[resumen.cl] Este lunes fue anulada la formalización del ex presidente de RN Claudio Eguiluz. La jueza Ema Tapia consideró que la fiscalía no podía formalizar al político local pues el Servicio de Impuestos Internos no presentó la denuncia correspondiente.
Fue desestimada la formalización contra el ex vicepresidente de RN y actual CORE por Concepción, Florida y Chiguayante Claudio Eguiluz por delitos tributarios, pues la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Ema Tapia, consideró que no se podía realizar debido a que el Servicio de Impuestos Internos no presentó una denuncia que habilitara a la fiscalía para el procedimiento.
Eguiluz ha sido públicamente cuestionado por haber emitido boletas de honorarios a SQM, entre 2011 y 2014, por un monto total de $112 millones de pesos. La minera no metálica ha sido sindicada como una de las principales financistas de la clase política chilena y cuyo fin sería conseguir a través de dicho financiamiento mejores condiciones para sus negocios. Los últimos meses han sido revelados antecedentes que señalan existen posibilidades de que dicha empresa haya buscado a través del ex Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo influir en el ejecutivo para mantener su cuestionado negocio en el Salar de Atacama.
Eguiluz ha señalado a la prensa que se ha intentado enlodar su nombre y responsabilizó al MAS de estar detrás de la operación. Pero en esta conjetura no se revela que la formalización no fue cuestionada por no contar con los antecedentes para hacerlo, sino porque el SII omitió un procedimiento.
El SII está siendo cuestionado a través de los medios de comunicación, pues el caso se ha interpretado como una materialización del cambio de política en el caso de delitos tributarios. Una política cercana a la impunidad.
El Mostrador bautizó la renuncia ha presentar la denuncia como parte de la “doctrina Escobar”, en referencia al abogado y ex director del SII del primer gobierno de Michelle Bachelet quien hace meses ha proferido opiniones en torno a que los casos de financiamiento irregular a la política no constituirían delitos tributarios. Esta última tesis se ha visto reforzada con el cambio en la forma de abordar las irregularidades impuesta por Michel Jorrat cuando señaló a las empresas cuestionadas por financiamiento irregular de políticos, debían acercarse en marzo a rectificar aquellos pagos que consideraran fuera de la norma. Entre las empresas que acudieron a rectificar se encontrarían Aguas Andinas, Caburga, Copec, Celulosa Arauco y Alsacia.
La señal en este caso es evidente, pues por el actuar del SII es que la jueza impidió la formalización de Eguiluz pedida por la fiscalía.
