Trabajadores del destruido Puerto de Talcahuano: “El Estado no se puede desentender”
Mientras los trabajadores del Puerto de Lirquén daban sus últimos días de lucha, los portuarios se reunieron en un congreso nacional, desarrollado en Talcahuano. Entre los días 9 y 10 de junio, representantes de Iquique, Chañaral, Huasco, Valparaíso, San Vicente, Talcahuano, Coronel, Lirquén, Muelle de Huachipato y Schwager, tomaron una serie de acuerdos, entre ellos seguir apoyando la movilización en Lirquén y apoyar a los trabajadores del destruido puerto fiscal de Talcahuano.
Días después, los portuarios de Lirquén conseguían la recuperación de los puestos de trabajo anulados por la empresa, un aumento de sueldo e impedir que ésta marginara del trabajo a quienes habían sido detenidos por carabineros, cuando rechazaban el ingreso de rompehuelgas al puerto.
Con respecto a los trabajadores del destruido puerto de Talcahuano, se fijó un plazo hasta el 4 de julio para que el Gobierno diera respuesta a una situación que viene eludiendo hace años.
El puerto de Talcahuano, comenzó a construirse en la década de 1920 y desde ahí constituyó un lugar de arribo y embarque de una gran cantidad de productos. Su deterioro estuvo relacionado con el inicio de la privatización del negocio portuario, donde los gobiernos de la Concertación planteaban que no podían invertir en el puerto, pues el Estado podía ser acusado de mantener una competencia desleal, frente a los privados, “con menores recursos”.
En 1996 entra en operaciones el Puerto de Coronel, de propiedad del grupo económico Angellini.
El año 2000 fue privatizado el puerto de San Vicente (o entregado en una concesión que se renueva periodo a periodo), ahora llamado SVTI, de propiedad del grupo Claro (en un 50%).
Desde los años 90, el puerto de Lirquén, de propiedad del grupo Matte en un 70% y de Angellini en un 24%, realiza remodelaciones que lo han dejado como uno de los puertos con mayor movimiento de carga de la Región.
Por su parte, el puerto de Talcahuano continuó siendo fiscal. Los gobiernos de la Concertación intentaron privatizarlo de la manera más común, dejando al puerto deteriorarse y perdiendo capacidad competitiva, justificando que se concesionará a privados, por la desastroza administración estatal de éste.
Pero nunca hubo oferentes que compraran el puerto y así pasó el 2008, cuando concentró sólo el 1,12% del movimiento de carga en la Región, lo que repercutía en la precaria situación económica de sus trabajadores.
Después del 27 de febrero de 2010, el puerto quedó inutilizable. Si antes los trabajadores estaban “prácticamente” cesantes, desde esa fecha lo están totalmente. Y desde esa fecha, los portuarios reclaman por indemnizaciones y un plan de reconversión laboral.
“El Estado no se puede desentender de nuestra situación. Somos ex trabajadores de un puerto estatal y merecemos que esto lo reconozcan”, dice a Resumen Eric Yévenes, presidente del Sindicato de Trabajadores. Hasta el momento, “el Gobierno se ha reído de los portuarios”, pues tiene compromisos no cumplidos.
Este mes de julio será definitorio, pues está en acción la solidaridad de los portuarios del Bío Bío y de Chile, que recientemente ha cosechado importantes triunfos en Lirquén e Iquique.
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