[resumen.cl] Trabajadores de diversos gremios se congregaron en la plaza España de Concepción para marchar por el centro penquista en protesta por el rumbo tomado por la Reforma Laboral, la cual ha acabado por dejar a la clase trabajadora inerme ante los abusos empresariales. La convocatoria nacional de la CUT, aunque no sujeta a un plan de lucha que garantice la consecución de exigencia alguna, fue un espacio tomado por diversos sectores para manifestar su rechazo a la nueva política laboral y volver a plantear su rechazo al sistema de AFP.

En esta nueva ley se busca la criminalización de las acciones sindicales, estableciendo normas punitivas para su control, y también la incorporación del concepto de “servicios mínimos” que no es otra cosa que el conjunto de labores que ésta ley protegerá, permitiendo no interrumpir significativamente el flujo de utilidades de las empresas durante una huelga. De este modo, la Reforma Laboral, en realidad se muestra servil a los intereses patronales.

En una declaración, fechada el 24 de marzo, firmada por diversas organizaciones sindicales, se hace un balance considerando que "la calificación “pacífica” de la huelga, su inutilidad por la vía de los servicios mínimos y el reemplazo interno, la complejización del proceso de negociación colectiva, la votación cada cinco días de la oferta del empleador durante la huelga, la instauración de pactos de adaptabilidad, la restricción en la formación de sindicatos vía aumento de quórum de constitución, la reducción en la elección de delegados en sindicatos interempresa, la inexistencia de pisos de negociación y la voluntariedad de la negociación interempresa", son motivos para rechazar absolutamente este instrumento legal.

Por otra parte, el economista Gonzalo Durán de la Fundación Sol, ha planteado que el proyecto “restringe las posibilidades de un vasto grupo de trabajadores de participar siquiera de la negociación colectiva”, concretamente del “61,4% del total de trabajadores asalariados del sector privado”. Durán arribó a esta conclusión luego de revisar la situación en la que quedan, con las normas de esta Reforma: los trabajadores de las micro y pequeñas empresas – MIPEs (empresas de hasta 49 trabajadores); los trabajadores con contrato por obra o faena o limitado a la temporada; los trabajadores en régimen de subcontratación y suministro.

En el texto explicó que: “el proyecto evacuado por el Senado establece que en las MIPEs, sólo podrán formarse sindicatos (y consecuencialmente negociar colectivamente) en aquellos casos cuyos quórums de constitución sean de a lo menos 8 personas que representen al 50% de los trabajadores de la empresa. En la práctica, la limitación de representar a la mitad de los trabajadores significa, prácticamente, cerrar la posibilidad de que en dichos centros de trabajo exista representación sindical… Los trabajadores que laboran en las MIPEs hoy representan el 34,2% de los asalariados privados y suman 1.410.192 personas”.

En cuanto a los contratados temporalmente y por obra o faena, consignó que se ha incorporado la exigencia de que “las empresas sólo estarán obligadas a negociar en el caso de que la obra o faena transitoria tenga una duración superior a doce meses”. No obstante, “hoy, más del 80% de los contratos definidos, tienen una antigüedad inferior a 12 meses. Además, atendiendo a la enorme capacidad que tiene este sector para crear nuevas empresas contratistas, cabe la duda legítima en relación a la facilidad que existe por parte del empleador de saltarse la obligación: bastaría generar obras o faenas cuya duración sea inferior a 12 meses (y si se requiere más tiempo, cortar en etapas, con el consecuente nacimiento de nuevas obras o faenas). Finalmente, y no menos importante en este punto, aún cuando existan trabajadores que logren acceder a la negociación colectiva, en ese caso, será una de segunda categoría, sin derecho a la huelga y sin fueros. En relación a este grupo (y excluyendo a los trabajadores ya contabilizados en el punto 1), hablamos de 566.762 personas”.

Respecto a los trabajadores subcontratados “lo aprobado hasta ahora permite a la empresa mandante poner término al contrato y/o reemplazar a la contratista en caso de una huelga. En consecuencia, la amenaza de la pérdida del contrato comercial y probablemente de la fuente laboral asoma como un repelente directo frente a la actividad sindical. Se encuentran en esta calidad, los trabajadores no MIPEs y que caen fuera de la situación 2, totalizando 319.840 personas”.

La movilización se dio justo el día en que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) emitió un nuevo boletín sobre la situación laboral nacional, relevando, entre otras antecedentes, el aumento los trabajadores cuentapropista, en un 5,3 en el periodo de 12 meses. Junto con ello, anunció que la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril de 2016, en la región del Bío Bío, fue de un 7,3%. En el informe, también se consignó que un 53,6% de ocupados tiene un empleo a tiempo parcial sin que ello sea su voluntad.

Foto: PS REC