Uno de los asuntos que surgió con mayor claridad y urgencia en el escenario de la lucha estudiantil fue la necesidad de acometer una reforma tributaria que permitiera dar respaldo real a las demandas de una educación pública, gratuita y de calidad. Sin una verdadera reforma tributaria es imposible hablar de una reforma al sistema educacional; del mismo modo que es imposible dar solución al conjunto de problemas que arrastra el Estado y el modelo económico sin ninguna capacidad de resolución y, lo que es peor, sin ninguna intencionalidad política de darles solución. Educación, salud pública, viviendas dignas, previsión, jubilación, depredación de recursos naturales, reconstrucción post terremoto, centralismo excesivo, son algunas de las cuestiones que aparecen como insoslayables abordar y resolver si se pretende avanzar de verdad en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y en tener un país más vivible y democrático.

Pero, como siempre, los gobernantes y la clase política no prestan atención a estas necesidades de la población y la sociedad. Los políticos concentran su atención en coludirse para cerrar filas en torno a este modelito que a ellos les resulta muy provechoso. Por un lado, está la colusión que establecen entre sí la alianza gobernante y la alianza concertacionista (para hacer el jueguito de gobierno y oposición, o viceversa); y por otro lado, existe la colusión que esa clase política dominante establece con el gran empresariado que actúa como amo y señor de este país, imponiendo sus normas, sus reglas y sus leyes. Leyes que esa misma clase política puesta a su servicio no hace más que otorgárselas, sea para favorecerlos abiertamente, sea para protegerlos solapadamente.

Una muestra clara en esta materia es lo que se nos está vendiendo en estos días como la gran reforma tributaria anunciada por el Presidente Piñera. La propuesta gubernamental aun no se conoce en su totalidad pero si se conoce ya el show comunicacional que se está montando para proyectar la idea de que se trata de una gran reforma, que provoca profundos trastornos en la clase empresarial, que provoca profundas diferencias en la clase política y, lo más importante, que se hace para financiar la educación. (¡¿?!) Todo esto es una completa farsa. Una reforma que solo se propone recaudar 700 millones de dólares es un chiste, pero un mal chiste. Una reforma que solo aspira a recaudar una cifra que representa un 1,2% del presupuesto nacional es un “cuento del tío”. Una reforma que no se proponga elevar el tributo que pagan las grandes empresas es una burla, pero una burla infame.

El cuento corre por cuenta del gobierno y un empresariado farsante que aparecen salvaguardándose con cara de consternados y argumentos falaces; el show corre por cuenta de la clase política, a la que se suman gustosos los “lobistas” y “expertos” dispuestos siempre a jugársela por los poderosos. La reforma del presidente Piñera es un chiste; pero resulta grotesco el espectáculo que brindan los políticos de derecha, particularmente de la UDI, dando a entender que se le está causando una gran herida a la economía nacional, al país, y hasta al tercer anillo de Saturno. Y resulta agobiante el espectáculo de los concertacionistas rasgando vestiduras por una reforma más profunda, cuando ellos bien saben que terminarán sumándose a la decisión gubernamental, porque esas son las reglas del juego en la rentable colusión de la clase política. Una farsa de cuarto enjuague que sin duda coronarán aprobando sin dejar de recurrir a una serie de frases para el bronce con que los políticos adornan sus negocios (“por el bien del país”, “luego de un profundo análisis”, “con gran sacrificio del empresariado”, etc.) y financian sus campañas electorales.

La reforma tributaria que Chile necesita, requiere que el impuesto a las empresas esté en torno al 30% y no al 18% como en el papel ocurre, haciendo la salvedad que solo en el papel. Esta reforma de Piñera, con suerte, lo dejará en el mismo 20% que pagaban hasta enero de este año, dado que luego del terremoto se subió temporalmente el impuesto a las empresas por dos años. El país requiere, por lo menos, que las empresas extranjeras paguen impuestos y no se lleven todas nuestras riquezas sin siquiera pagar un peso, gracias a leyes truchas que esos mismos políticos compungidos se han encargado de creárselas. Requiere, por simple justicia, que se ponga término a la elusión y evasión tributaria en la que el empresariado de este país, y el del extranjero que trabaja en nuestro país, son especialistas. Pero nada de esto se trata en serio en el proyecto de reforma de Piñera.  No existe tal profundidad ni se reformará nada. A lo más se trata, como bien lo señala el propio Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de un “perfeccionamiento tributario”, es decir, un ajuste para seguir haciendo lo mismo de siempre pero tratar de que no se note tanto. O al menos proyectar esa idea.

En definitiva una reforma que no es más que una farsa, un show más, y lo importante es que la ciudadanía esté  alerta, no caiga en la trampa de creer lo que no existe y de ver lo que no hay.