Un año de la Estrategia Nacional del Litio: Sin empresa nacional, salares abiertos para explotar y una burla a la participación de comunidades
En Opinión
Fotografía: ENL[/caption]
Todo este embrollo, del cual el gobierno y el empresariado solo se dan aplausos y golpes en la espalda, ha estado cruzado de una ausencia total de participación activa y vinculante de parte de organizaciones sociales y comunidades locales, una inexistencia total de proceso alguno de consulta indígena y una falta generalizada de transparencia en el acceso a la información.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA, hemos monitoreado durante todo un año la implementación de esta Estrategia, recibiendo constantemente respuestas de parte de organismos como el Ministerio de Minería donde dicen no tener documentación o niegan acceso a informes y registros de actividades en relación a la ENL. Un caso concreto: recientemente, solicitamos a la Subsecretaría de Minería "los informes que den cuenta de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio elaborados a marzo de 2024" a Minería ¿Adivina qué nos respondieron desde la cartera encabezada por Williams? Efectivamente: "no existen en poder de esta Subsecretaría informes como los solicitados", derivando la solicitud a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) -dependiente del Ministerio de Economía-, apelando a que este organismo dirige el Comité de Litio y Salares; esto, pese a que incluso el Ministerio de Minería protagonizó la licitación y posterior contrato con Cliodinámica Asesorías, Consultorias e Ingeniería SpA, la empresa a cargo de la asistencia técnica para el desarrollo del proceso de diálogos que duró apenas tres meses, y cuyas actas son aún desconocidas para el público en general.
Así las cosas, a un año de su implementación, pareciera ser que la Estrategia Nacional del Litio pretende ser otra de las expresiones de renuncia a las transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que urgen en Chile. El verdadero costo del litio ha sido, hasta hoy, la explotación de ecosistemas, vulneración de derechos para la población y ganancias netas para el bolsillo público-privado. Todo esto, ahora bajo la ilusión de una mayor participación del Estado, el discurso de la transición energética y una electromovilidad al alcance de un puñado de ricachones, está profundizando las grietas que ha dejado por décadas el extractivismo en Chile. 