Ayer 29 de mayo, los rumores sobre la situación financiera de la constructora a cargo de las obras en el Puente Bicentenario se hicieron realidad: la transnacional pidió el término anticipado del contrato.

La situación obliga al MOP a relicitar las obras no terminadas por la empresa, que llegan tan solo al 42% de avance debiendo ser entregadas originariamente en septiembre de este año. Con la situación la obra podría estar terminada recién el año 2017. La empresa términaría entre junio y julio el Puente Poniente, tras lo cual dejaría la obra.

Cabe mencionar que fue la empresa la que tuvo la iniciativa de marginarse y no fue el MOP el que terminó el contrato. La empresa no había sido multada pues los retrasos habían sido permitidos a través de prórrogas de mutuo acuerdo. Es decir, la entidad fiscalizadora fue sumamente permisiva con la empresa, la misma que estuvo a cargo de la fracasada remodelación del Estadio Ester Roa.

El actuar irregular de esta empresa parece llamativo en nuestro país. Lo cierto es que a nivel internacional, las empresas constructoras españolas tienen una muy mala reputación, pues la mayor parte de ellas están vinculadas, como en el caso de COPASA, al financiamiento ilegal del oficialista Partido Popular Español (derechista) a cambio de adjudicaciones de infraestructura de obras públicas. COPASA aparece mencionada en el Caso Bárcenas -ex tesorero del PP al que le fue descubierta una libreta con cuentas que dio paso a una investigación sobre una red de corrupción que ha causado conmoción en el Estado Español- y además encabeza el conglomerado que tiene hace 18 meses paralizada la construcción de la Autovía Costa Da Morte en La Coruña, pues no cuenta con financiamiento. Otro de sus paradigmáticos fracasos es el Tren de Alta velocidad a la Meca (AVE)  que lleva ya más de un año de retraso.

La cuestionada empresa también es una de las postulantes para construir el Teatro Regional del Bío Bío.

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