Un vistazo a los contenidos de la prensa tradicional nos lleva a una primera observación. El sistema de medios nacional está estructurado bajo las mismas lógicas neoliberales, del mismo modo que en la producción de bienes y servicios. Concentración de las audiencias, de los mercados y concentración de los contenidos. Existe un virtual monopolio ideológico.
Paul Walder / EL CLARÍN¿Cómo se llegó a esto?
Por políticas comunicacionales consensuadas por toda la transición que se extienden hasta el día de hoy. La enorme concentración del sistema de medios está reforzada por el Estado chileno a través de los avisos que ministerios y servicios públicos publican en ellos. Unos 50 millones de dólares anuales se canalizan desde el Estado hacia los medios de comunicación.
El origen de la concentración del mercado y el monopolio ideológico se remonta a la dictadura y se consolida durante la transición. La dictadura eliminó la competencia de los grandes medios que apoyaron e impulsaron el golpe de estado y les prestó millones de dólares para la renovación de los equipos, condiciones que, aun cuando habría que hacer alguna concesión a métodos y tácticas, se han mantenido durante la democracia.
La Concertación y los dos gobiernos de Sebastián Piñera no sólo han hecho lo suyo por conservar el monopolio como institución cristalizada, sino que también han canalizado recursos como una política pública habitual a los medios tradicionales. Una alimentación permanente que ha creado un complejo mediático de características monstruosas. El consorcio del grupo Edwards, el mismo que incidió de forma directa en el golpe de Estado de 1973 y después apoyó y se benefició durante la dictadura cívico militar, se mantiene hasta el día de hoy como piedra angular del complejo de medios. En torno a él ha girado desde entonces el sistema político y las elites en el poder. Las grandes narrativas políticas se han escrito desde las páginas de esos conglomerados con el deleite y el aplauso de toda la clase política.
Por una parte tenemos todo eso. Pero más oscuros fueron durante la primera década de la transición los impulsos que han movilizado o inmovilizado, según sea el caso, a figuras de la Concertación para dejar morir o aplastar, también según la circunstancia, a la poca prensa independiente y a sus proyectos. Un proceso mezquino y muy desagradecido con quienes lucharon contra la dictadura, que hoy está documentado. Testimonios diversos, registros y otros relatos han comenzado a perfilar el destino de los medios más pequeños durante la Concertación. Como ha escrito en diversas columnas el sociólogo Felipe Portales, la política de la Concertación hacia la prensa de izquierda y centroizquierda estuvo caracterizada por “compras de medios efectuadas con el evidente propósito de destruirlos; bloqueos de ingentes recursos financieros externos destinados a consolidarlos, amenazándose incluso a los gobiernos extranjeros dispuestos a concederlos; maniobras efectuadas con el fin de frustrar la instalación de empresas periodísticas extranjeras que afecten el duopolio; discriminación sistemática del avisaje estatal en perjuicio de aquellos medios; y la resistencia a devolver bienes de periódicos confiscados por la dictadura”.
El estado de las cosas al 2022
A poco más de un mes de la instalación del gobierno de Gabriel Boric, el complejo mediático ha dado señales sobre sus posibles alcances para frenar la agenda del gobierno. Los dos conglomerados han logrado imponer con facilidad su propia agenda contra la Convención Constitucional y contra el mismo gobierno. La definición política del sistema mediático es muy clara y no ha cambiado nada en los últimos 50 años. En tanto, el gobierno de Gabriel Boric, como si padeciera de un síndrome de Estocolmo, sigue entregando enormes recursos del Estado sin mucha regulación a sus victimarios.
Una investigación realizada por el Observatorio Fiscal sobre el gasto en publicidad del Estado confirma la canalización de estos recursos en muy pocos medios. El Mercurio y sus medios regionales concentran el 22 por ciento de los avisos por venta directa de una torta fiscal de más de 45 mil millones de pesos (o unos 50 millones de dólares). Más abajo y entre los diez primeros favorecidos están las grandes agencias de publicidad, que también focalizan sus inversiones en los dos grandes consorcios, el grupo Copesa y la Asociación de Radiodifusores de Chile.
El informe hace notar la fuerte concentración en la distribución de los recursos y constata que la contratación de publicidad vía agencias presenta limitaciones relevantes en el ámbito de la transparencia dado que no permite identificar el destino final de los recursos hacia los medios. Esta opacidad del gasto en campañas publicitarias hace imposible estimar los niveles de concentración reales que existen en el mercado público de avisaje y publicidad.
En esta zona opaca el Observatorio advierte sobre el riesgo de sobre precios. Este riesgo de arbitrariedad en la elección del proveedor es sensible, “pero especialmente riesgoso en el rubro de los medios de comunicación, dado que un periodismo independiente y libre es condición sine qua non para la robustez de las democracias”.
Por ley, es el Congreso la instancia que debe velar por la transparencia. Pero el cumplimiento de los reportes enviados al Congreso es laxo por parte de los ministerios. “ En base a una revisión de los datos proporcionados al parlamento durante el 2017, se pudo constatar que no se cumplen todas las exigencias que establecen las glosas acerca del gasto en publicidad: solo un 57% de los ministerios obligados a reportar esta información al Congreso cumplieron con la entrega de todos los informes”. Y tampoco se sabe si los servicios públicos contrastan lo contratado en publicidad -como avisajes en medios, radios y televisión- con lo que efectivamente se publica.
Una mala distribución de la publicidad, advierte el Observatorio, atenta contra la libre expresión en una democracia: Por su importancia para la robustez o fragilidad de los sistemas democráticos, el sistema interamericano abordó el caso de la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, identificando esta práctica como un importante mecanismo de censura indirecta. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2010), ”la distribución arbitraria de publicidad oficial, como otros mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión.”
La falta de transparencia sobre la distribución de los recursos fiscales nos lleva a la alta posibilidad de una distribución arbitraria, tanto por favores económicos o políticos. Una práctica que lesiona la democracia, que excluye las voces disidentes del complejo mediático, y refuerza las agendas de las elites y los poderes establecidos.
La Concertación le entregó el sistema comunicacional a los medios hegemónicos y se adaptó con deleite a su agenda neoliberal. Hoy es el momento de una nueva política de medios y una distribución más justa de los recursos fiscales. De lo contrario no habrá ni cambios, acaso reformas.
