hospitales, aumentando la carga en los funcionarios, entre los que consta un alto ausentismo laboral (alrededor de un 20%) con tendencia a las afecciones osteo-musculares, atribuidas principalmente a la sobrecarga de trabajo, el ambiente de estrés que se vive en los hospitales, sumado a situaciones como el trato cotidiano con la muerte y nacimiento en malas condiciones, los turnos extendidos, y turnos noche cuyo desgaste físico es superior al diurno. 

Un 15% de los trabajadores son inestables, a honorarios y por lo tanto carentes de seguridad y previsión social. Caso gráfico es el de los trabajadores del servicio psiquiátrico donde existe además una unidad de imputados enviados allí por orden judicial, denuncian que como paramédicos y auxiliares se han visto enfrentados a constantes motines por parte de estos pacientes, viendo en peligro sus vidas sin siquiera tener un contrato que los respalde en caso de accidente.

Ante la flexibilización laboral los trabajadores han debido luchar por que al menos se cumpla la ley 19.664 que establece un 80% del personal a plazo indefinido y un 20% a contrata y que mantengan las cuotas de funcionarios de planta, exigiendo que efectivamente se realicen concursos para ocupar dichos cargos, respetando además los grados de la escala en que se encuentre el funcionario. 

Los gremios han exigido con fuerza que se detenga el sistema de concesiones de hospitales que apunta a la privatización, y que significan millonarias tasas de sobreprecios que debe pagar el Estado a los privados. La evidencia internacional indica que esta modalidad compromete la calidad de la atención como también la seguridad laboral de los trabajadores que pasan a depender de grupos privados a cargo de los servicios internos como saneamiento y aseo, esterilización, alimentación, exámenes de rayos etc. 

La Nueva Mayoría ha programado construir 40 hospitales y dejar concesionados 20 más. Si bien el gobierno ha congelado los procesos y la cámara de diputados ha resuelto la creación de una comisión para estudiar este sistema, los trabajadores exigen claridad sobre  la modalidad  o mecanismo  que determinarán el funcionamiento en esos hospitales y las condiciones de seguridad laboral en que serán contratados los trabajadores.

Mesas por la salud, una alternativa al problema político 

El sistema de salud requiere un cambio estructural, que acabe con la lógica del subsidio y el lucro, garantice el derecho a la salud mediante una forma de financiamiento directo y constante de la salud pública que cubra eficientemente necesidades reales de la población, respetando la dignidad de sus trabajadores. 

Todas las demandas políticas que los trabajadores se han propuesto, las han decidido impulsar desde el movimiento social. Los trabajadores han dado un primer paso al abrir espacios de participación autónomos donde los gremios convergen pese a sus diferencias, la municipalización o no de la salud primaria por ejemplo. En Talcahuano, la Mesa por la Salud, de la que participa Ana María como funcionaria de un Cesfam, está organizando un pre-congreso para el viernes 23 de Mayo que precederá a un congreso regional por la salud. Al participar de las Mesas por la Salud “Los trabajadores estamos convocando a los usuarios a abrir la discusión de lo que necesitamos realmente como población” expresa Jarpa desde la FENATS y anuncia la presentación de una propuesta que será aplicable enmarcada en el fortalecimiento salud pública.